A través de un comunicado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó este viernes a los trabajadores que desde el jueves 21 quedará aprobada la creación de la Oficina de Salud Laboral, un reclamo que fue presentado hace algunos años por parte de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).

La resolución, a la que accedió la diaria, cuenta con la firma de Adriana Berezán Lasanta, directora general de Servicios Administrativos de la SCJ. En el documento se expresa que “habiéndose definido el perfil de los integrantes –de la oficina–, a la brevedad se instrumentarán los respectivos llamados a concurso para los cargos respectivos”.

Ante la decisión de la SCJ, el secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, dijo este sábado a la diaria que los trabajadores valoran la decisión de la creación de la Oficina de Salud Laboral, pero lamentan que el organismo lo hizo “sin tener ningún tipo de negociación con los trabajadores. Nos dejaron de lado, y no tenemos conocimiento de cuáles son los cometidos de la oficina, su estructura y funcionamiento”.

“Tampoco fuimos llamados para discutir el análisis del perfil de los cargos que estarían ocupando los técnicos y las tareas que estarían desempeñando en esa oficina”, señaló, y agregó: “Tenemos conocimiento de que habrá una acordada de la que el sindicato no participó en su redacción”.

Elizalde resaltó que Berezán “prácticamente no tiene contacto con los trabajadores” y que desde marzo hasta la fecha sólo recibió a los funcionarios en dos ocasiones.

Con respecto a los perfiles de los cargos que integrarían la Oficina de Salud Laboral, sostuvo que son un médico de medicina general, un especialista en cuestiones laborales, un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social y un técnico prevencionista. “Esos son los perfiles que la AFJU propuso en su momento [para] la creación de la oficina y que entiende que deberían estar presentes, pero desconocemos por qué no hemos participado”, dijo.

“Esperamos que de ahora en más se abran las puertas y podamos dialogar y negociar”, dijo Elizalde, y recordó que hay diversas temáticas para atender entre las dos partes, entre ellas, las condiciones de trabajo y el presupuesto para los próximos años. “Nos sigue preocupando que aún sigan existiendo cosas que sean resueltas a espaldas de los trabajadores”, afirmó.

Acerca de la resolución, el sindicato emitió un comunicado en el que expresa que “esta creación, que ha sido reclamada por este sindicato desde la presentación de un proyecto a la SCJ en febrero de 2023, fue publicada por la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA) sin realizar la comunicación a AFJU como corresponde, en el marco de la Ley 18.508 de negociación colectiva, violentando el artículo 4 de dicha norma”.

“No es la primera vez que la DGSA desconoce a este sindicato, hecho que ha sido puesto en conocimiento de la SCJ y comunicado a la propia directora, la dra. Adriana Berezán”, señala un fragmento del texto, y acota que “destacamos la importancia de la creación de la oficina de salud laboral realizada en el marco del preconflicto declarado por AFJU, con el objetivo de denunciar la aplicación de la ley de certificaciones médicas y de la ausencia de dicha oficina”.

La declaración concluye expresando que “saludamos a los compañeros y compañeras que, con la denuncia y la movilización, logramos la concreción de un reclamo que puso siempre en primer lugar la salud y las condiciones de trabajo de las y los funcionarios, y al sindicato de los judiciales”.

El gremio anunció, además, que el jueves 21 a las 14.00 habrá una manifestación frente a la SCJ “para recordar a nuestro compañero José Luis y seguir reclamando que la salud de las y los trabajadores es esencial y prioritaria”. José Luis Richino fue un funcionario que se quitó la vida tras ser víctima de acoso laboral en la DGSA, que es parte de la cúpula de la estructura organizacional del Poder Judicial.