La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP), integrante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), publicó un informe en el que advierte sobre un desmantelamiento de las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Los trabajadores destacan que el Decreto 90/020, en su artículo cuarto, “prohíbe la provisión de los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019”. Además de esa prohibición, dice que de los cargos que “se generen durante el ejercicio 2020, sólo podrán ocuparse un tercio”. El texto hace una excepción con el personal docente, el personal profesional técnico y especializado de la salud, y el personal dependiente de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional. Los trabajadores del MGAP pidieron una excepción similar, pero les fue negada.

AFGAP dice que este tipo de política llevará a que para 2023 la mitad de los trabajadores presupuestados tengan causal jubilatoria: en la actualidad hay 1.800 funcionarios de este tipo, y 160 contratados con una antigüedad de por lo menos ocho años.

Además, dicen que en 2019 tenían 594 funcionarios públicos, de un total de 996, con causal jubilatoria o cese obligatorio por edad. “Para este año 2020 se tiene previsto aumentar 114 compañeros a estas categorías. Y ello debido a que los funcionarios no se jubilan para no ver disminuidos sus ingresos, dado que la escala salarial del MGAP es de las más magras de la administración”, reseña el documento.

Sobre los efectos de esta reducción, aseguran que influirá en “la credibilidad de los productos exportables” y afectará la salud de los trabajadores por el desgaste a causa del exceso de tareas.

Ponen como ejemplo de deterioro del servicio lo que sucede en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), que es gestionado “por un consorcio contratado” que funciona “casi en un cien por ciento con personal con contrato a término”. “Esta repartición es clave para garantizar la trazabilidad permitiendo las condiciones necesarias para la colocación de nuestra carne en los mercados internacionales más exigentes y mejores pagos [...] Asegurando exportaciones y generando divisas, así como salvaguardando la salud de los consumidores tanto de los países importadores, como de la población uruguaya”.

Carolina Alcuri, secretaria general de AFGAP, dijo a la diaria que hasta el jueves la administración venía manejando dos escenarios: uno “amarillo”, en el que no se renovarían ocho de los contratos y a los demás se les bajaría la carga horaria y, por lo tanto, el salario; y un escenario “rojo”, que implica el despido de 15 personas y la misma rebaja horaria. Sin embargo, este jueves la dirección del MGAP les comunicó que la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas era muy distinta a los planteos anteriores. Alcuri prefirió no dar detalles de las condiciones porque el sindicato se comprometió a hacer una contrapropuesta, pero sí dijo que “sería un recorte bastante más grande”, que podría afectar a la Dirección General de Desarrollo Rural, que tiene como finalidad apoyar a los productores pequeños y medianos.