Durante la última semana de junio, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) anunció la implementación de demoras en los despegues a partir del 3 de julio. La decisión fue tomada en el marco del conflicto por el incumplimiento del convenio que se firmó el 30 de diciembre del año pasado, en el que se establecieron varios puntos de interés para el sector.

Ante la medida, que regiría hasta el 16 de julio, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) le solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que se declare la esencialidad de los controladores aéreos, con el objetivo de llevar adelante los despegues.

“El Ministerio de Trabajo nos dijo que estaría dispuesto a aplicarla, pero nosotros le transmitimos que no tiene fundamento legal, a nuestro entender, porque las medidas de no despegue no afectan la vida, la seguridad o la salud de las personas”, dijo Andrés Martínez, presidente de Actau, en diálogo con la diaria. Además, “ya han sido aplicadas más de una vez y nunca ameritaron un decreto de esencialidad”, señaló.

En la tarde del viernes, el MTSS les planteó “la posibilidad de construir una propuesta para sentar las bases de la negociación”. Según contó Martínez, se les comunicó que “iban a terminar de afinar” detalles con el MDN y luego les enviarían el documento para que fuera analizado.

Luego de analizar el contenido del documento, Actau entendió que la propuesta era satisfactoria, por lo que no habrá medidas ni decreto de esencialidad y se instalará un ámbito de negociación la semana que viene.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, celebró la decisión: “En virtud de que se levantaron las medidas gremiales anunciadas por los controladores, ya no es necesaria la esencialidad. El lunes la actividad aérea será normal. En buena hora”.

El reclamo

Pese a que el convenio firmado en diciembre tenía varios puntos importantes para Actau, los principales refieren al pago a instructores y a la necesidad de establecer una equiparación salarial. A partir de la negociación actual, “el pago de instructores estaría reconocido por parte del ministerio (de Defensa) y con las cifras adecuadas”, pero el otro ítem fue elevado con montos que no son los necesarios “para que la equiparación sea real”, planteó Martínez.

Lo que se está pidiendo es “que cada funcionario gane lo mismo que el otro que está con la misma carga horaria y la misma responsabilidad”, más allá de que tengan una antigüedad diferente, explicó el presidente. Es “lo más lógico y sensato” y “hace varios años que se viene pidiendo”, agregó.

La partida que se tiene que crear para eliminar las diferencias salariales es de aproximadamente 26 millones de pesos. De acuerdo con el presidente de Actau, el MDN propone invertir alrededor de un millón y medio, y eso representa una “diferencia sustancial”. Aunque por momentos los argumentos para no poner esa suma han incluido “la situación del país”, Martínez destacó que no tiene sentido, porque la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) “tiene presupuesto de sobra”.

A la Dinacia “por año le está sobrando alrededor del 30% de su presupuesto” por falta de personal y, por otro lado, “es un servicio que recauda dinero”, observó el presidente de Actau. En ese sentido, Martínez consideró que “de más está decir que eso no le implica plata a la población” y que todo se trata de “redistribuir mejor los recursos que ya tiene la unidad ejecutora”.