Este miércoles, la diaria Radio recibió a Luis Puig, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para abordar la siniestralidad laboral.

En lo que va del año hasta agosto hubo un total de 31 accidentes laborales con resultados fatales. Además, el 24 de setiembre el Sunca convocó a un paro de 24 horas “en defensa de la vida” y “ante un crecimiento de los accidentes”.

En este contexto, Puig comentó que, antes de asumir, definieron la problemática como un “eje de trabajo permanente” en diálogos con el hoy titular del MTSS, Juan Castillo, ya que “el contrato de trabajo es el único en el cual sólo uno de los que suscriben pone en riesgo su salud, vida e integridad física”.

De acuerdo con Puig, tras el trabajo parlamentario que inició en 2011 y eventualmente derivó en la aprobación de la ley de responsabilidad penal del empleador, así como una “inversión en prevención”, se pasó de “52.000 accidentes en 2013 a 32.000 en 2017 y de 56 muertos a 32”. “En 2020 bajó significativamente por la pandemia y en 2021 comenzó a subir. En 2024 nos encontramos al mismo nivel que en 2014 y 2015, antes de que se produjera esa baja, con más de 38 accidentes mortales. Hoy también estamos en esa cifra”, comentó.

El jerarca confirmó que el MTSS y el Banco de Seguros del Estado (BSE) trabajan en “mejorar los registros” ya que “no se releva el universo porque, más allá de ser estatal, resulta que no deja de ser una compañía de seguros”. “Los accidentes registrados son aquellos protegidos por la Ley 16.074, pero hay un montón que pasan por fuera, por lo que resolvimos en julio de este año incorporar todos los accidentes mortales de tránsito que ocurren en ocasión del trabajo y que no estaban contabilizados, pero lo son”, precisó el jerarca y utilizó a los delivery como ejemplo.

En este eje, el jerarca dijo que actualmente, con la nueva modalidad de medición, hay un total de 38 fallecidos en accidentes laborales, de los cuales hay “nueve que el año pasado no se registraban”. Así, con el agregado de los fallecidos en accidentes de tránsito en ocasión del trabajo, “podemos hablar perfectamente de un muerto por semana en accidentes laborales”, precisó.

En cuanto a los fallecimientos, dijo que “hasta el momento 13 son de la construcción”, aunque evaluó que “ha sido muy alto, pero otros rubros son igualmente impactantes”, como “el medio rural, donde a veces los siniestros laborales ni siquiera se señalan como tal”, ya que, mientras “en la construcción hay un sindicato fuerte que tiene experiencia, negocia y exige normativas de seguridad y para cuando muere un trabajador”, en el interior del país “hay una gran debilidad sindical, mayor informalidad y una ausencia del Estado”, algo que calificó como “un combo letal”. “Queremos mostrar la realidad” y “sincerar las cifras sin ocultamiento jurídico” para “desplegar estrategias tripartitas”, afirmó.

Planes del MTSS para trabajar la problemática

Para la prevención de accidentes laborales aseguró que es importante “la presencia del Estado”, que “creemos que ha estado ausente durante años, como lo pudimos ver en la caña de azúcar”. Puig se refirió al quinquenio pasado y aseguró que en ese período “bajó el contralor”, en el sentido de “campañas y presencia”, lo que llevó a “una situación de impunidad para el sector más fuerte de la relación laboral y de desprotección para el trabajador”.

Además, evaluó que el ámbito público “tiene una bajísima percepción del riesgo” y “terceriza demasiado”, por lo que “hay empresas privadas que a su vez tienen sus contratos y subcontratos, y cuanto más lejos está el trabajador de la empresa primaria, peores condiciones tiene”.

También entendió necesario que la organización del trabajo por parte de los empleadores contemple “condiciones que no pongan en riesgo la vida del trabajador”, ya que, “según la ley, son deudores de salud y seguridad”, además de que “los trabajadores necesitan un cambio cultural” porque “a veces tienen una ausencia de conciencia en cuanto a cuidar su vida”. “Los tres actores tienen que trabajar en forma tripartita, pero el Estado tiene una responsabilidad ineludible”, resumió.

Este año la cartera lanzó el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. “Lo primero que dijimos es que ese título, si no era capaz de cruzar el río Negro y llegar a todos los rincones del país, era papel pintado”, advirtió.

En el marco del proyecto se realizaron visitas a Bella Unión, durante la zafra de la caña de azúcar, así como a otras localidades del interior. “La experiencia en la caña a nosotros nos da la posibilidad de encarar, para el año próximo y presupuesto mediante, tres áreas fundamentales en el medio rural: el citrus, donde existe represión antisindical; las canteras de piedra semipreciosa en Artigas, donde se denunció y comprobó trabajo esclavo; y en el arroz, donde les siguen fumigando encima a los trabajadores y a las escuelas cercanas”, acotó.

Para materializarlo “la primera carencia es la falta de inspectores, abogados y funcionarios”, con una “línea recta descendente que no empezó en el período anterior”, sino progresiva a partir de 2011. Por ese motivo prevén incorporar 16 cargos de inspectores, ocho este año y la misma cantidad en 2026, y dos abogados, como “un primer avance”.

La condena de Tróccoli “ es la continuidad de la primera sentencia por el Plan Cóndor”, dijo Puig

Por su vínculo con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Puig también se refirió a la sentencia de cadena perpetua a Jorge Néstor Tróccoli por su rol en la desaparición de Elena Quinteros, maestra detenida y desaparecida en 1976 durante la dictadura militar.

“En un momento en que aparece con fuerza el negacionismo y parece que no hubieran existido las dictaduras, esta sentencia es la continuidad de la primera sentencia por el Plan Cóndor, ya que cuando en América Latina y en Uruguay la justicia parecía vedada el juicio en Italia que condenó a criminales uruguayos, chilenos y argentinos abrió un camino”, manifestó.

Agregó que este juicio permitió el acceso a archivos, y que entre los documentos del Cuerpo de Fusileros Navales se encontró la ficha de Quinteros junto a su fotografía y un testimonio de un oficial que consignó que, “en el casino, Juan Carlos Larcebeau comentó que él y Tróccoli participaron en el secuestro de Quinteros en la embajada [de Venezuela]”.

En la misma línea, sobre los anuncios que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, hizo en la diaria Radio sobre ceder el apartamento de Quinteros y la cárcel del pueblo en comodato a la ANEP, Puig expresó: “Resulta inadmisible que en 2025 el apartamento donde vivió Quinteros, que fue un centro de resistencia a la dictadura, esté en manos del Ejército, la fuerza que la secuestró”.

Ese planteo, que según Puig “hicieron durante años”, hoy “tiene receptividad”, y valoró que “a través de ANEP se le puede dar un correcto destino”. “También refleja el reconocimiento del derecho a la resistencia ante la opresión y la tiranía. Vemos con muy buenos ojos esta resolución”, agregó.