El conflicto que los trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas mantienen con la empresa brasileña Petrobras no encuentra solución. Ayer, durante la última reunión tripartita, la empresa rechazó la nueva propuesta de negociación del Poder Ejecutivo. En consecuencia, horas después, los trabajadores del gas anunciaron el inicio de una huelga general por tiempo indeterminado a partir del lunes 10.
En un comunicado, los trabajadores señalan que, junto al inicio de la huelga, instalarán un campamento en la Plaza Independencia frente a las oficinas de la empresa brasileña. “Llamamos a todos los compatriotas a sumarse a esta pelea en defensa de la soberanía nacional y el servicio público de gas natural, contra la actitud represiva y antinacional de Petrobras”, concluye el texto.
“Lo que esperamos con la huelga general es generar las condiciones para encontrar la mejor salida”, manifestó, luego del encuentro, el dirigente del sindicato Alejandro Acosta, y aseguró que el servicio no se verá afectado durante el desarrollo de la medida. El dirigente confirmó que la Mesa Representativa del PIT-CNT evaluará hoy la realización de un paro de 24 horas, que será simultáneo al desarrollo de la huelga, aunque no adelantó una fecha concreta. La semana pasada el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, había dicho a la diaria que plantearía a la mesa que la medida se concrete “en el entorno” del jueves 20 de junio.
Según comentó Acosta, Petrobras planteó que no dará marcha atrás con los despidos efectuados y no modificará las suspensiones con apercibimiento de despido. A su vez, la empresa anunció una “reducción de 19 puestos de trabajo” además de los despidos concretados. El sindicalista recordó que al momento son 11 los trabajadores despedidos por MontevideoGas, mientras que 53 funcionarios permanecen suspendidos por 14 días con apercibimiento de despido por la ocupación con control obrero del 25 de abril.
La propuesta del Ejecutivo consistía en crear una mesa de negociación con un plazo de actuación de un mes y la suspensión de las medidas aplicadas por la empresa, el sindicato y el PIT-CNT. Acosta contó que en la reunión los trabajadores se manifestaron dispuestos a una “reestructura laboral con cambios y modificaciones profundos”, asumiendo esos “riesgos” con la condición de que quedarán sin efecto los despidos y sanciones, pero Petrobras “ni siquiera dio la chance de discutirlo”.
“La respuesta de Petrobras es la reiteración de lo que ya dijo. No hay un elemento nuevo, ni acepta una parte de lo que dice el Poder Ejecutivo y contrapone otra”, expresó Acosta. Desde el sindicato sostienen que la postura de la petrolera es una “burla a la negociación colectiva” y al “intento de encontrar soluciones”. “La agresividad que Petrobras está teniendo con Uruguay termina casi en una tomadura de pelo”, añadió el dirigente sindical.
Acosta sostuvo que para los trabajadores esto “no es un conflicto laboral”. “El conflicto tiene una faceta laboral que la empresa utiliza para generar el mayor lío posible, y en ese plano es que hay que entenderlo”, añadió. Para el dirigente eso quedó claro en el rechazo a esta propuesta que, además de medidas laborales, contenía “medidas económicas y de otros mecanismos que podrían ayudar a la situación”. A su vez, explicó que para el sindicato la postura de Petrobras remite a “una voluntad política que viene desde Brasil” y se enmarca en “la pretensión de abandono de la distribución del gas natural”, que la empresa no puede concretar unilateralmente. Además, MontevideoGas aún tiene una demanda arbitral vigente y “eso presiona”, apuntó Acosta.
El dirigente señaló que “quizás” la actitud de Petrobras se deba a que es “más apetecible vender una empresa sin sindicato”, y eso es lo que sucederá si prosperan las pérdidas de puestos de trabajo.
Desde el sindicato valoraron los esfuerzos del gobierno. Acosta manifestó que “el movimiento sindical, la sociedad en su conjunto, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio –no sé si los partidos tradicionales–” han “puesto cabeza” en avanzar en una solución del conflicto, porque, además de las pérdidas de puestos de trabajo y la posible “disolución” de un sindicato, está en “cuestión un servicio público”.
Por su parte, MontevideoGas emitió un comunicado en el que expresa que mantendrá las medidas adoptadas porque son “razonables y moderadas en función de los hechos, ponderadas para mantener el servicio de distribución”. La empresa establece que ha sido “clara” durante un año “en que las medidas de reducción de costos son imprescindibles” porque existe “una ecuación económico-financiera quebrada”.
En el comunicado, la empresa reafirma su “disposición a dialogar en un ámbito tripartito” y “acordar las medidas que generen un ahorro equivalente al costo de 19 puestos de trabajo [antes había planteado un número mayor] y a no efectuar despidos mientras dure la negociación”, sin “renunciar a sus legítimos derechos de dirección y organización del servicio público en el mejor interés de la concesión de distribución de gas”.