Mónica Ferrero, fiscal de Corte de la Nación en funciones, solicitó un informe al Departamento Jurídico Notarial de Fiscalía, a los efectos de acceder a detalles del llamado a concurso para el ingreso de administrativos a ese órgano. El Sindicato de Trabajadores de Fiscalía del Uruguay (Sitrafu) denunció irregularidades en un caso de ese llamado, y ahora las autoridades quieren saber si existió algún tipo de anomalía en el proceso y si la denuncia tiene sustento.
Mariela García, presidenta de Sitrafu, dijo en diálogo con la diaria que tuvo una reunión el lunes con Ferrero -solicitada a fines de diciembre-, en la que trasladaron “la preocupación por el tema del concurso, pero en general hicimos el repaso también de otros asuntos importantes, como es la cantidad de subrogaciones y compensaciones personales que hay dentro del organismo. Hace mucho que estamos solicitando que se realicen concursos. Por ejemplo, desde 2009 prácticamente que no hay concurso para jefes, pero sin embargo hay mucha gente que está subrogando esos cargos o está siendo compensada por esa tarea”, explicó.
En línea con el tema, agregó que, “con esta irregularidad que el sindicato constató en este concurso, ya son una sumatoria de cosas que repercuten en los derechos laborales de los funcionarios, porque hay personas esperando poder acceder, y mientras tanto se están dando los cargos de forma discrecional. Eso genera una gran desmotivación por parte de todos los trabajadores, además de un gran enojo”. Acotó que la reunión sirvió para tratar varios asuntos, pero especialmente el caso relacionado con la convocatoria para ocupar cargos administrativos.
“Entendemos que una persona que tuvo una prueba psicotécnica anulada”, y que ocupa ya un cargo de confianza, “no puede y no debería poder ingresar, ya que la prueba no la pudo realizar”, sostuvo. Sobre la persona en cuestión, no aportó detalles, pero informó que no es funcionaria pública y tampoco es becaria y pasante que entró por concurso. Dijo que “eso genera suspicacias, y lo que no queremos justamente es eso. Hoy es una persona, pero no es que si pasa, pasa. No debería suceder en ningún organismo del Estado, y menos si es un cargo de confianza”.
La dirigente dijo que Ferrero “se comprometió” a pedir un informe jurídico al respecto, de forma tal de conocer qué sucedió específicamente con esa persona y la prueba en cuestión. “Eso es porque habría una especie de vacío legal, según el tribunal del concurso. Entonces, antes de avalarlo, la fiscal necesitaría un informe”, dijo. Con respecto a los demás planteos realizados por el sindicato, señaló que “es un poco más complicado”, pero destacó que las partes “se pusieron al día con respecto a las reivindicaciones del gremio, fundamentalmente en lo que refiere a la falta de personal que existe”.
Acerca de las dificultades que Fiscalía tiene desde hace años, la titular del sindicato expresó que la fiscal les manifestó y recordó que ella está ocupando el cargo por una situación puntual, que es el quebranto de salud de Juan Gómez, y que, por tal motivo, hay dificultades y decisiones que implicarían ya cambios más estructurales, que ella no tendría las condiciones de abordar y solucionar.
Sobre el tenor de la reunión, resaltó que “Ferrero fue bastante receptiva, más que nada porque ella, al estar trabajando en las oficinas de la Fiscalía en la calle Cerrito, entiende muchas situaciones de las que hablamos, y comprende el enojo del trabajador. También entiende el tema de los concursos y la falta de personal, porque en la práctica y a diario se nota, se ve. Pero la realidad es que nos dio a entender que el margen de maniobra que ella puede tener es muy acotado”.
Con referencia al momento que atraviesa la Fiscalía en materia de recursos humanos, García dijo que están “en una situación crítica”; y agregó que se espera que las personas que fueron seleccionadas por intermedio del llamado público para administrativos -abierto el 5 de setiembre- ingresen a trabajar antes del jueves 29 de febrero. Mencionó también que el sindicato había negociado con la secretaria general de la Fiscalía que se realizara un concurso de ascenso, de modo de liberar cargos y realizar un llamado para cubrirlos.
Para ocupar los cargos del llamado a administrativo I, escalafón AD, grado II, dijo que no solamente falta que se defina el tema por parte de Ferrero y la Fiscalía, sino que el concurso en sí y su resultado final debe pasar también por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Este órgano tiene como tarea controlar y comprobar que no existan irregularidades o faltas en los llamados para ingresos a la órbita pública. Una vez analizado el llamado, si está todo en orden, ahí aprueba y habilita a que las personas que fueron seleccionadas ingresen a ocupar los puestos para los que se presentaron.
“Si no se cubren los cargos ahora, luego no se puede hasta 2026. Los funcionarios están trabajando con un estrés muy grande porque no dan los tiempos para cubrir todas las tareas que tiene el servicio. Además, hay gente que también se jubila, renuncia, se enferma o se va de licencia. Entonces, estar dos años sin que ingrese personal, realmente para el sindicato es un tema grave, como también lo debería ser para la institución. El tema también es que todo es muy lento”, comentó.
Para García, el sindicato aspira a que se avance en todos estos temas, principalmente en el concurso de ascensos de administrativos, y que las vacantes se llenen por el llamado realizado en setiembre, pero considera que las irregularidades denunciadas “son graves” y están obstaculizando los procesos.
“Si Fiscalía no puede cumplir con esto, tenemos previsto tomar medidas después del 29 de febrero, porque eso se votó en la última asamblea realizada en diciembre. El alcance de las medidas se resolverá en una nueva asamblea, que, en caso de ser necesario, se realizaría en marzo”, adelantó.
Ferrero dio su palabra de que en los próximos días se comunicará con García para informarle cuándo recibirá el informe correspondiente. Por el momento, no se programó entre ambas una nueva reunión.