La semana pasada la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas organizó un panel de debate sobre el proyecto de ley que pretende regular el ámbito de acción y funcionamiento de las agencias de empleo privadas. El texto es impulsado por el diputado del Partido Nacional Javier Radiccioni y está siendo discutido en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

Radiccioni comentó que el proyecto dice que se puede cobrar por la selección del personal, pero es algo que debe estar “controlado y acotado” a un precio o a un porcentaje para que no termine siendo “un pago a la empresa que presta la planilla de los trabajadores y obtiene un dinero extra por el trabajo de esa persona”. La empresa tercerizada está dispuesta a pagar más; lo que gana la que contrata a la colocadora es evitar algunos trámites administrativos, y “en algunos casos evade obligaciones”, dijo el nacionalista.

Por su parte, el director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Daniel Pérez, comentó que desde la cartera no sólo llevan el registro de las empresas colocadoras sino que también les hacen un seguimiento. Destacó que en este período a algunas no se les renovó la habilitación porque no cumplían con los requisitos impuestos por el decreto vigente (137/016). Pérez dijo que las agencias privadas de empleo son útiles para saber cuáles son los trabajos más requeridos, algo que además de servir para conocer las demandas del mercado de trabajo, ayuda, por ejemplo, al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para tener un mejor perfil de las capacitaciones necesarias. Uno de los puntos del articulado que el jerarca criticó fue que la multa sea repartida entre quien hace la denuncia y el MTSS. Pérez dijo que podría tener un efecto “pernicioso” generando denuncias sin fundamentos; incluso esto podría llevar a que un conjunto de profesionales se dediquen a buscar este tipo de incumplimientos y se genere una industria del juicio. Además, sostuvo que al tratarse de “un servicio entre privados no esencial” tiene la duda sobre el tope que la ley pueda poner a lo que cobran las colocadoras.

En su intervención, Juan Mailhos, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, sostuvo que la actividad de este tipo de empresas ya está regulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que no sería necesario legislar. Sobre la exposición de motivos del proyecto comentó que es una agresión que se diga que estas empresas ejercen una forma de explotación “similar a la esclavitud”. La opinión personal de Mailhos es que las personas que están en este tipo de empresa no son trabajadores desprotegidos, por lo que no tiene sentido legislar cuando el texto propuesto debilita el decreto existente.

“Lo más complejo es el establecimiento de un precio por ley [...] Esto va en contra de la libertad, y no hay un sustento razonable para poder justificar una disposición a nivel legal”, agregó, y dijo que el incluir el término payrolling sin una definición genera incertidumbre jurídica. También calificó como una mala resolución incentivar la denuncia de los trabajadores, y sostuvo que “como sector empleador vamos a reclamar que en caso de que no se demuestre la denuncia el trabajador pueda ser despedido por notoria mala conducta”.

La respuesta de Radiccioni fue que en Uruguay no se reconocen los derechos plenos de los trabajadores. “Cuando hay uno o más empleadores, una empresa termina siendo monopólica”, por lo que el trabajador queda en una relación de dependencia mucho mayor. “La empresa es mucho menos que la que la contrata”, y eso “genera una pérdida de derechos y libertades” porque el empleado no puede elegir. “¿Por qué alguien tiene que cobrar por el trabajo de otra persona? La esclavitud se trataba de eso; es más, debería ser inconstitucional”, remató.

En tanto, Humberto Villasmil, representante de la OIT, aseguró que en la exposición de motivos se explica que hay una relación triangular –algo que la OIT no deslegitima–, aunque en el documento dice que puede generar una ficción jurídica. También señaló que la organización reconoce a las empresas de empleo privadas, siempre y cuando eso no diluya la protección de los trabajadores.

Finalmente, Vanessa Bustamente, representante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, comentó que en la exposición de motivos da la sensación de que el diputado nacionalista plantea una discusión sobre las tercerizaciones, un tema más amplio que las agencias de empleo. Dijo que el convenio 181 de la OIT es parte de la legislación existente. Este dice que “la determinación del régimen jurídico de las agencias de empleo privadas se efectúa de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Villasmil y Bustamente criticaron que quede fuera del texto propuesto la Comisión Tripartita Consultiva, que en la actualidad tiene el objetivo del seguimiento y la aplicación de las disposiciones de la OIT.