En una reunión con diversas autoridades de gobierno este martes, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) presentó un documento con el análisis sobre los impactos en el sector de un posible tratado de libre comercio (TLC) con China. Además, el estudio avanza respecto del contenido de la negociación y plantea buscar una “apertura gradual del mercado uruguayo”, con un cronograma “de desgravación arancelaria progresiva” con plazo de hasta 15 años en ciertos casos, y con “un universo suficiente de excepciones”.

El gobierno anunció en setiembre la intención de avanzar en un TLC y se acordó con China como primera instancia un estudio de prefactibilidad, en el que se analizan las potencialidades y riesgos de un acuerdo comercial. Si bien estos convenios pueden abarcar diversas áreas, lo primordial es la negociación de los aranceles, es decir, la tasa de importación que se cobra por el ingreso de productos. El objetivo de Uruguay es ingresar con menos costos al mercado del gigante asiático, y como contrapartida llegarán productos chinos a valores más bajos, lo que puede impactar en sectores de la producción local.

Esa misma premisa del estudio de prefactibilidad siguió el trabajo encargado por la CIU a un equipo de asesores que lideró el economista chileno Andrés Rebolledo, que participó por su país en las negociaciones de un TLC con China en 2005. Los resultados se presentaron en una reunión de la que participaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, junto a representantes de los ministerios de Economía, Industria y Relaciones Exteriores.

Según la presentación hecha a las autoridades, se tomó en cuenta para el trabajo los “antecedentes” de otros acuerdos entre el gigante asiático y la región; “la observación del impacto” de esos TLC en “los flujos de comercio”; y un relevamiento “de las inquietudes de cada sector industrial nacional”. También se mencionan los capítulos que a juicio de los industriales “debieran formar parte de un TLC con China” y propuestas para cada caso; y “la identificación de oportunidades y amenazas” del posible acuerdo comercial.

La CIU pretende, según el documento, “un acuerdo amplio y abarcativo”, que incluya aspectos como aranceles, normas de origen, compras públicas, materias sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y obstáculos al comercio, propiedad intelectual, inversiones, comercio de servicios, defensa comercial, comercio electrónico y medioambiente.

También los industriales plantean consideraciones como la desgravación progresiva en materia de aranceles, “que incluya canastas [de productos] desde 0 a 15 años y un universo suficiente de excepciones”; que las normas de origen sobre productos que se pacten sean “adecuadas a la estructura productiva de Uruguay”; y que el país no asuma “compromisos en materia de compras públicas” para “salvaguardar regímenes que prioricen la industria nacional”.

Como “sensibilidades” o desafíos a atender ante un potencial TLC, el estudio identifica eventuales “represalias aplicadas por los socios del Mercosur” –el bloque aún no zanjó la discusión sobre la pretensión de Uruguay de avanzar de forma individual con China–; las “asimetrías de competencia” entre ambos países, ya que “Uruguay dispone de estándares ambientales y laborales, entre otros, más exigentes”; y también el “ingreso masivo al país de productos terminados a menor precio, poniendo en riesgo a la producción nacional”.

Del otro lado, las “oportunidades” que se abren, según la CIU, son la “rebaja arancelaria” y la apertura de “cuotas para la exportación de bienes agroindustriales con alta recepción en China (carne, arroz y lácteos)”, con lo que Uruguay “equilibra las condiciones de competencia con países como Nueva Zelanda y Australia”; además de posicionar a “Uruguay en el radar de otros países con los que se podrían concretar acuerdos comerciales de similar naturaleza (ejemplo Estados Unidos)”; la baja de aranceles de materias primas e insumos intermedios; el incremento de las inversiones chinas en Uruguay; y la “posibilidad de introducir en el mercado chino productos gourmet con alto valor agregado”.

Frente a ese abanico de desafíos y oportunidades del TLC, el trabajo liderado por Rebolledo plantea una serie de medidas “de política pública”: diseñar instrumentos que contribuyan a la diversificación productiva; una campaña “de imagen-país” con foco en China y los mercados asiáticos; reducir los costos de los servicios logísticos y las tarifas; modificar las relaciones laborales; y generar un “plan para la competitividad de la industria exportadora”.

En las conclusiones, se menciona que “es fundamental contemplar y propiciar la participación activa del sector privado” durante las etapas de negociación e implementación del acuerdo.

Según comentaron a la diaria participantes de la reunión entre la CIU y el gobierno, las autoridades se interesaron en los planteos de la gremial, y ante una consulta sobre las fechas previstas para la negociación, ratificaron que se espera cerrar la primera etapa –el estudio de prefactibilidad– antes de fin de año para luego comenzar las negociaciones formales del TLC. Una fuente del sector puso en duda este objetivo y estimó que podría darse el paso a la negociación en marzo del año próximo.

Tras el encuentro, Rebolledo habló en rueda de prensa y se refirió a los plazos del posterior intercambio con China de cara a firmar el TLC: “La experiencia en otros países es que han sido negociaciones rápidas, que en su proceso no han tomado más de un año. Ha habido un alto grado de pragmatismo y flexibilidad por parte de los negociadores chinos. Fueron más confortables de lo que varios de nosotros pensábamos antes de negociar”.