En enero de este año nueve trabajadoras de la empresa Club Verde, ubicada en el barrio Paso de la Arena, en Montevideo, se sindicalizaron. Al día siguiente la empresa decidió mandar al seguro de paro a todo el plantel, unas 30 personas, y despedir a las que decidieron formar parte del sindicato, contó a la diaria Germán González, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (Utrasurpa).

Después de varios meses, la empresa retomó a las trabajadoras que habían sido enviadas al seguro y siete de las que estaban en el sindicato aceptaron los despidos con incentivo.

“La gran mayoría eran madres jefas de hogar y empezaron a acceder. Es algo que suele pasar cuando pasan días y días sin cobrar; es complicado. Sólo dos aguantaron sin ceder a la presión y hoy por hoy están trabajando”, informó González.

En las negociaciones entre la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se firmaron dos acuerdos, uno en febrero y otro en mayo, pero, según el integrante de la Utrasurpa, no fueron respetados.

Finalmente, el miércoles llegaron a un acuerdo. El sindicato reclamaba la reincorporación de las trabajadoras y el pago de las horas de licencia sindical, entre otras cosas.

“Es importante que paguen las licencias sindicales, porque eso significa que las van a respetar. Cuando había una audiencia, las trabajadoras iban y no les pagaban el jornal. Nosotros como dirigentes les decíamos que correspondía el pago, pero era algo que las desmotivaba. No sólo perdían el salario, sino también el incentivo por presentismo”, comentó.

Gracias al acuerdo alcanzado la semana pasada, la empresa se comprometió a pagar esa deuda de manera retroactiva y las trabajadoras accedieron a conformar una negociación bipartita para negociar otros beneficios, como, por ejemplo, el pago del ficto por alimentación y vivienda, que es de aproximadamente 150 pesos por día.

González dijo que se trata de un gesto de buena voluntad a pedido del MTSS, pero recordó que todavía no se cumplió con lo firmado en una de las actas, que decía que iban a pasar de la categoría de “peón común” a la de “peón especializado grado tres”, algo “que significa un incremento salarial muy importante”. El convenio firmado en setiembre de 2018 en el Consejo de Salarios dice que un “peón común” debe cobrar 221,60 pesos por un jornal de ocho horas, mientras que “peón especializado grado tres”, 291,57 pesos. El salario mensual por 25 jornales en el primer caso es de 5.539,90 pesos, mientras que en el segundo es de 7.289,20 pesos.

“Lo único que pedimos es que se respeten la normativa y los acuerdos que firmamos; el convenio de categorización de los trabajadores fue firmado por la empresa”, recalcó. Sobre la actitud de Club Verde, González comentó que “venían dilatando la negociación”, e incluso “presionaron” para que se accediera a los despidos.

Esta semana se harán las primeras reuniones y el sindicato espera que se fije la cantidad de cuotas en las que se pagará la deuda, ya que “se trata de un monto bastante importante” y “no queremos que la empresa cierre, porque puede ser una excusa para el despido de los trabajadores”, agregó González.

La empresa Club Verde se dedica a la producción de verduras cortadas y empaquetadas, y abastece a grandes supermercados y a un restaurante de comida rápida.

González comentó que el 70% de las personas afiliadas a la Utrasurpa son mujeres, “una peculiaridad dentro del sector rural”. “En el procesado de frutas, como el tomate, es más demandada la mano de obra femenina, por la motricidad fina, y lo que hacen muchas empresas es tomar a mujeres jefas de hogar, que son mucho más vulnerables que las que tienen una familia que las respalda”, afirmó.