En respuesta a la situación de conflictividad entre varios de los sindicatos de las empresas públicas y el gobierno, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) emitió un comunicado en el que manifestó “su más profundo rechazo” ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tome nuevas medidas que puedan agravar el enfrentamiento. Concretamente, apuntaron que el gobierno busca una “judicialización de los conflictos” y “en las últimas horas, se ha comunicado que el Poder Ejecutivo está evaluando decretar la esencialidad en algunos servicios” y aplicar el decreto 401 que establece el descuento salarial por la adopción de medidas gremiales.
En diálogo con la diaria, Juan Gónzalez, presidente de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay e integrante de la MSCE, señaló que el gobierno “está quemando todos los puentes” cuando debería haber “escenarios de negociación abiertos más allá de las diferencias”. Sobre los puntos mencionados en el comunicado, explicó que con “judicialización de los conflictos” se refieren específicamente a la denuncia que realizó OSE en contra de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) por el caso de las bombas de humo durante el proceso de apertura de las licitaciones del Proyecto Neptuno.
González valoró que “en medio de un conflicto tan grande, con una situación de fondo como el tema del agua, meter una denuncia con una cosa como esa, es una nimiedad”. En ese sentido, indicó que “nunca es sano meter a la Justicia en una cuestión como esta”, en un escenario en el que debería haber una negociación. Por esa misma línea, se refirió a la posibilidad de que se aplique la esencialidad y el decreto 401.
En primer lugar, indicó que “hubo amenazas” de aplicar la esencialidad y consideró que se está “lejos del marco jurídico” como para hacerlo: “La esencialidad se puede decretar cuando está en riesgo la salud o la vida de las personas; acá, en ninguno de los casos, está ese riesgo”, comentó. Con relación a eso, afirmó que “los sindicatos no están en contra de la gente, los conflictos los ganamos o perdemos en la opinión pública” y, por eso, “evidentemente no vamos a dejar a la gente sin agua, sin luz, sin combustible, o servicios esenciales”.
En cuanto al decreto 401, comentó que consiste en que “la empresa o el organismos estatal pueden descontarles a los trabajadores el costo que entienda que tuvo con la medida de paro”. González aclaró que están de acuerdo con que haya descuentos cuando los trabajadores realizan medidas de paro, pero con el decreto, de “manera subjetiva y arbitraria” la empresa descuenta de acuerdo a lo que entiende que fue su pérdida por la medida, de forma “unilateral”. Según él, cuando se toma esta medida, la intención es “quebrar el conflicto”.
Ante la posibilidad de que el gobierno aplique este tipo de medidas, la MSCE se reunió el pasado lunes y resolvió que, en caso de que se aplique la esencialidad o el decreto 401, habrá “una respuesta contundente”. De acuerdo a González, la respuesta podría incluir una “paralización de todas las actividades a nivel nacional”. Concretamente, señaló que quedó sobre la mesa la posibilidad de evaluar un paro de 48 horas en todas las empresas públicas. De todas formas, aclaró que “no es posible resolver una medida ante algo que es incierto y no sabemos si puede pasar. Ojalá no pase nada”.
Además de los conflictos puntuales en OSE, UTE y Ancap, la MSCE reclama por una plataforma general de cuatro puntos que se mencionan en el comunicado: ingreso de personal para dar una mejor y mayor cobertura de los servicios, la falta de inversiones en el Estado que garanticen su soberanía e independencia, la oposición a las tercerizaciones de los servicios y la recuperación salarial `de los trabajadores.
Entre estos puntos, González dijo que el más importante es el “3 por 1 que prometió el gobierno a la ciudadanía para sustituir las vacantes en las empresas”. Recordó que todas las empresas públicas tienen el problema de falta de personal que no se repone y que eso lleva “al desmantelamiento de la empresa pública”. Advirtió que están a “contrarreloj” para concretar la entrada de mayor personal, porque “en año electoral no pueden ingresar funcionarios” y “los procesos de ingreso de personal desde el punto de vista burocrático son bastante densos”.
Mencionó el caso particular del Correo Uruguayo, donde “en los últimos años ingresaron 21 funcionarios y se fueron 260” y comentó que eso significa un gran problema porque la empresa tiene “un nivel de competencia altísimo”. La falta de personal lleva a que el servicio no sea “de la mejor calidad”.
Por otra parte, también habló sobre el convenio colectivo de la MSCE, que se venció el 31 de diciembre de 2020. Contó que llevan negociando “bastante” con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y que, luego de “un enfriamiento”, las negociaciones se retomaron hace unos meses. De todas formas, apuntó que la OPP “no se mueve de lo que está planteando” y que aún está lejos del 7,96% que reclaman desde la MSCE debido a la pérdida de salario que tuvieron en 2021.