Mediante un comunicado, la Asociación de Funcionarios del Inciso Presidencia (Afinpre) dejó en claro su rechazo al decreto del Poder Ejecutivo del 11 de marzo, informado públicamente ese día por el presidente Luis Lacalle Pou junto con el aumento de las tarifas públicas. Esta resolución prohíbe la renovación automática de todos los vínculos de servicios personales de carácter temporal, que no sean funcionarios públicos, cualquiera sea su fuente de financiamiento, en las oficinas públicas.

El sindicato concibe la disposición como una violación de la Ley 16.127, que regula el procedimiento para la designación de personal presupuestado y contratado del Poder Ejecutivo, y que establece el tope de una designación cada dos vacantes generadas. Asimismo, rechaza la ausencia de una negociación colectiva previa y la pérdida de puestos laborales sin “planificación alguna, sólo el deseo de desprenderse de recursos humanos con años de especialización y conocimiento del funcionamiento de la Administración”. Los funcionarios advierten que de no generarse ámbitos de diálogo para rever esta resolución, se verán “obligados a la toma de medidas en esta etapa de instalación de la nueva administración de gobierno”.

“El artículo 4 del Decreto representa un desmantelamiento de varias Unidades Ejecutoras que tienen a cargo servicios directos a la población como ser obras de infraestructura básica, de seguridad informática y protección de datos personales, que tienen a cargo tareas en la Agencia de Compras Estatales, en la Dirección de Planificación, en la de Descentralización y de asesoramiento en las Empresas Públicas”, destaca el comunicado. Ese artículo establece la prohibición de proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y que aquellos que se generen durante 2020 sólo podrán ocuparse en un tercio, con excepciones en los cargos vinculados a la educación, la salud y la seguridad.

Asimismo, el artículo determina que el monto total destinado en cada inciso a la realización de nuevos vínculos de servicios personales, cualquiera sea su naturaleza y fuente de financiamiento, no podrá superar 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto. “Esto impacta en el sistema de relaciones laborales”, advierte Afinpre. El gremio además señala que en el inciso de Presidencia de la República hay aproximadamente “600 vínculos laborales que no son presupuestados (22% del total de los vínculos laborales a fines de 2018); de estos casi 300 eran contratos de servicios personales, vínculos que se sostienen año a año”.

Por otra parte, el sindicato llama la atención sobre el impacto que la aplicación de esta resolución tendría en el contexto actual de emergencia sanitaria. “Si estos trabajadores se quedaran sin contrato por el tipo de vínculo laboral que tienen (como empresa unipersonal, aunque en relación de dependencia real desde hace años), no tendrían cobertura a través del seguro de desempleo, por lo que si la recontratación no se realiza inmediatamente, dejarán de percibir ingresos”, indica. “Exhortamos a las autoridades a sensibilizarse con lo que estamos viviendo las y los trabajadores y sus familias y dejar sin efecto estas medidas ante la situación de emergencia nacional declarada”, expresa el documento.

Finalmente, el sindicato solicita a las autoridades que realicen los trámites de renovación de los contratos de arrendamiento de servicios que están finalizando en estas próximas semanas y que no se rompa la cadena de cobros mensuales. “Nuestra disposición es integrar espacios de diálogo que contribuyan al desarrollo de los objetivos de la organización salvaguardando los derechos de sus trabajadores. Entendemos que estas propuestas del Ejecutivo se deben acordar de forma tripartita y apelamos a su suspensión dado que, de consolidarse las mismas, se estaría condenando a perder sus fuentes de sobrevivencia a cientos de trabajadores, en una coyuntura crítica”, concluye.