El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) ve con preocupación las versiones que vinculan a una sucursal de cobranzas propiedad de la esposa del director de la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, con un esquema de lavado de activos. Desde el sindicato consideran que los hechos revisten “una enorme gravedad institucional” y generan “un escenario absolutamente adverso para los intereses del sistema portuario y logístico nacional”. Así consta en un boletín al que accedió la diaria.
Según informó la diaria a inicios de esta semana, la Policía investiga el posible uso del local, por parte de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y tráfico interno de municiones como resultado de la operación Trazador, en el que incautaron 260 kilos de droga, vehículos, armas y dinero de una casa de Brazo Oriental. Fue a partir de la pericia de los celulares incautados en el operativo que surgió el vínculo entre el condenado y la sucursal.
Gandini, por su parte, niega rotundamente que él y su esposa fueran parte de un esquema montado por Leiva y afirma haberse enterado de las averiguaciones policiales por la prensa. En consecuencia, el nacionalista solicitó a la Fiscalía el acceso a la carpeta investigativa de la operación: “Estoy convencido de que me asiste el derecho de conocer esa carpeta para defender mi honor y el de mi familia”, explicitó en el pedido.
Sin perjuicio de ello, y más allá de la defensa de Gandini, desde el Supra entienden que la situación no es menor ni tampoco puede ser “relativizada políticamente”. Para el sindicato, el hecho de que “un integrante del directorio del organismo responsable de administrar y conducir parte estratégica de la actividad portuaria del país aparezca públicamente relacionado con una investigación de esta naturaleza genera preocupación” y es motivo de “interrogantes”, así como “una legítima demanda de explicaciones”.
“En un sector tan sensible como el portuario, donde la transparencia, la seguridad y la integridad institucional son condiciones imprescindibles, cualquier situación de esta magnitud afecta la credibilidad de la institución y proyecta una sombra que perjudica al conjunto del sistema portuario y, en definitiva, a los intereses del país”, resume la misiva.
Es así que exhortaron a que se brinde “el máximo esclarecimiento de los hechos” y solicitaron la renuncia de Gandini “mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”. “Entendemos que el director involucrado debería dar un paso al costado, priorizando el interés general, la institucionalidad y la credibilidad de la Administración Nacional de Puertos”, argumentaron.
Para el sindicato, resulta imprescindible evitar que el puerto quede “atrapado” bajo cualquier sospecha que pueda terminar por comprometer “su transparencia, su función estratégica y su imagen a nivel nacional e internacional”. Afirman igualmente que “la sociedad uruguaya merece instituciones limpias, transparentes y alejadas de cualquier sombra de convivencia con el crimen organizado”.
“La actividad portuaria cumple un papel estratégico para el país. Por eso, el cuidado y la protección de sus instituciones deben constituir una responsabilidad y un objetivo común de todos los actores involucrados. Es imprescindible fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza pública, y erradicar cualquier práctica que pueda poner en riesgo el funcionamiento y la imagen del sistema portuario nacional”, concluye el boletín.