El titular de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Federico Araya, y la subdirectora de esa unidad, Mariana Chiquiar, hablaron con la diaria sobre varios temas, entre ellos, el mercado laboral, el Sistema Nacional de Formación Profesional, el empleo en los jóvenes y en las mujeres, y La ley de Promoción de Empleo, que consideran que “no funciona ni mueve la aguja” y a la que buscarán mejorar.

En líneas generales, ¿cómo fue tomar posesión de la Dinae?

Federico Araya (FA): Recibimos una Dinae bastante menguada en términos de recursos económicos y de personas, y eso es un desafío porque tenemos que aprovechar al máximo todos los recursos, pero también tenemos gente trabajadora muy valiosa. Encontramos también problemas de información en diversas áreas. Una de las cosas que pudimos detectar en estos 100 días desde que asumió el gobierno del presidente Yamandú Orsi es que había una forma de trabajo, encabezada por el gobierno anterior, que aplicaba política pública sin demasiada evidencia. Sobre todo, no se hacía el seguimiento de qué había, cuáles eran los resultados, cuáles eran las evaluaciones que se hacían de esas políticas aplicadas. Esperemos irnos en 2030 y dejar una Dinae mucho mejor que la que recibimos.

¿Hubo diferencia entre lo que pensaban recibir y el panorama que encontraron después de la transición?

FA: Sí. Puedo mencionar temas de los que no sabíamos en qué situación estaban. Uno de ellos es el proyecto que tenía el gobierno anterior sobre la red de empleo; supuestamente, iba a lanzarse antes de que finalizara el período, pero eso no ocurrió. Lo que observamos hoy en el desarrollo de esa plataforma es que realmente era ingenuo pensar que podría estar terminado antes de marzo. Entendemos que es una política que vamos a continuar porque, en consulta con los trabajadores de la Dinae, consideramos que aporta valor agregado. Por eso continuaremos en su desarrollo, para concretar un lanzamiento.

¿Qué piensan de la Ley de Promoción de Empleo?

Mariana Chiquiar (MC): Es una ley que quedó instalada en 2021. Para nosotros es muy importante tomar decisiones basadas en evidencia; una dificultad que encontramos es que no había un relevamiento exhaustivo de datos ni de las trayectorias de las personas que habían sido beneficiarias por los mecanismos de la ley, y es parte de lo que estamos intentando reconstruir. Hay algunos datos –sobre todo de algunas poblaciones que es muy importante priorizar, porque son colectivos vulnerados– [por los] que vemos que los instrumentos que tenía la ley, si bien pueden ser muy bienintencionados, tuvieron errores de diseño que hacen que el impacto esperado no sea tal. Por ejemplo, entre las personas con discapacidad, desde 2021 a 2024, bajo los mecanismos de la ley, sólo 29 personas fueron contratadas. En el segundo semestre del año vamos a convocar a un diálogo de carácter tripartito y con la sociedad civil para repensar esa ley y para que justamente los colectivos para los que está formulada se apropien de ella y planteen cuáles son las principales debilidades, a los efectos de trabajar en mejorarlas y de que la nueva implementación pueda tener resultados que impacten.

FA: Vamos a proponer derogar la ley en el Parlamento, para hacer una nueva. No ha funcionado ni mueve la aguja. Enfrentó los mismos obstáculos que la antigua Ley de Empleo Juvenil, que había sido promulgada en el último período del Frente Amplio y no logró superar esos obstáculos. Otro de los cambios es la participación de la Dinae en lo que tiene que ver con el trabajo protegido, cómo se posiciona la Dinae ante estos trabajos. Estamos en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social para elevar un proyecto de ley, para la edición 2025, de lo que se conocía como Jornales Solidarios. Se trata ahora de un programa que sigue siendo empleo protegido, pero con otras características. Se le agrega un componente de formación, en la que participará el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional [Inefop]. La idea es que de todo lo que dura el trabajo protegido, 20% sea formación. La idea es que no sea un trabajo que dure una quincena, sino todo el mes, por unas 30 horas semanales, y también empezar a incluir a ciertos colectivos vulnerados por medio de las herramientas de cuotificación [sorteo en base a cuotas], que en algunos casos en el período pasado no se contemplaron. Tendremos que tener en cuenta las particularidades territoriales.

¿Cómo analizan los índices de empleo, desempleo, subempleo e informalidad actuales?

FA: Asumimos con un mercado de trabajo planchado. Cuando se mira la serie corta, en general, los números son los mismos desde octubre y noviembre del año pasado. Eso en el corto plazo. Pero cuando se observa la serie más larga, podría decirse que después de la caída que sufrieron el mercado de trabajo y la economía debido a la crisis de la pandemia, hubo una recuperación que duró más o menos hasta 2023. Después del segundo semestre de 2023, la economía entró de nuevo en un proceso de estancamiento, de crecimiento muy bajo. Eso tuvo su repercusión en el mercado de trabajo. Hoy nos encontramos con una tasa global de desempleo en el entorno del 8%, con una informalidad que ronda el 23% y que viene creciendo desde mediados de 2023, y con un subempleo de alrededor de 9%. Estos son los números promedio, pero cuando vamos a las diferentes heterogeneidades, sobre todo a los colectivos vulnerados, en el caso de los jóvenes, vemos que prácticamente uno de cada cuatro está desocupado: la tasa de desempleo se va a 25%, triplica a la general de la población. Y cuando desagregamos por género, lo que vemos es que en realidad la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes casi llega a 30%. No es lo mismo cuando uno se queda sólo con el dato promedio que cuando va al dato desagregado por estos colectivos vulnerados. Por ejemplo, la tasa de informalidad es 23%, pero si se lo ve para personas afro, ronda el 30%.

¿Cómo se diferencian Montevideo y el interior del país?

FA: Cuando analizamos la informalidad a nivel departamental, observamos que Montevideo tiende al 10%, pero en lugares como Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo están en torno al 40%. Hay un mundo muy heterogéneo, y algo que en realidad nos preocupa es que esta foto es muy similar a la de diez años atrás. Uruguay viene de una década de prácticamente diez años de escaso crecimiento económico, y eso tiene su repercusión en el mercado de trabajo.

¿Cuáles son hoy los sectores de la actividad más complicados en materia de empleo?

FA: El sector de los cuidados va a demandar mano de obra, el sector de la construcción también, y después tenemos sectores a impulsar, todo lo que tiene que ver con el turismo. En cuanto a las condiciones de trabajo, tenemos distintos sectores con diversas problemáticas. Por ejemplo, en el sector doméstico sabemos que tenemos una problemática con respecto a la informalidad. En el sector de la construcción también. En transporte y almacenamiento tenemos un problema de seguridad y de altas horas de trabajo: la enorme mayoría de los trabajadores que superan las 48 horas semanales están en el sector del transporte y en las actividades primarias. Por su parte, en el sector rural tenemos dos problemas que se juntan: informalidad y muchísimas horas de trabajo a la semana, que superan las 48.

¿Cómo observan la precarización del trabajo?

FA: Consideramos que la tercerización es un problema. La informalidad es solamente un componente de la precarización, que es un fenómeno bastante más amplio y que incluye estas problemáticas, tales como la informalidad, el subempleo, los salarios deprimidos, la falta de derechos, las horas excesivas y demás. Hoy, más o menos el 45% de la población económicamente activa enfrenta alguno de estos problemas. Grosso modo, la mitad de la población activa, unas 840.000 personas, tienen algún problema de estos. Eso es un enorme desafío. Al mismo tiempo, entre los trabajadores formales hay más de 210.000 que ganan menos de 25.000 pesos por 40 horas semanales. Tenemos que desplegar una serie de herramientas para superar la condición de informalidad, posibilitar buenos ingresos, buenas condiciones de trabajo y acceso a los derechos, con lograr no tener que trabajar 48 horas o 56 horas para llegar a 25.000 pesos. Todo ese combo es bastante complejo de lograr, pero somos conscientes de que en realidad, si no lo atacamos conjuntamente, sólo por el hecho de lograr el aporte a la seguridad social de la persona, no alcanza para asegurar ciertas condiciones materiales.

¿Y la situación de las mujeres y la inserción en el mercado laboral?

MC: Está presente la dificultad de la inserción de las mujeres, que repercute en el mercado de trabajo y que se asocia a los roles de género y a la división sexual del trabajo. Está asociado con eso, con los sectores que son más feminizados y más masculinizados, y es algo que viene de la educación. Pero además, las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres a las tareas de trabajo no remunerado, que son las tareas domésticas y de cuidados. Al final, las mujeres tenemos una doble jornada de trabajo, y eso también implica un montón de desafíos para pensar el mercado de trabajo y las oportunidades de crecimiento económico. Más allá de una mirada ideológica sobre el tema –que naturalmente, por nuestra perspectiva, tenemos y defendemos como principal motor en términos de la generación de igualdad de oportunidades–, la realidad es que hay incluso una mirada netamente económica que tiene que ver con las dificultades, con la pérdida de oportunidades –porque las mujeres estamos más formadas que los hombres–, y que además es una pérdida para la economía en general.

¿Qué mirada tiene la Dinae sobre las micro, medianas y pequeñas empresas?

MC: El ecosistema emprendedor de Uruguay ha estado en vínculo mayormente con otras instituciones y no tanto con la Dinae, pero es un objetivo a plantear. De hecho, estamos en coordinación con la Agencia Nacional para el Desarrollo para comenzar a reunirnos. El único instrumento concreto que existe en ese sentido es el Programa de Inversión Productiva, que tiene un foco territorial importante porque genera una transferencia económica para la compra de equipamiento, o algún tipo de maquinaria que la persona que desarrolla su emprendimiento productivo requiera para desarrollarlo mejor.

¿Hay planes a corto o largo plazo para el Sistema Nacional de Formación Profesional (SNFP)?

MC: El SNFP no fue eliminado en el período pasado, ya estaba creado previamente, pero lo cierto es que no se había convocado y parte de nuestra definición política es plantearnos la restauración de ese sistema. Nuestro principal aliado es Inefop, pero tenemos también otras instituciones del sistema educativo. En ese sentido, hay tres líneas de trabajo. Algunas vienen de antes y la idea es fortalecerlas y darles mayor robustez, y otras van surgiendo también en el marco de los nuevos planteos. El primer punto es lo que tiene que ver con Uruguay Certifica, que ya existía. Después, hay otro punto que tiene que ver con la formación dual, que acerca educación y trabajo; ese ámbito ya está instalado, mantuvimos una reunión en convocatoria con otras instituciones para pensar la nueva estrategia, y ahí estamos planteando incluso revisar la normativa. El último punto, y quizás lo nuevo, es el planteo sobre el marco de calificaciones; para eso estamos analizando alianzas internacionales, con experiencias que hay en otros países.

¿Y en cuanto a programas de empleo en el sector público?

FA: En esto de las políticas que se continúan y que puede calificar como políticas de Estado, Yo Estudio y Trabajo es un programa de empleo destinado a jóvenes que se creó en 2012 y, por lo tanto, lleva muchas ediciones, y eso da la pauta de que es un programa que tiene vida propia, del que los jóvenes se apropiaron y están esperando a ver cuándo son las inscripciones. Esa es una de las políticas y de los programas que continuaremos en este período. El objetivo que tenemos es ampliarlo. En principio, planteamos triplicar el programa en el sector público, y estamos tratando de ver la ampliación en una innovación que se implementó en el gobierno anterior, que fue el programa para el sector privado.