Este martes el Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT, con el apoyo del Instituto de Investigación y Formación Cuesta Duarte de la central de trabajadores, organizó la actividad llamada “Rendición de Cuentas 2020. Cuentas que no cierran” en la que varios integrantes de distintos sindicatos plantearon sus discrepancias con el proyecto que se está discutiendo en el Parlamento.

En la Rendición de Cuentas “no hay nada” para la Anep, la Utec y la Udelar

José Olivera, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), dijo que hay elementos para reflexionar: primero que la Rendición de Cuentas no se puede analizar sin tener en cuenta lo que dice la ley de urgente consideración (LUC), un “instrumento de un programa de ajuste del capital sobre el trabajo”, que en el Presupuesto del año pasado tuvo su expresión económica financiera.

Afirmó que hay un relato dominante “que se instala por parte del gobierno” disociado de la realidad que dice que todo es culpa de la pandemia generada por el coronavirus, pero “de hecho estaba preestablecida en campaña electoral una política de ajuste” con reducción de salarios, y rebajas en las inversiones en educación, salud y vivienda.

“En este proceso de ajuste hay un dato que debiera preocuparnos a todos, que es de profundo contenido político, y es el vaciamiento de los ámbitos de negociación colectiva […] Cuando uno repasa qué sucedió en la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], la UTEC [Universidad Tecnológica] y la Udelar [Universidad de la República], hay un denominador común y es la ausencia absoluta de instancias de negociación colectiva“, dijo, y aseguró que en el sector privado habrá muchas dificultades para negociar ya que, a su entender, muchos grupos empresariales van a “ir por la ruta del gobierno nacional” y no van a negociar.

Olivera sostuvo que en el proyecto de ley no hay “absolutamente nada” para la ANEP, la UTEC y la Udelar, “el Poder Ejecutivo [PE] recortó sólo en secundaria 700 millones de pesos en el rubro cero [Retribución de Servicios Personales]”. Una de las consecuencias de esos recortes es el aumento de la cantidad de alumnos por grupo, en años en los que la pandemia distorsionó los procesos de aprendizaje. “En educación inicial y primaria hay más de 2.000 grupos con más de 30 alumnos, quebrándose una lógica que se venía construyendo que era reducir la cantidad de estudiantes por grupo”, dijo.

“La pérdida salarial, la pérdida de puesto de trabajo y de horas es una consecuencia directa que se está viviendo en el sistema educativo y que tiene un impacto directo en los trabajadores y en el estudiantado”, comentó Olivera, y señaló que tampoco hay una política para atender las consecuencias de la pandemia. Sobre la educación terciaria dijo que ya se está hablando de fuertes exoneraciones a empresas transnacionales privadas para instalarse en el país mediante la modalidad de campus universitarios: “Este es un gran negocio que se está manejando hoy desde el Ministerio de Educación y Cultura”, aseguró.

Buscan “desmantelar a las empresas públicas”

Natalia Vibel, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), dijo que hay un conjunto de acciones, entre ellas los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que lo que buscan es “desmantelar a las empresas públicas” para que los privados puedan hacerse de los negocios. Agregó que han pedido los presupuestos de las empresas y entes públicos para poder discutir y conversar pero no fueron brindados, por lo que ahora hay “una muy débil negociación bipartita”. Como en otras oportunidades, la integrante de la MSCE dijo que es imprescindible el ingreso de personal a las empresas y entes estatales.

Vibel aseguró que desde 2015 vienen reclamando el ingreso de personal porque los sindicatos apuestan a empresas manejadas por el Estado, y agregó que los salarios “vienen congelados desde hace varios años”, en 2015 el aumento fue de 0,4%.

Sobre los artículos que tienen que ver con las telecomunicaciones, dijo que “se desconoce la realidad del país” porque Antel garantiza el acceso a los servicios de transmisión de datos e internet con precios accesibles. “Lo que se busca con estos artículos es un acceso a la infraestructura de Antel, no es ni más ni menos que obligar a la empresa a compartir su infraestructura en beneficio de operadores privados que no han invertido en Uruguay”, aseguró.

En cuanto al uso de fondos del Instituto Nacional de Colonización para invertir en el fideicomiso para los asentamientos, Vibel dijo que desde el sindicato aseguran que es irreal que tengan miles de hectáreas sin producir, “lo que se tiene son 27.000 hectáreas en proceso de adjudicación [...] no son 40.000 como se dice a la prensa”. Añadió que es importante el déficit habitacional, pero se preguntó si es necesario que se use a Colonización cuando se trata de un instituto que le da acceso a la tierra a personas que de otra forma no podrían vivir en el medio rural y aseguró que hay recursos, por ejemplo en la forestación, que se podrían usar a través de la no exoneración de impuestos.

En el inciso del Poder Judicial “no hay nada”

Por su parte, Pablo Elizalde, de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) aseguró que una vez más no hay presupuesto para el Poder Judicial y se aprueban leyes sin tener recursos para implementarlas de forma completa, como la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género, a la que no se le asigna el presupuesto adecuado hace dos períodos de gobierno.

“¿El Uruguay qué clase de justicia quiere?”, se preguntó, y dijo que no se plantean soluciones reales, mientras que al mismo tiempo se le reclama al Poder Judicial que actúe pero no se les da el dinero para hacerlo.

“Tenemos que tener en cuenta que 50% de los expedientes que se generan son relacionados a la familia, anualmente son 200.000. Tampoco en todo este derrotero se habla de la defensa pública”, que es el respaldo al que recurren “la gran mayoría de trabajadores y las clases populares”.

Elizalde dijo que no hay una discusión profunda de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y que “actualmente tenemos ministros que socavan la independencia de los trabajadores” ya que existe “la posibilidad del ingreso de personal o del uso de rubros” pero los ministros van en la misma línea que el Poder Ejecutivo, “cuando de de hecho es un poder independiente que puede usar sus rubros ya asignados por el Parlamento”.

Agregó que les preocupa la penetración de “las grandes mafias internacionales” que determinan la formas de trabajo, una discusión que no se está dando, “porque quienes quedan desprotegidos son los trabajadores”.

“Discrecionalidad en el ingreso a la función pública”

En tanto, Aidemar González, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), aseguró que antes de que se declarara la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, ya se había planificado una política de ajuste fiscal. En este sentido, recordó el decreto de austeridad que dice que de tres vacantes en el Estado sólo se puede contratar a una persona, que fue firmado antes de la pandemia.

“El gobierno avanza en recortar salarios y en aumentar la discrecionalidad en el ingreso a la función pública”, aseguró, y señaló que “el artículo 38 dice que cualquier jerarca de Presidencia puede pagar compensaciones por mayor responsabilidad, sin ninguna referencia sobre el gasto por el que se paga”, lo que calificó como “puro clientelismo”. Presidencia “tiene 439 pases en comisión” y va a definir “a qué persona contrata” para “pagarle lo que quiera y como quiera”, afirmó.

González dijo que los 18 adscriptos de Presidencia van a pasar a cobrar 170.000 pesos cuando hoy cobran entre 70.000 y 80.000. “Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, la política es el ajuste” y hay decisiones que son justas “para los amigos”. “Claramente el gobierno tiene una política de discrecionalidad salarial que se basa en el nepotismo”, aseguró.

Rebaja del salario real en todos los sectores

Pablo da Rocha, del Instituto Cuesta Duarte, sostuvo que esta Rendición de Cuentas es un brazo ejecutor de la LUC. “Desde el punto de vista de la asignación de recursos representa una caída respecto a 2019 de 2%” y “caen prácticamente todos los incisos” a excepción de tres, entre ellos el Ministerio de Salud Pública “que no es necesariamente porque haya ampliado sus fines y cometidos, sino que tiene que ver con juicios o con medicamentos de alto costo”.

“Se expresa claramente en la LUC que el Estado debe liberar las condiciones para promover la actividad privada”, comentó Da Rocha, y sostuvo que a pesar de que se achaca todo a la pandemia ocupamos el lugar 64, según el Fondo Monetario Internacional, de los países que menos recursos han destinado a su combate, estando Brasil en el lugar 22.

Da Rocha dijo que “este gobierno se jacta de cumplir la meta fiscal” y lograr el ahorro en el contexto de la pandemia a pesar de que hay 100.000 pobres más, y apuntó que no se trata sólo de ese aumento sino también de la baja del salario real en el sector público y el sector privado, así como de los ingresos de jubilados y pensionistas, que sufren el incremento de los artículos de primera necesidad.