El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, visitó este jueves el Parlamento por partida doble para informar a los legisladores sobre dos proyectos de ley: el que introduce modificaciones a la ley de negociación colectiva y el que establece la obligatoriedad de la personería jurídica de los sindicatos. La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados fue la primera en recibir a Mieres para que explicara los cambios que introduciría el proyecto de negociación colectiva, presentado por el Poder Ejecutivo.

El diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Otero recordó a la diaria que el ministro planteó que el proyecto de ley de negociación colectiva fue un pedido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene su origen en un reclamo de algunas cámaras empresariales. El argumento del ministro fue que las observaciones de la OIT “nos dejan muy mal parados” y que con este proyecto Uruguay saldría de la lista de países que no están cumpliendo con sus requisitos.

Eso mismo explicó Mieres en conferencia de prensa luego de las instancias en el Parlamento: “En la asamblea de OIT de hace tres años fuimos parte del grupo de países marcados en cuanto al incumplimiento de la normativa internacional laboral. El gobierno de la época [del FA] presentó un proyecto de ley para modificar la ley de negociación colectiva, pero no fue tratado en esa legislatura”, recordó. Comentó que el gobierno tomó en cuenta ese proyecto de ley y aseguró que es muy parecido al que se presentó actualmente. Además, la OIT había manifestado su acuerdo con ese proyecto.

“El proyecto sobre la ley de negociación colectiva no garantiza que los convenios, las tripartitas y las bipartitas tengan la validez que tienen hoy porque ellos hacen y subrayan el tema de la ultraactividad, es decir, que todos los años tenés que negociar las mismas cosas”, opinó Otero y lo consideró un “disparate”. Planteó que no hay evidencia de que una sola empresa haya cerrado como consecuencia de la ultraactividad, por lo tanto no hay motivo para avanzar en esa ley. “Cada vez que han tenido problemas las empresas o la industria en general y han dicho ‘tenemos problemas para cumplir esta cláusula’ han encontrado a la mesa de negociaciones a los sindicatos”, expresó.

Por otro lado, el ministro señaló que “el PIT-CNT ha reivindicado siempre que hay que estar acorde a las normas de la OIT. Ahora que dice algo que no les gusta no entiendo por qué se quieren separar del reclamo”. Explicó que la ley de negociación colectiva vigente establece que los acuerdos sobre beneficios laborales siguen en pie hasta que no se diga lo contrario y que, con las modificaciones que propone el nuevo proyecto, cuando se vence un convenio hay que “establecer expresamente” la continuidad de los beneficios.

Consultado sobre cómo se va a articular la negociación colectiva para que no quede un plazo de tiempo vacío en las negociaciones de nuevos acuerdos, el ministro respondió que eso va a depender de las negociaciones y que ese era el funcionamiento que había antes de que se creara la ley en 2009. “Si mañana hubiera un convenio que estableciera un beneficio y el empleador dice, con las reglas de juego actuales, que no está dispuesto a seguir pagándolo, se cuestionaría la continuidad. Lo que hay es un cambio en el criterio general”, dijo sobre los cuestionamientos a la eliminación de la ultraactividad.

Otero dijo que no va a acompañar la ley porque la considera mala. Además, apuntó que el proyecto de ley de negociación colectiva y de personería jurídica se suman a otros puntos como la reglamentación por parte de la ley de urgente consideración al derecho de huelga: “Entrás a sumar y es lo más parecido a una escalada sindical que he visto. Hay un patrón ideológico, que es avanzar sobre la autonomía de los sindicatos”.

En diálogo con la diaria, el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano opinó que el proyecto no “impacta en los Consejos de Salarios, en lo que tiene que ver con los salarios mínimos nacionales, no comete ninguna falta. Da más transparencia y mejores herramientas para poder seguir avanzando y dando garantías a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados y las empresas”. Para él hay que observar la situación con un “ojo neutral y panorámico”: “Esto no es para un lado o para el otro, es algo que recomienda la OIT”, manifestó.

Además, contó que le planteó al ministro que veía una controversia cuando se le exige a los sindicatos tener personería jurídica al mismo tiempo que el proyecto de ley de negociación colectiva permite que en caso de que los trabajadores de una empresa no tengan sindicato puedan elegir un representante para negociar con los empleadores. La controversia está en que en la redacción de la ley no se indica que el trabajador que actúa como representante deba tener personería jurídica.

Entre peligros y facilidades

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado fue la segunda instancia en el Parlamento que tuvo este jueves el ministro. Daniel Caggiani, senador del FA, comentó a la diaria que la comisión convocó al ministro para conocer la opinión del MTSS sobre el proyecto de personería jurídica de los sindicatos, otra iniciativa del Poder Ejecutivo. Amin Niffouri, senador del Partido Nacional, afirmó que Mieres dijo que el proyecto surgió como respuesta a las observaciones de la OIT y que aunque el PIT-CNT no comparte 100% del proyecto, “en su mayoría está en consonancia con el ámbito tripartito”.

Caggiani lo definió como un proyecto “complejo” que se da en una coyuntura en que “cada vez se restringen más las libertades de ciertos sectores de la sociedad, los trabajadores, los trabajadores organizados y otros colectivos sociales”. Su preocupación se centra especialmente en el artículo 7 del proyecto, le parece “peligroso” porque “limita la posibilidad de un mayor desarrollo de la acción sindical, va en contra de las normas internacionales que Uruguay ha aprobado”. “A nosotros nos genera mucha preocupación ese artículo porque puede ser utilizado, no necesariamente por las actuales autoridades, sino que por otras autoridades que pueda haber en su momento, de manera discrecional y que puedan afectar a la libertad sindical”, planteó.

En diálogo con la prensa, Mieres se refirió a ese tema y dijo que las diferencias que hay con los sindicatos tienen que ver con que “el descuento de la cuota sindical por planilla está supeditado a que exista esa personería gremial”. Indicó que el hecho de que no exista personería gremial determina que los fondos que se recaudan por cuotas sindicales no van a nombre de un sindicato, sino que van a nombre de personas físicas. “Es claro que es mejor para todos, incluso para el propio movimiento sindical, que haya una cuenta que esté a nombre de la organización y no de una persona”. Por la misma línea fue Niffouri, que dijo que la personería jurídica dará garantías a los trabajadores que aportan su cuota sindical.

El ministro aseguró que el trámite de personería gremial que instalaría la ley es muy sencillo y que no es dificultoso, pero el sindicato tiene que asumir que tener la personería gremial es el requisito formal para tener acceso al descuento directo de la cuota sindical y el acceso a información reservada. El objetivo es proteger a las empresas en los casos de que un sindicato solicite tener acceso a información reservada sobre ellas. Con la modificación, las empresas tienen la garantía de que si se hace un mal uso de esa información hay un responsable: la persona jurídica del sindicato.

El siguiente paso que se va a seguir en la comisión que estudia el proyecto es citar y recibir a las cámaras empresariales. Luego, se pondrá en consideración de la Cámara de Senadores, dijo Niffouri.