La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), que participó en las reuniones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que elaboró un diagnóstico que presentará al Poder Ejecutivo (PE), expresó sus discrepancias con algunos de los puntos expuestos.

El documento se aprobó el viernes pasado y tuvo diez votos a favor y cinco en contra; lo respaldaron los nueve representantes de la coalición de gobierno y el de las cámaras empresariales, y lo rechazaron los tres representantes del Frente Amplio (FA), del PIT-CNT y de Onajpu.

Una declaración emitida por Onajpu expresa que “a pesar de encontrar algunas coincidencias, hemos descubierto también muchas diferencias con el producto final que aprobó la comisión por mayoría de miembros. Se trata de un diagnóstico estructurado sobre una idea central: el sistema en su conjunto enfrenta problemas de sostenibilidad económica que se deben atender como primer asunto. Creemos que si bien el sistema enfrenta desafíos importantes en materia financiera, estos aparecen sobredimensionados en el documento de diagnóstico. Para buena parte del sistema de seguridad social, la reforma es necesaria, pero no urgente”.

Daniel Baldassari, secretario general de Onajpu, dijo a la diaria que “cuando se habla del déficit y se compara al Banco de Previsión Social [BPS] con la Caja Militar o la Policial, no se habla de cuántas prestaciones proporciona cada una. El BPS paga un conjunto de jubilaciones, pensiones y asignaciones que son un servicio que va más allá de lo previsional y tiene que ver con la seguridad social. Son 800.000 pagos que se hacen por mes para 700.000 personas. Si lo comparáramos con la Caja Militar, que tiene 55.000 retirados, hay un déficit anual parecido, pero la cantidad de personas a la que se llega es absolutamente distinta”.

En la declaración Onajpu reafirma esta idea: “Hay una urgencia moral en la necesidad de profundizar la reforma del Servicio de Retiros Militares iniciada en 2018. Si bien dicha reforma significó un avance, la asistencia financiera que recibe dicho instituto por beneficiario presenta niveles sensiblemente superiores a los que presenta el BPS. Esta realidad, sumada a los beneficios especiales que impone la ley para el retiro del personal militar, supone un punto de partida ineludible para una reforma que busca niveles razonables de equidad”.

La equidad es central para la organización. Baldassari puso como ejemplo la tasa de reemplazo que se aplica a los militares retirados en comparación con el resto de los trabajadores; mientras que los trabajadores registrados en el BPS se pueden jubilar con 60 años de edad y 30 de trabajo, y cobran 45% de lo que ganaban en la etapa de actividad, en el caso de los jubilados militares “reciben 100% o a veces más. Hay una inequidad que no puede justificar ninguna consideración como podría ser la actividad que se realiza; es una inequidad que hay que atender”, dijo Baldassari.

¿Por qué el BPS tiene déficit?

“Hay un conjunto de cosas que son fundamentales, como por ejemplo la flexibilización de la ley de 2007-2008 que dio acceso a más pensiones y jubilaciones. En general los beneficiarios son personas que perciben una prestación mínima, que hoy son 14.000 pesos, y eso se lo ve como una de las razones por la que se generó el déficit del BPS, lo que contribuyó al déficit fiscal general. Nosotros lo vemos como algo que ayudó a bajar la pobreza, que estaba en 9% y pasó a 1,8%. Lo que hay que tener es una política de seguridad social que coloque a las personas en primer lugar y que no sea lo financiero lo que determine las decisiones”, dijo Baldassari. De todas formas, aseguró que es algo en lo que hay que avanzar, porque “uno se pregunta quién vive con 14.000 pesos. Ahora resulta que en el diagnóstico se deja entrever que las personas mayores ya tienen suficiente y hay que atender a otros sectores”.

Sobre el déficit del BPS, el secretario general de Onajpu dijo que, a su entender, para ayudar a determinadas empresas se les rebaja los aportes. “Eso pasa siempre, pero la iniciativa del Poder Ejecutivo no dice con qué se va a sustituir ese dinero que va a faltar. Luego los aportes que van para las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional] son 7,5%, y ellas cobran por su tarea una comisión”. Baldassari aseguró que las AFAP que dependen del Banco República, del Banco de Seguros del Estrado y del BPS tienen comisiones más bajas que las demás, pero entre las “privadas” mantienen el mismo porcentaje, por lo tanto “no se ha dado la competencia, porque se han puesto de acuerdo para cobrar lo mismo”.

Agregó que hay otras maneras de combatir el déficit del BPS y que hay que estudiar a fondo los aportes, ya que pueden traer “novedades”. “Se hacen aportes resueltos en determinadas coyunturas que hoy cambiaron, por ejemplo, el impuesto a la tierra. Hay cosas que están perimidas y que ahora hay que revisar, pero eso requiere tiempo y trabajo, continuidad y estudio. El mundo del trabajo cambia mucho. Nos comparan con los países desarrollados de Europa, pero allá se negocia cada robot que se incorpora a la producción, mientras que hoy uno acá ve cómo en los supermercados van desapareciendo las cajeras y los clientes tienen que hacer ellos mismos las tareas”, comentó.

Otra de las reivindicaciones históricas de Onajpu es la eliminación del sistema de ahorro privado; en ese sentido la declaración dice que “hace 25 años defendemos un sistema de seguridad social en que no haya un componente lucrativo. En ese sentido, hemos sido y seguimos siendo críticos con la arquitectura del segundo pilar (régimen de AFAP), así como con el diseño del sistema, los supuestos incentivos que este otorga (que se han reflejado en subsidios a la actividad comercial de las AFAP). En ese sentido no podemos valorar como positiva la evolución de un sistema con el que tenemos diferencias filosóficas pero también técnicas en cuanto a su diseño”.

Sobre la eficiencia de las AFAP Baldassari dijo que en los países en que se ha aplicado, como Chile, las personas que se consideran de “capa media” quieren “volver a tener un pilar de solidaridad”. “El sistema es totalmente privado y están luchando para que sea un poco mejor y tener un pilar solidario; eso muestra que en aquel país que se dio como ejemplo, la seguridad social ha fracasado de forma rotunda”, sostuvo.

Distribución de la riqueza

Baldassari dijo que en la Ley de Presupuesto, cuando se menciona a la seguridad social, a pesar de usar un lenguaje muy técnico y profesional, dicen que el problema es sólo el déficit, sin contemplar lo social. “Los jubilados tenemos una mirada más retrospectiva, porque nos acordamos de cuando éramos trabajadores en actividad y reclamábamos recibir el mismo aumento que el costo de vida y nos decían que no había nada que repartir, que había que hacer crecer la torta para luego repartir, entonces esperábamos y pasaba la etapa de crecimiento, y cuando íbamos por lo nuestro, siempre estábamos en bajada. En 1989 ganamos un plebiscito para que las jubilaciones no fueran ajustadas según las disposiciones del gobierno de turno. Después de que se instaló la negociación colectiva y los trabajadores empataron o crecieron frente a la inflación eso se vio reflejado en la jubilación, porque ganamos ese plebiscito. En esto no hay nada nuevo, es un problema de cómo se distribuye la riqueza”.

Otra de las diferencias que planteó Onajpu en la comisión fue el poco tiempo que se tuvo para la discusión. En la declaración afirman que “de acuerdo a como entendemos la seguridad social, creemos que los procesos de reforma deben darse de forma continua y regular, atendiendo a los cambios estructurales en temas como la demografía, el mercado de trabajo, los cuidados y la situación económico-financiera. No creemos en reformas refundadoras, sino en la revisión periódica, producto del debate permanente, amplio y con participación social”. Además, sostienen que en cuatro meses se hicieron 50 audiencias con distintas organizaciones sociales, gremiales e instituciones públicas, a lo que “se sumó la necesidad de producir mucho contenido técnico que no estaba disponible, sistematizar la información, agruparla, elaborar documentos propios y luego debatirlos”; a esto se sumó la pandemia por la covid-19.