La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) rechazó las declaraciones realizadas en un programa de televisión por el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos Uriarte, en las que comparó las cifras de abigeato con los femicidios. La cuenta del programa Todas las voces, de Canal 4, tuiteó este lunes que Uriarte había dicho que “las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios”, lo que generó casi de inmediato mensajes de rechazo en las redes sociales. Uriarte pidió disculpas este martes a través de Twitter y dijo que “lejos está” de él “sentir pretender valorar de igual forma a ambos delitos”. “Simplemente me referí a la evolución del número de casos”, indicó.
AFGAP emitió un comunicado este miércoles en el que considera la comparación hecha por el ministro como “lamentable, irresponsable y dura”, y expresa que los femicidios en Uruguay “son una emergencia social, la cual ha sido declarada por todos los organismos públicos nacionales e internacionales”, y que la violencia hacia las mujeres “no es comparable con un delito que sólo protege la propiedad privada y el capital”.
“La violencia patriarcal es degradante en todos los sentidos; es vergonzante y corresponde a un integrante del Poder Ejecutivo, que ‘representa a la voluntad del pueblo’, expresar su rechazo y bregar por la búsqueda de soluciones urgentes para erradicar este flagelo que tantas víctimas se ha cobrado en nuestro país. Nuestras compañeras, hermanas, sobrinas, tías, madres, amigas, primas, hijas, mujeres murieron porque un violento las mató”, concluye el comunicado del Consejo Directivo de AFGAP.
Negociación colectiva
En otro comunicado, emitido también este miércoles, AFGAP se declara “en alerta” por otras declaraciones de Uriarte, quien aseguró que existen contratos que no se van a renovar en el MGAP. El sindicato expresa que vienen manteniendo reuniones con la directora general del MGAP, en las cuales “uno de los puntos principales que presentamos ha sido todo lo relacionado con el decreto 90/2020 promulgado por el Poder Ejecutivo, el que establece un recorte en los gastos de funcionamiento, la prohibición del llenado de vacantes y la reducción de funcionarios contratados”.
Informan que se encuentran esperando una convocatoria al ámbito de negociación colectiva correspondiente y que, “en el MGAP, la mitad de sus funcionarios tendrán causal jubilatoria entre 2020 y 2023 y sólo se podrán proveer nuevos ingresos si se crean vacantes en el Presupuesto Nacional, lo que nos habilitaría recién en 2021 a realizar llamados de ingreso, los que, por los tiempos administrativos que implican, en el mejor de los casos, nos permitirían contar con nuevos recursos humanos para 2022”. Por esta razón advierten que los servicios “se encontrarían en riesgo de cumplimiento, desde la atención al público, controles sanitarios, barreras sanitarias, pasos de frontera, sanidad e industria animal (tuberculosis, sangrados de brucelosis, aftosa, ferias ganaderas, análisis de laboratorio, control de faenas en frigoríficos, control de exportaciones e importaciones, etcétera), así como también todas las políticas públicas que desde el MGAP se ejecutan para llegar a los productores familiares (emergencias agropecuarias, trazabilidad, proyectos de tecnologías, seguros, apícolas, granjeras, controles de suelo, agrotóxicos, etcétera), las que no se podrían ejecutar sin funcionarios y funcionarias en todo el país”.