Algunas semanas atrás, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) comenzó a ser contactada por argentinos que, aprovechando el cambio, han resuelto trabajar en Uruguay. De acuerdo a lo planteado en diálogo con la diaria por el secretario general del sindicato, Germán González, luego de un tiempo en nuestro país, los involucrados se dieron cuenta de que los uruguayos percibían un salario “mucho más alto”.
En el ambiente rural, suelen abonarse “entre 24 y 60 pesos” por cada bolso o cajón de frutas que se completa. Sin embargo, los extranjeros cobran apenas ocho pesos. Además, tampoco tienen ficto por alimentación y vivienda, ni por desgaste de ropa, así como presentismo y el resto de los beneficios que corresponden a los trabajadores rurales.
“Está todo muy ingeniosamente armado”, narró González, luego de explicar cómo los argentinos se trasladan. Primero van en ómnibus desde Concordia hasta el inicio del puente que conecta Argentina con nuestro país, y luego lo cruzan a pie. Al llegar al territorio oriental, los esperan vehículos de las empresas contratantes para trasladarlos. “Son entre 700 y 800” empleados, que desde hace aproximadamente 45 días, repiten el trayecto a diario, aseguró.
Ni bien “nos transmitieron las denuncias, nosotros automáticamente activamos todo tipo de protocolo e hicimos la denuncia pública”, dijo el secretario general de la Unatra. De hecho, este jueves la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social “estuvo recorriendo varias granjas en el departamento de Salto”, aunque no eran las que estaban denunciadas, lamentó. “No sabemos muy bien” por qué fueron a las que no tenían ninguna alerta de irregularidades, “tal vez el protocolo de inspección sigue en los próximos días”, consideró González.
“No estamos en contra de los trabajadores, porque pretendemos que trabajen, pero que trabajen en las mismas condiciones que nosotros, pues si no es una competencia totalmente desleal, principalmente en una localidad como Salto que tiene un 14% de desocupación”, afirmó González, al considerar las consecuencias de la actividad ilegal.