Hace un mes, tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou, los más de 18.000 kilómetros que separan a Uruguay de China parecieron reducirse y el gigante asiático se volvió tema de debate. Las visiones sobre su sistema político, la relación comercial, en notorio crecimiento por las exportaciones de bienes primarios, y los potenciales beneficios e impactos de concretar un tratado de libre comercio (TLC) con China dominaron la agenda local. El gobierno, que puso el tema sobre la mesa al informar a la sociedad y los líderes de todos los partidos políticos –convocados a Torre Ejecutiva– que había recibido el aval de China para iniciar negociaciones, ahora trabaja con hermetismo en el primer paso definido hacia la firma de un acuerdo: los estudios de factibilidad.

Según supo la diaria de parte de distintas fuentes, la definición oficial es no hacer declaraciones sobre el TLC con China en tanto no haya concreciones, ya que de fondo hay un acuerdo sobre la confidencialidad de las conversaciones. El canciller Francisco Bustillo se refirió al tema por última vez a finales de setiembre, cuando informó que ya se encontraba trabajando un equipo técnico liderado por la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene por cometido evaluar impactos por sectores de actividad.

“Le hemos solicitado a cada ministerio que identifique puntos” relevantes para trabajar en cada área, ya que ese equipo incluye a representantes de las carteras de Industria, Ganadería, Ambiente, Educación y Trabajo. Lo que se busca definir “es el marco o contexto sobre el cual se va a negociar”, y el plan es culminar estos estudios antes de fin de año para que en 2022 “ya comiencen las negociaciones”, indicó Bustillo.

En otras palabras, Uruguay está definiendo qué prioridades llevará a la mesa de diálogo con China en virtud de su realidad comercial. Pero la otra pata a atender es qué sectores de la actividad local se verán afectados por los impactos de un TLC, que básicamente lo que posibilita es la reducción de los aranceles –tasa que se cobra a las importaciones– por partida doble, para exportar productos a China y para el ingreso de mercadería de ese país a Uruguay. Por esto es que el tema es seguido de cerca por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y por el PIT-CNT, por sus coletazos en materia de empleo.

Otro punto de conflicto, no ligado a la realidad local, pero sí a impactos, es qué ocurrirá en el Mercosur en caso de que Uruguay avance en un TLC con China. La posición de Argentina permanece incambiada y, si bien hay disposición a aceptar que Uruguay negocie alguna preferencia comercial para exportar a China, se mantiene la negativa a un TLC, en el entendido de que perfora el bloque regional. El gobierno vecino entiende que la regla del consenso para las definiciones del Mercosur está vigente y que una negociación individual como la que realiza Uruguay va contra la normativa.

Los nombres del gobierno

El coordinador del grupo de trabajo que formó el gobierno es un diplomático de carrera con más de 35 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores: Fernando López Fabregat. Se trata de una persona de extrema confianza de Bustillo, que hasta el momento se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Cancillería y director de Asuntos Políticos.

Previamente había sido embajador en Gran Bretaña, Irlanda e Islandia en distintos períodos. Según consignó una nota del diario El Observador en noviembre pasado, tras el recambio de ministros –con la salida de Ernesto Talvi a mitad de 2020– López Fabregat ganó poder a la interna de la Cancillería: asumió el doble cargo, acompañó a Bustillo en misiones oficiales al exterior, lideró negociaciones, por ejemplo, con la aerolínea Qatar Airways, representa al ministerio en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y es delegado ante foros del Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y otros organismos.

El coordinador alterno es el representante del MEF, Juan Labraga, director de la Asesoría Política Comercial del ministerio. Es catedrático en Comercio Internacional y ocupa el cargo dentro del MEF desde 2016, es decir que se mantuvo más allá del cambio de gobierno.

El trabajo de este equipo del gobierno es a contrarreloj, por el plazo impuesto del final del año y porque esta etapa tiene una particularidad que la hace distinta a otras negociaciones: ambos gobiernos deben aprobar 100% del contenido del estudio de factibilidad. Esto implica, de entrada, ponerse de acuerdo en la metodología, luego en los números y después en las conclusiones. Por este motivo es que ya hay intercambios entre los técnicos del gobierno uruguayo y los de la nación asiática.

Para industriales, la negociación “es un hecho consumado”

El viernes se realizó una actividad virtual con los socios de la CIU en la que se presentó al equipo contratado por la gremial que trabajará en un estudio de factibilidad del TLC con China propio. Será liderado por el chileno Andrés Rebolledo, economista y exministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, exembajador en Uruguay y durante 20 años funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, donde participó en la negociación del TLC con China que el país sudamericano firmó en 2005.

El presidente de la CIU, Alfredo Antía, dijo en esa instancia que con esta negociación comercial Uruguay “quizás está escribiendo una de las páginas más relevantes” y la pretensión es que también lo sea “para la industria en general”. Para eso dijo que se deberá trabajar en “sostener y apalancar a cada sector y empresa”.

Para Antía hay “una posición institucional” del sistema político, refrendada por gobiernos de distinto color, “de recorrer el camino de la apertura comercial y la complementariedad con China”. Sostuvo que la gremial empresarial no frenará ese impulso, pero sí advirtió que “tenemos debilidades”. Repasó que la industria local sufre problemas de competitividad por los costos internos y la escala del mercado; entonces, “con el hecho consumado” de una negociación con China, “debemos obligarnos a un cambio y pedirle al gobierno que haga lo imposible para que al abrirnos al mundo esto obligue al Estado uruguayo a brindar condiciones de mayor competitividad”.

Rebolledo señaló que el objetivo del proceso que liderará es “traerles la experiencia sobre la negociación y el funcionamiento” de un acuerdo comercial con China, para que la CIU aporte al proceso general que habrá para la toma de decisión por parte del gobierno. “No hay estudio de factibilidad que no termine en una negociación cuando hay decisión política de avanzar”, evaluó.

Sostuvo que “si las cosas se hacen adecuadamente, generando un balance razonable entre los distintos sectores productivos del país”, el TLC con China puede significar “el punto de partida” para un mayor proceso de inserción internacional de Uruguay. Luego, el economista chileno detalló a los industriales la metodología de trabajo, que incluirá mesas sectoriales, para llegar a diciembre con un informe que resuma esas visiones. Les pidió a los socios de la gremial pensar “cómo quisieran verse reflejados dentro del TLC, ponerse en ese escenario y ver si quisieran que la apertura sea tanto, que acá no la haya, tener waivers [renuncias]”.

Entrevistado el jueves por Desayunos informales del canal 12, Rebolledo contó que al negociar con China, su país marcó “sensibilidades en algunos sectores, que quedaron tratados con cierta precaución en el acuerdo”. Además, indicó que tras la firma “hubo una ola muy significativa en los primeros diez años en las importaciones chilenas y chinas” y “una segunda ola, en los últimos cinco años, en la que llegó mucha inversión china al país”.

PIT-CNT pide “generar conciencia colectiva”

“Nosotros tenemos una preocupación original que es el cuidado de la integración regional. Probablemente pueda haber beneficios en la hipótesis de un acuerdo comercial con China, pero eso puede ser catastrófico para algún sector que emplea mano de obra y vende con valor agregado” a los países vecinos, dijo a la diaria el secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando Gambera.

El dirigente sindical explicó que la central de trabajadores tiene a técnicos del Instituto Cuesta Duarte “pensando y evaluando” la situación de un TLC con China, y prevé consultar a organizaciones de la sociedad civil y la academia. Esto “partiendo de algunas premisas” que tienen que ver con visiones históricas del PIT-CNT: la defensa de la integración regional como plataforma para negociar, el “rechazo al formato de TLC, porque de libre comercio no tiene nada, y menos de cooperación”, y “la reivindicación de que todos los actores de la sociedad tengan acceso a datos y números sobre la negociación para hacer todos juntos un estudio de impacto”.

Más allá de que el gobierno dijo que convocará a los sindicatos, Gambera aclaró que desde que se realizó el anuncio del inicio de las negociaciones con China no hubo ningún mensaje acerca de cómo se procederá. Advirtió que “se puede llegar a aplicar” la misma postura que al mitigar los efectos de la pandemia, cuando “el gobierno atendió y cuidó a las empresas, a los malla oro, pero desatendió a todos los trabajadores” afectados. Lo que no quieren los trabajadores, remarcó, es “que nos den los resultados” de los estudios previos “después de que ya está todo” resuelto.

Respecto de las razones del rechazo a negociar bajo la modalidad de un TLC, sea con China, Estados Unidos o la Unión Europea, Gambera señaló: “Jamás esos tratados tienen elementos que atiendan las asimetrías entre quienes negocian”. La forma de atenuar eso, subrayó, es “negociando con las grandes potencias desde un bloque regional”.

A su entender, un TLC con China impactaría “en lo poco de industria manufacturera y con valor agregado que nos queda”, pero sostuvo que “quizás todos juntos, la sociedad, llega a la conclusión de que los beneficios serían mucho más grandes”. En ese sentido, indicó la relevancia de “generar conciencia colectiva” sobre el tema y tomar decisiones “más cercanas a una política de Estado, que esté más allá de las instancias electorales”.

Para Argentina, hay “conversaciones” y no una negociación

“Más que negociaciones, son conversaciones”, dijo el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, al ser consultado en una rueda de prensa sobre el proceso que inició el gobierno local con China. Destacó que la relación entre Argentina y Uruguay “atraviesa un buen momento” y existe una “agenda positiva” en torno a proyectos conjuntos, como la construcción del puente Bella Unión-Monte Caseros. No obstante, señaló que Argentina “aguarda novedades de Uruguay” respecto del TLC: “Que nos comunique qué es lo que realmente se ha logrado y sobre eso discutir en el seno del Mercosur”.

Según supo la diaria de fuentes diplomáticas, la postura del gobierno argentino es “encapsular” el asunto del TLC con China y continuar apostando a la agenda bilateral. Luego de que Uruguay presente de forma oficial ante el Mercosur la negociación y qué aspectos implica, se podrá discutir el tema, bajo la idea de que el acuerdo de preferencias comerciales podría ser para algunos sectores y no con la amplitud de un TLC, planteó una fuente del gobierno argentino.

El embajador Iribarne habló el jueves en la presentación de la edición aniversario del boletín Dos orillas que emite la sede diplomática y el lanzamiento de la Semana Argentina en Uruguay. En esa publicación, el canciller Santiago Cafiero, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Felipe Sola, escribió una nota titulada “Hermanos, como siempre”, en la que aceptó que hay “diferencias de enfoque” entre los socios, pero se preguntó: “Si siempre arreglamos nuestros problemas mediante el consenso y salimos adelante, ¿por qué hoy no?”. Al hablar de la relación cercana entre los países, mencionó la música de Jorge Drexler, las “murgas de verdad” uruguayas, la “competencia entre el chivito y el choripán” y que Carlos Gardel “es nuestro, de uruguayos y argentinos”.

Más duro fue su antecesor, Solá, quien dijo en una entrevista con CNN que “Uruguay ha tenido una actitud muy dura respecto del Mercosur y muy ideológica” y agregó que el presidente Lacalle Pou “usa cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna que le da réditos”.