La Coordinadora de Trabajo Remoto Tercerizado de Ceibal denunció ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el Centro Ceibal incumple lo acordado en los Consejos de Salarios y “sostiene un esquema de tercerización internacional que provoca la fuga de más de 600 puestos de trabajo docentes al exterior, mientras cientos de trabajadores uruguayos permanecen sin empleo”.
Camila Viera, integrante de la Coordinadora de Trabajo Remoto Tercerizado de Ceibal, dijo a la diaria que “Ceibal mantiene un piso de 600 puestos docentes que dan clases impartidas vía remota por tutores radicados en Argentina, Chile y Perú”, entre otros países. Dijo que se trata de “trabajo que debería generarse en Uruguay, con docentes formados y aportando al sistema nacional”.
Desde el colectivo se sostiene que Ceibal incumple “reiteradamente la normativa del Grupo 16” de los Consejos de Salarios, la cual dispone un “régimen mensual docente, garantizando salario estable, aportes regulares al BPS [Banco de Previsión Social] y protección social”. En ese sentido, Viera señaló que “Ceibal avala contratos jornalizados que pagan por clase o por hora, lo que vulnera los convenios colectivos y desconoce la condición profesional del trabajo docente”.
El colectivo ya ha solicitado audiencias con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el inspector general del Trabajo, Luis Puig, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, con el objetivo de revisar el modelo de tercerización en la educación y promover la creación de una plataforma pública nacional de enseñanza remota.
Viera señaló que “la idea es mantener abierta la negociación en la Dinatra”, pero también que “se considere una reunión con autoridades superiores”. “También esperamos ser recibidos en la comisión especial de seguimiento de garantía del ejercicio de derecho de las infancias y adolescencias”, agregó.
Por su parte, Gonzalo Ibarra, también integrante de la Coordinadora de Trabajo Remoto Tercerizado de Ceibal, apuntó que la propuesta apunta a aprovechar la infraestructura pública existente y demostrar que el país dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para sostener una enseñanza remota de calidad con empleo nacional. “Era una oportunidad concreta para recuperar el trabajo docente, fortalecer la educación pública y evitar la fuga de recursos al exterior”, señaló. Sin embargo, Ceibal “prefirió mantener convenios con empresas extranjeras”, lamentó.
Según el colectivo, en su respuesta oficial, Ceibal “descartó toda posibilidad de diálogo y ratificó los mismos requisitos de los pliegos licitatorios tradicionales, cerrando la puerta a la implementación de un plan piloto nacional”. “La defensa de la educación pública empieza por cumplir los convenios del Grupo 16. No hay calidad educativa posible si el propio Estado desconoce los derechos laborales de los docentes que la sostienen”, afirmó Ibarra.