El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) se moviliza esta tarde en la explanada del Palacio Legislativo mientras tiene lugar la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de la nueva ley de medios con los cambios que hizo el Senado, y en el marco de un paro nacional en rechazo a resoluciones del Poder Ejecutivo “en detrimento de Antel”. Más temprano se habían concentrado frente a la Torre de Antel, desde donde marcharon hasta el Parlamento.

Este martes, Sutel, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) de la Facultad de Información y Comunicación emitieron una declaración conjunta en la que expresan su “más firme oposición” a este tipo de “atropellos legislativos” que “atenta contra las mejores prácticas democráticas” y han sido objeto de “numerosas críticas de organismos internacionales expertos en libertad de expresión y comunicación”.

Los gremios también declaran su “más firme oposición” a “los cambios legislativos que atentan contra el derecho humano fundamental de la libertad de expresión”, consagrado en la Constitución de la República, afectando el “patrimonio y la soberanía nacional de todas y todos”.

También se oponen “a las medidas que favorecen a los dueños de grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de recursos del Estado y las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias” y “a los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación”.

En un último punto, señalan su oposición a las medidas que afectan a Antel, “que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a internet de sus competidores, al tiempo que ponen al servicio de sus competidores la inversión realizada en el despliegue de tecnología.

Por esos motivos, los gremios rechazan la nueva ley de medios, que atenta contra la “pluralidad y la transparencia” y elimina mecanismos de control social e institucionalidad creada por la normativa actual; el desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya y “el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país”.

Además, también rechazan que se legisle “atendiendo los intereses de unos pocos, en detrimento de todos”, y que se afecte “el patrimonio de los uruguayos para pagar favores de campañas políticas y asegurar la hegemonía de los grandes medios de comunicación en el contexto de campaña electoral”.

Por último, expresan su rechazo a que el Estado “garantice recursos que le son propios para favorecer a los grandes medios de comunicación” y que “se desconozca la voluntad popular en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía nacional y de nuestra Antel”.