En Uruguay, un país con una zona costera de aproximadamente 670 kilómetros, con 350 millas marinas y con más de 40 especies de pescado que podrían ser categorizadas como comercializables, a priori, se podría pensar que están dadas las condiciones para un desarrollo fructífero del sector de la pesca artesanal. Sin embargo, se pescan y se consumen muy pocas variedades entre las especies de peces disponibles, se estima que el promedio anual de consumo por habitante ronda sólo los siete kilos y hay lugares, los más alejados de la costa, donde el pescado y sus derivados llegan muy poco. Ante estas problemáticas, varios actores vinculados al sector se juntaron en 2022 para buscar soluciones.

A principios de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró ese año como Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. En este marco, desde el Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (Udelar) se impulsó la creación de la Red de Cooperación del Sector Pesquero del Uruguay, con el objetivo de generar eventos y darle mayor visibilidad al sector.

Silvia Morales, profesora e integrante del Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales del SCEAM que trabajó en la creación de la red, habló con la diaria sobre cómo fue el proceso de esta iniciativa. Contó que el primer paso fue abrir una convocatoria para interesados en conformar la red y tuvieron buena respuesta; en principio, entre los integrantes de la red se encontraban “docentes, investigadores, estudiantes, egresados y pescadores artesanales”, pero luego se sumaron técnicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

También se contactaron con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), que creó un Plan de Acción Mundial para llevar a cabo durante el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. Según comentó Morales, la intención de vincular a la FAO fue que los orientara para poder aplicar el plan teniendo en cuenta las particularidades uruguayas.

De acuerdo al texto de la convocatoria, la idea de la red era contribuir con el plan de la FAO, principalmente en tres “pilares”. En primer lugar, la “sostenibilidad económica”, que consiste en “apoyar las cadenas de valor inclusivas para la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala”. Luego, la “sostenibilidad social”, con el objetivo de “asegurar la inclusión social y el bienestar del sector de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala”. Por último, “garantizar la participación efectiva del sector de la pesca y acuicultura artesanal en pequeña escala en la construcción y el fortalecimiento de entornos políticos propicios”.

Otro objetivo que se planteó fue “contribuir a la creación de un Observatorio Pesquero del Uruguay”. Morales comentó que el observatorio por ahora es “sólo una idea” con la que se busca “contribuir entre todos para crear los mejores sistemas de información pesquera que pueda tener el país”, y que el principal beneficio se vería a la hora de “prediseñar y evaluar políticas”. Añadió que ya hay algunos sistemas de información sobre el sector enfocados en “los mercados, las importaciones, los productos, los permisos de pesca y las embarcaciones”, pero que hay dimensiones que “estaban un poquito más olvidadas”. La idea del observatorio es reforzar el conocimiento sobre dimensiones como “la económica, la social, la situación de los emprendimientos de pesca y las condiciones de trabajo”.

Consultada sobre el papel del SCEAM en la red, Morales respondió que consiste en identificar los problemas del sector, ver cómo pueden contribuir “para que se coloquen en debate público” y “generar líneas de investigación” a partir de esas problemáticas. También destacó que contribuyen a “coordinar y organizar” los eventos de la red y colaboran en su difusión. Añadió que “la idea de la red es que el ministerio, la academia y los pescadores trabajen todos juntos, aunque sea difícil y se armen conflictos”. En ese sentido, indicó que las instancias de intercambio tuvieron el objetivo de que “se articule cada institución o cada persona que tiene algo para aportar”.

En diálogo con la diaria, Julio César Casanova, pescador artesanal y edil de Rocha por el Frente Amplio, dijo que la red se está dando a conocer y que están en contacto pasándose información y buscando resolver las necesidades de los pescadores. En ese sentido, indicó que el principal objetivo de la red es “elaborar políticas pesqueras a través de los pescadores y no de los tecnócratas o de los que están en los escritorios”.

Las ayudas no llegan a los pescadores

Uno de los eventos organizados por la red y la FAO se llevó a cabo el 11 de julio con el objetivo de intercambiar en torno a las formas de contribuir con el Plan de Acción para 2022. La instancia contó con la participación de integrantes del sector pesquero de Uruguay y sus organizaciones sociales, académicos, técnicos y consultores, que intercambiaron sobre la actualidad y las dificultades de la pesca artesanal en Uruguay e identificaron posibles soluciones a las problemáticas.

De acuerdo al acta, uno de los problemas que plantearon los pescadores artesanales fue que “el consumo de pescado por habitante es muy bajo en Uruguay; se estiman siete kilos de promedio anual por habitante”, y que esto se explica por su “alto precio”: “El producto de la pesca artesanal pasa a manos de intermediarios que lo industrializan, y de esta manera un kilo de filete de pescado termina costando lo mismo que un kilo de carne roja, cuando, en cambio, los productos de la pesca artesanal deberían ser proteína barata, para llegar a los sectores más desprotegidos, incluidos los propios pescadores artesanales”, se afirma en el acta.

También se señala que “las ayudas de la FAO no llegan al pescador” y que “los apoyos que llegan quedan en los intermediarios”, por lo tanto, sugiere que haya un “control más estricto” para que la ayuda llegue “a quien más lo necesita”. Sobre esto, Casanova explicó que las ayudas de las ONG muchas veces se basan en capacitaciones que en realidad no son necesarias porque dentro del sector de la pesca artesanal “hay una masa fuerte de gente muy preparada”.

Para Casanova, las ayudas económicas para los pescadores son “fundamentales”, pero aclaró que no se trata de “tirarles unos pesos, sino que es mucho más sencillo: es devolverles a los pescadores artesanales su herramienta”. El pescador se refiere a las barcas de pesca semiindustriales que no pertenecen a los pescadores artesanales que las utilizan, sino que son propiedad de un intermediario, que también es dueño de lo que capture el pescador que trabaje en su barca. “Los pescadores que salen en barcas semiindustriales siempre quedan debiendo porque tienen que pagar el combustible, las herramientas, si se rompe un motor quedan parados hasta que se repare. Ese tipo de cosas limita mucho la vida del pescador artesanal”, apuntó.

Como ilustración, se comparó a sí mismo, un pescador artesanal dueño de su barca, con un pescador que sale en la barca de un intermediario: “Con tres cajas de pescado con 75 kilos de captura puedo sacar un buen jornal, mientras que un pescador que sale en una barca semiindustrial tiene que traer 3.000 o 4.000 kilos para ganar lo mismo que gano yo”, planteó.

Entre la “sobrecarga” de pesca y “la explotación del hombre por el hombre”

A los bajos pagos Casanova sumó que en la pesca semiindustrial “ninguna barca está inscripta en el Banco de Previsión Social [BPS], ninguna tiene más que los elementos de seguridad que le exige Prefectura y no hay seguros del Banco de Seguros del Estado”. Además, apuntó que “los empresarios intermediarios que se adueñaron de las embarcaciones se las dan a los pescadores en comodato, y eso es terrible, porque los hacen responsables de todo ante la Justicia, el BPS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Pero no terminó ahí. Añadió que esos pescadores “no tienen seguridad social, no tienen aguinaldo, no tienen licencia y solamente tienen acceso a la salud en las policlínicas de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”. “Es un círculo cerrado donde el trabajador, si se queja, se queda sin trabajo y el intermediario se lleva el producto de la pesca a bajo costo. En cada zona hay realidades diferentes, pero compartidas en cuanto a la explotación del hombre por el hombre”, acotó.

Debido a su situación de precariedad laboral, los pescadores recurren a sobrecargar las capturas para poder sobrevivir, llegando muchas veces a pescar en época de reproducción y a tirar al agua todo el pescado que el comprador no quiere. A eso se agrega que también se sobrecarga la pesca de pocas especies, cuando en la zona hay más de 40 para consumo humano. Para evitarlo, planteó que el Estado podría intervenir con vedas e incentivando la diversificación de las capturas.

Sobre este tema, puso como ejemplo el caso de la anchoíta, una especie que tiene estipulado el límite de pesca en 40.000 toneladas por año, pero “no se pesca ni un kilo”. Afirmó que en los supermercados de Uruguay los productos en base a la anchoíta son de procedencia extranjera y que en el caso de Argentina “hay más de 5.000 puestos de trabajo efectivos en esa producción”. Por eso, señaló que en caso de desarrollar la pesca de la anchoíta para consumo humano, se generaría un producto para consumo interno, externo y que generaría fuentes de trabajo que “hoy no tenemos”.

Insistió con que si el Estado les devolviera sus barcas a los pescadores artesanales no le significaría “una gran inversión” y “generaría cientos de fuentes de trabajo genuinas”. Agregó que eso también generaría “mayor soberanía en el mar”, la cual “no se arregla comprando un dron de 700.000 dólares o lanchas de 100 millones de dólares para venir a patrullar las 350 millas que tenemos ahora”, pero “ese tipo de cosas son las que no entienden los gobierno de turno, o no quieren llevar a cabo”.

La Dinara “está cerrada a hablar con los pescadores”

En el acta mencionada anteriormente, otro de los problemas que se destaca es “la situación actual del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP] y la Dinara”. Se indica que “cuenta con poco personal y que hay técnicos en edad de jubilarse que pronto se retirarían. Por lo tanto, no existe el apoyo estatal necesario y no es posible atender todas las solicitudes de los pescadores”.

Según Casanova, la situación actual viene de un proceso desde el Servicio Oceanográfico y de Pesca, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Pesca (Inape) y luego en la Dinara: “El Inape fue convertido en una dirección, se pasó de instituto de investigación a una pequeña dirección en donde no se trata de políticas pesqueras, solamente se favorece a los armadores. No hay protección para el pescador y para el propio producto de la pesca”. Agregó que la Dinara “está cerrada a hablar con los pescadores” y que estos no tienen voz en la toma de decisiones.

Comentó que los pescadores artesanales se consideran productores y comparó su situación con la del campo, para el que “hay subsidios de todo tipo”. Dijo que las ayudas económicas a los pescadores pueden apuntar a que “se genere un astillero para embarcaciones menores” y que se les brinde herramientas, como “una embarcación, un motor y artes para la diversificación de la pesca”.

El 4 de octubre, la Dinara aprobó un nuevo “reglamento general de la pesca artesanal” que, según Casanova, introduce “puras limitaciones, limitaciones y más limitaciones para los pescadores”. Explicó que el reglamento generó “nuevas zonas de pesca” y que “limitó a los pescadores en cuanto a las artes de pesca, pero sin mucha firmeza científica”. En ese sentido, consideró que “la pesca artesanal tiene que estar protegida, pero no tiene que estar tan reglamentada”.