La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) remitió este jueves una denuncia al ministro de Ambiente (MA), Robert Bouvier, en la que enumeran una serie de “presuntos abusos de los mecanismos legales en la contratación e injerencia en cooperativas sociales”, así como hechos de acoso laboral y persecución sindical contra algunos de sus integrantes.
En el documento, FFOSE cuestiona presuntos vínculos que el presidente de OSE, Raúl Montero, así como su secretario, Guillermo Dati, mantienen con múltiples cooperativas contratadas por la empresa estatal. Por este motivo, el directorio del sindicato sostiene que Montero y Dati “habrían procedido en forma absolutamente irregular y contraria a la normativa vigente”.
El sindicato ya había presentado, el 24 de agosto, una denuncia por “presuntos hechos de corrupción” en la órbita de OSE ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Allí plantean varios argumentos que reiteraron ante el MA como diferentes irregularidades en las cooperativas sociales contratadas.
La Ley 18.407, que establece un marco general regulatorio para las cooperativas, define en sus artículos 172 y 174 a las cooperativas sociales como organizaciones que tienen el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas “en situación de extrema vulnerabilidad social”. Sin embargo, el sindicato sostiene que OSE no cumple con estas disposiciones “para favorecer a ciertos integrantes que no pertenecen a los estratos sociales que se intenta proteger”.
En la denuncia se argumenta que, si bien se había solicitado una auditoría de las cooperativas ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que no encontró problemas en su funcionamiento, una auditoría de elaboración propia demostró que las cooperativas contratadas “no han presentado las declaraciones juradas ni fichas de alta de todos sus socios”. De esta manera, los denunciantes argumentan que “no se puede verificar” que los integrantes de las organizaciones pertenezcan a los grupos establecidos en la norma o “si han accedido en forma oblicua” y “OSE igualmente contrata con ellas”.
Asimismo, desde FFOSE acusan la constatación de “numerosos casos en los que cooperativistas, cuya remuneración base se encuentra topeada por ley, oblicuamente, apelando a las horas extras, primas u otros rubros, habrían cobrado muy por encima de lo permitido”. También denuncian irregularidades en el pago de viáticos por viajes al interior, así como la utilización de diferentes primas de manera indiscriminada. El sindicato cuestiona que OSE “no haya realizado los controles pertinentes para evitar los apartamientos normativos flagrantes” o que, de haberlos hecho, “continúe el vínculo contractual ante la constatación flagrante de irregularidades”.
Igualmente, la denuncia también manifiesta la existencia de “numerosos casos de cooperativistas que integran listas partidarias”, destacándose “al menos diez trabajadores, todos relacionados al mismo partido, que tiene una clara influencia en la gestión de gobierno”. Si bien desde el sindicato reconocen que esto no se encuentra prohibido, cuestionan una posible “ausencia de imparcialidad”, que sumada a los presuntos hechos de irregularidad entienden “podrían llegar a encuadrar con actos de corrupción”.
Además, plantean la existencia de “indicios que dan cuenta de injerencia por parte de jerarcas de OSE” en dichas organizaciones, entre los que se encuentran órdenes “en forma vertical, ajena y con amenazas sobre una presunta discontinuación de contrato” de no incorporar las cooperativas a “una lista de personas que debería ingresar como socios, y en su mérito, a trabajar en el organismo”.
También denuncian una posible serie de amenazas entre las que se encuentran la reducción o finalización del vínculo contractual de personas “para direccionar las conductas y el accionar de los cooperativistas involucrados “a favor” o “en defensa” de la gestión de OSE y sus autoridades, “en claro desmedro del funcionariado estable”.
Por último, FFOSE acusa la acentuación y profundización de la persecución sindical hacia miembros del sindicato que denunciaron dichas irregularidades, “instrumentada a través del inicio de sumarios administrativos e investigaciones infundadas”. Desde FFOSE denuncian que en los hechos las investigaciones, que caracterizan como “arbitrarias”, incurren en “acoso moral”, perjudicial para su dignidad e integridad, así como su ambiente de trabajo.
A su entender, esto se debe a que Montero “no ha buscado mejor defensa que atacar a los denunciantes en lugar de corregir estos problemas”. De esta manera, además de solicitar la “investigación y control de los hechos relatados y la averiguación de la verdad material de la gestión respecto a las cooperativas contratadas”, los firmantes llaman al ministro de Ambiente a suspender los sumarios “hasta que se haya culminado la investigación”.