2026 se vislumbra como un año bisagra para el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). Entre los desafíos que tiene por delante la organización se destacan el Congreso Nacional, que se celebrará a mitad de febrero, las negociaciones para alcanzar la firma de un nuevo convenio colectivo –el actual vence en marzo– y la promoción de la ley de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre estos desafíos, la diaria dialogó con el presidente del Sunca, Richard Ferreira, y con el secretario general de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del sindicato, Héctor Abad.

Ferreira se refirió a la planificación del Congreso Nacional, que se llevará a cabo el 13 y el 14 de febrero de 2026. Al respecto, precisó que “hay siete comisiones trabajando”: autoconstrucción (que atiende organización, género, finanzas y propaganda), balance y plataforma, seguridad laboral e higiene, área social (discusión y balance de fondos sociales), internacionales, estatutos y comisión electoral (criterios y pautas para convocar a las próximas elecciones), y que se está elaborando las tesis de cada una, con la idea de finalizar en octubre para que en noviembre y diciembre se haga un proceso de intercambio de opiniones con el conjunto del gremio”.

Agregó que la dirección del sindicato hace asambleas mensuales en los centros de trabajo y que “esa dinámica permite no solamente repartir material de discusión, sino también habilitar la elaboración de propuestas hacia el congreso, con la participación de los trabajadores”.

Según el estatuto, se llamará a elecciones a los 30 días de realizado el congreso. Por lo general, las elecciones se realizan durante tres días.

Con respecto al convenio colectivo actual, Ferreira dijo que se espera por las convocatorias a los Consejos de Salarios y que “se comenzó a intercambiar acerca de cuál debería ser la plataforma de reivindicaciones, en función del escenario que significa la nueva administración de gobierno y a partir de las pautas salariales”.

Agregó que “uno de los ejes tiene que ver con las pautas salariales” y que, en definitiva, “más allá de que esas pautas van en la dirección correcta –es decir, apuntan a atender a los sectores de actividad más sumergidos en cuanto al salario–, el sindicato se propone ir a una ronda de Consejo de Salarios que supere las pautas salariales” y que, en consecuencia, “el salario de los trabajadores de la construcción refleje el crecimiento de la economía”.

Ferreira adelantó que en los Consejos de Salarios el Sunca pretende instalar propuestas relacionadas con el área social junto con mejoras en las condiciones laborales.

Expresó que tienen “la intención de doblar las pautas salariales, de ubicar una propuesta que dé continuidad al crecimiento del salario real de los trabajadores de la industria, más aún cuando el gobierno proyecta el crecimiento de la economía” y que aunque este no sería “al ritmo que todos quisiéramos, se ubica ahí un crecimiento de la economía para el próximo período”, por lo que “entendemos que el salario debería acompasar ese crecimiento”.

El dirigente sindical habló sobre las campañas del gobierno para contrarrestar los accidentes laborales, la siniestralidad en el sector y la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Dijo al respecto que la organización analiza que “el actual estado de situación se ve con mucha preocupación, porque los datos del Banco de Seguros del Estado [BSE] determinan que en 2024 hubo más de 40.000 accidentes a nivel general”.

“Hay una estimación de más de 54.000 accidentes laborales, de los cuales 6.000 fueron en la construcción. Y si uno mira este año, entre enero y setiembre hubo 13 accidentes fatales, lo que da un promedio de un fallecido en el ámbito laboral cada 13 o 14 días”, añadió Ferreira.

Presupuesto restrictivo

Sobre la proyección de la obra pública para el quinquenio 2025-2030 y el presupuesto que se discute en el Parlamento, Ferreira dijo que la industria de la construcción tiene determinadas características por las que “importa cuál es el nivel de inversión pública que genere actividad o dinamice la industria, y si bien diferenciamos lo que fue el período anterior, que fue de restricción en la obra pública, consideramos que este es un presupuesto restrictivo”.

El dirigente sostuvo que están “mirando con mucha atención” la discusión presupuestal porque entienden que en la administración anterior “hubo menos presencia del Estado en lo que tiene que ver con la obra pública, en particular la vivienda social” y ahora “debería haber un fuerte énfasis en la obra pública”.

Para Ferreira, en cuanto a las regulaciones y la normativa, se debe ingresar a una etapa de una legislación laboral que incorpore “todos los antecedentes de las empresas, los avances en el mundo del trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo y la capacitación en forma permanente de todos los trabajadores de todos los sectores”.

Señaló que, sumado a eso, es necesario que se concrete la creación de la fiscalía especializada en siniestros laborales y que se capacite a los fiscales. “Se debe actualizar el registro de empresas infractoras y hacer un seguimiento, cruzar información entre el BSE, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] y el Ministerio del Interior para la investigación de los accidentes”.

Respecto de la situación actual, sostuvo que si bien no se puede hablar de “una industria en crisis” y que “hay un nivel de actividad superior a 55.000 trabajadores, un dato que se ubica bastante por encima de la media de ocupación histórica” en el sector, “en determinadas regiones la condición y situación cambian” y hay un crecimiento “de la desocupación a nivel general, pero también en la construcción”. Además, “ha aumentado el trabajo informal. Esto obedece a la falta de inversión pública”, dijo Ferreira.

Sobre el caso de la denuncia por desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), el dirigente dijo que la organización sindical tomó “decisiones duras”, como “hacer la denuncia penal”, y destacó que salieron “a todos los centros de trabajo a informar, para dar la cara”.

En ese sentido, agregó que “fue una de las decisiones más importantes, porque cuando se observa el estado de situación hoy, no han caído los niveles de participación y de afiliación de los trabajadores, más allá del impacto, que fue muy grande”.

Fiscalía especializada en siniestros laborales

Por su parte, Abad también brindó su perspectiva sobre distintos desafíos que enfrenta el Sunca. En particular, mencionó aspectos relacionados con la seguridad laboral y la higiene, de las que es responsable en la dirección del sindicato.

El dirigente precisó que hay planteos concretos sobre el tema: la propuesta de creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales, el registro de empresas infractoras y la iniciativa de una ley nacional de salud y seguridad en el trabajo.

“Estamos observando problemas de la salud mental, con foco en el Convenio Internacional 190 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], que tiene que ver con los protocolos y con los procedimientos en lugares de trabajo, en lo que el gobierno, desde el MTSS y el Ministerio de Salud Pública, está controlando” dijo.

Agregó que se trabaja además en la modificación de la ley del BSE y en lo relacionado con lo que ocurre tanto “mientras un trabajador viaja hacia su domicilio como cuando se traslada al trabajo”.