La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), ante la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de ley que pretende transformar el servicio de Defensoría Pública que se presta dentro del Poder Judicial en un servicio descentralizado, manifestó su rechazo a la iniciativa.

Por intermedio de un comunicado, AFJU expresa que se trata “de un proyecto que debilita y vulnera al Poder Judicial, tanto desde el punto de vista administrativo como presupuestal, generando un conflicto institucional, que afectará la separación de poderes”.

Pablo Elizalde, secretario general de AFJU, dijo a la diaria que ahora se comenzará a llevar adelante “el trabajo necesario a nivel legislativo como en otros ámbitos, para poner sobre la mesa el tema. En primer lugar, cómo afecta a los trabajadores este cambio intempestivo, sin tener en cuenta a los funcionarios administrativos y a los procuradores, mientras que, en segundo lugar, se deben analizar los problemas de relacionamiento institucional que de ahora en más pueden llegar a surgir entre los poderes del Estado”.

En ese sentido, dijo que “se observa nuevamente cómo el sistema político avasalla al sistema judicial, y a su vez luego también le pide respuestas sin darle recursos. Hay que tener en cuenta el problema grande de acceso a la Justicia, y si no hay un refuerzo de recursos, el encuadre institucional de la defensa pública poco importa, porque lo que se necesitan son más recursos para intervenir más en el territorio y para que existan más defensorías que puedan atender las distintas situaciones”.

La organización sindical también explica en el texto que rechaza el proyecto porque “sólo toma en cuenta la situación” de los defensores, “arrastrando a 195 funcionarios administrativos y 68 procuradores a ser parte de un servicio, vulnerando su carrera administrativa y su posibilidad de elegir en qué organismo quedar”. Además, cuestiona al proyecto, al que “lejos de considerar al justiciable, al usuario, no contiene ninguna mejora para su acceso a la justicia, en tanto sigue vigente que el ingreso para acceder a la defensa pública es de 5 BPC [Bases de Prestaciones y Contribuciones], promedio”.

Para AFJU, el nombramiento de los defensores públicos que corresponde constitucionalmente a la SCJ “se transforma por este proyecto en una ratificación de mero trámite de una decisión adoptada en forma inconstitucional por otro poder del Estado”, y agrega que “es un proyecto de ley que contempla intereses corporativos, y no el interés general de la sociedad civil. Los datos que surgen del anuario estadístico del 2023 del Poder Judicial hablan por sí solos: 317 defensores en todo el país atendieron 3,6 personas cada uno, por día, o asistieron a 1,65 audiencias, o presentaron 1,2 escritos. Estas cifras nos llevan a preguntarnos cuál es el fondo de las dificultades de acceso de las personas y asegurar que este proyecto de ley no lo soluciona”.

“Llama la atención que se voten recursos para crear un servicio que ya existe constitucionalmente en el Poder Judicial y solamente se disponga de recursos para la creación de un juzgado de género, en todo el país, teniendo en cuenta la cantidad creciente de casos de violencia de género”, dice el comunicado, y agrega que “es preocupante que el sistema político descuide el equilibrio de poderes cometiendo un avasallamiento sobre el Poder Judicial que no sólo implica la expropiación económica de parte de su presupuesto, sino una finalidad ideológica que apunta a un debilitamiento del Poder garante del ejercicio pleno de los derechos individuales de las personas”.