En una rueda de prensa que se realizó el 13 de febrero en la Torre Ejecutiva, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, anunció la realización del precenso, una serie de encuestas que se realizaron durante febrero y marzo con el fin de “verificar mapas, identificar modificaciones realizadas en vía pública y comprobar la exactitud de 1.400.000 direcciones estimadas en la base de datos del organismo”. Según el jerarca, en ese momento ya había “más de 1.000 personas en la calle”, entre ellas, “supervisores y precensistas”, que recorrieron 650 localidades en el país.

En noviembre de 2022 el INE publicó un llamado con el objetivo de reclutar encuestadores para realizar el precenso durante febrero y marzo. En la convocatoria decía que el pago para los trabajadores seleccionados sería “de hasta 30.000 pesos nominales por una carga de trabajo diario de aproximadamente seis horas”. Esa remuneración se compondría en dos partes: en primer lugar, un monto fijo de 15.000 pesos nominales, y luego una parte a destajo que se estimó en otros “15.000 pesos nominales”, por un mes de contratación.

Esta información puede encontrarse en publicaciones en la web, pero también en una entrevista que concedió Aboal a El Observador en noviembre, en la que el jerarca ratificó el monto que se informó en la convocatoria. Incluso, añadió que “el sueldo líquido será de unos $ 29.000 y algo, ya que los aportes son menores porque el trabajo finalizará en cuatro semanas, según el calendario que proyecta el INE”. Sin embargo, la diaria habló con precensistas que aseguraron que hubo irregularidades en su proceso de contratación y en el pago final.

De acuerdo a los testimonios, el INE hizo capacitaciones para enseñar a hacer las encuestas, pero durante la instancia también se llevó a cabo la firma de contratos. En los documentos no se hace mención a los 15.000 pesos fijos que sí se mencionan en la convocatoria, sólo se estipulaba las condiciones del pago a destajo. Ante las consultas de los trabajadores, la respuesta habitual de los encargados de entregar los contratos fue que no podían resolver las interrogantes.

Pese a esto, las personas que presentaron los contratos insistieron en que se firmara el acuerdo rápidamente y no hicieron referencia a los 15.000 pesos fijos. “Muchos” precensistas firmaron “de buena fe”, esperando que se cumplieran las condiciones de pago que se anunciaron por los canales oficiales. A esto, se agregan numerosos testimonios que indican que durante la firma no se les entregó su versión del contrato a los trabajadores.

En diálogo con la diaria, un precensista de Maldonado contó que una de las encargadas de las firmas de los contratos durante su capacitación fue la edila por el Partido Nacional, Stephanie Braga. La fuente contó que la edila “ni les dio tiempo de leer el contrato” y dijo que luego les darían una copia, “pero nunca lo hicieron”.

la diaria se comunicó con Braga para saber su versión de los hechos, pero dijo que por disposición del INE no tiene permitido hablar con la prensa. La edila compartió un documento en el que se especifica cuáles son los roles del supervisor departamental del censo, cargo que da a entender que ocupa ella, y afirmó que “no es su rol ser vocero”. Según fuentes de la diaria, Braga sólo tiene vínculo directo con el Estado en la Junta Departamental, pero no con el INE.

De acuerdo con los precensistas, desde el INE requirieron que los trabajadores estuvieran disponibles para trabajar ocho horas entre las 7.00 y las 21.00. Incluso, les enviaron un comunicado, al que accedió la diaria, en el que se aclaraba que deberían estar disponibles también durante Carnaval. Uno de los precensistas contó que sólo fue convocado para trabajar siete días durante todo el precenso, pese a que siempre estuvo disponible y organizó su rutina de acuerdo a eso: “Se habló de mil y pico de precensistas; si realmente contrataron ese número, hicieron un cálculo muy acertado para ellos para asegurar el trabajo, pero no para nosotros, que nos habían prometido trabajo durante todo febrero y marzo, ocho horas por día”, observó.

Camino a las acciones legales

La fecha de pago fue otro de los motivos de preocupación de los precensistas, ya que el día de cobro estipulado era el 20 de febrero, pero se pospuso. Finalmente, el 7 de marzo cobraron su sueldo y, efectivamente, fueron remunerados únicamente como destajistas. Ante esta situación, los trabajadores se comunicaron con la Asociación de Empleados de Estadística y Censos (ASEEC), el sindicato del INE. En una reunión que se realizó este mismo martes, la asociación de trabajadores resolvió apoyar a los precensistas, que mañana acudirán con el abogado del sindicato para comenzar acciones legales contra la institución.

En diálogo con la diaria, Juan Ludzcanoff, dirigente de ASEEC, contó que el próximo lunes el sindicato tendrá una asamblea en la que se tratará el tema y se definirá qué medidas se tomarán. “Veremos cuáles son los caminos a seguir en lo legal y en lo administrativo. Esperamos que esto tenga alguna repercusión en el ámbito político”, comentó, y afirmó que los precensistas reclaman por el salario y “por las condiciones de trabajo”.

“A los precensistas se les prometió un salario fijo de 15.000 pesos, con un pago por productividad de 15.000 pesos más, pudiendo alcanzar los 30.000. Pero resulta que les hicieron firmar contratos de jornalero por jornales de 100 pesos la hora, con una productividad de seis pesos por dirección relevada. Son unas condiciones lamentables”, valoró. Según él, “las prácticas que tiene la dirección con respecto a los trabajadores y las condiciones de trabajo” no son nuevas y añadió que desde el sindicato denunciaron de forma reiterada “designaciones sin concurso, el no respeto a la carrera administrativa y el desconocimiento de los derechos sindicales y la negociación colectiva”.

En ese sentido, agregó que también señalaron “el cambio de las condiciones de trabajo a través de la aplicación de nuevas metodologías, con diseños de trabajo que no son negociados con los trabajadores, la omisión ante denuncias de acoso sexual laboral y un clima de trabajo que va en contra de las buenas condiciones que se esperan sean saludables para los trabajadores del INE”.

Sobre el censo, dijo que es “un proyecto que por distintas razones no conocemos bien” y que la dirección del INE decidió tercerizar, “generando un fideicomiso para el manejo de los fondos con la Corporación Nacional para el Desarrollo”. Según Ludzcanoff, los fondos económicos para financiar “las contrataciones y el manejo de las liquidaciones” se tramitan a partir del fideicomiso. “Es una forma de no hacerse cargo, o de evadir responsabilidades. Nosotros no sabemos qué control tiene ese fideicomiso, no tenemos información porque cuando la hemos pedido a través de los mecanismos de negociación colectiva no la hemos recibido”, planteó.

Recordó, además, que el precenso es la primera etapa y que luego viene el censo, “con otras complejidades y novedades”, algo que al sindicato le genera “muchas dudas”. “Los formularios web van a ser trabajo que no cobra nadie, como las cajas automáticas de los supermercados. Van a poner a la propia gente a censar, eso tiene muchas complejidades, no es sólo llenar un formulario”, apuntó.

Por esa línea, indicó que para el censo es necesario un operativo de campo para el que se necesitan muchas personas. “El propio INE dice que va a contratar a cerca de 6.000 personas,¿las van a contratar en esas condiciones, prometiendo una cosa y pagando otra?, ¿atrasándose en los pagos?, ¿no respetando condiciones de salud laboral? Es como medio fuerte”, cuestionó.

La versión del INE

la diaria se comunicó con Aboal para preguntarle sobre la situación, pero no obtuvo una respuesta directa, ya que fue la sección de comunicación del INE la que accedió a responder, aunque aseguraron que “las respuestas son de carácter oficial, por lo que están plenamente avaladas por la dirección”. Desde la institución, afirmaron que “la mayoría de los contratos se firmaron en la capacitación presencial” y que “estuvieron en la plataforma virtual de capacitación para conocimiento previo de los postulantes, durante varios días, por lo que su contenido no era desconocido por ninguno de los precensistas”.

Con respecto a la fecha de remuneración, dijeron que en el pago que se realizó el martes se abonó “lo trabajado hasta el 20 de febrero (fecha de cierre para liquidar el pago)” y que en el próximo pago se retribuirá por “el trabajo realizado desde el 21 de febrero hasta el 20 de marzo”. También informaron que las remuneraciones para el próximo censo, que se realizará en abril y mayo de este año, “serán a destajo y estarán disponibles en la plataforma de capacitación para conocimiento de los postulantes”.

Sobre los 15.000 pesos de pago fijo para los precensistas que al final no se pagaron, dijeron que “el contrato es claro al respecto de la forma de contratación y el pago”: “Se paga 6 pesos por dirección y 18 pesos por zona validada. De forma adicional existe un pago fijo de 800 pesos por día convocado a trabajar en el caso de una jornada de 8 horas y 600 pesos por una jornada de 6 horas. Siempre estuvo prevista esta forma de pago”.

Además, añadieron que “en un hipotético caso de alguien que trabaje seis horas diarias durante 25 jornadas promedio (un mes), tendría una remuneración de 15.000 pesos nominales + monto variable (cantidad de direcciones x 6 pesos + zonas validadas x 18 pesos). La cantidad de jornadas de trabajo por censista depende de la carga asignada a cada uno y es muy variable de caso a caso, ya que dependen de la cantidad de trabajo y de censistas en las diversas localidades del país”. Durante la conversación, la diaria recordó que en el llamado de noviembre se anunció que se pagarían 15.000 pesos fijos para los precensistas seleccionados y que Aboal afirmó lo mismo a El Observador, pero no obtuvo respuesta.