La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap) emitió un comunicado en el que denuncia “una serie de acciones inaceptables que violan los principios de la negociación colectiva”.

Además denuncia también que, desde hace un tiempo, hay trabajadores afiliados al sindicato que sufren malos tratos considerados “antisindicales” por parte de mandos medios.

La organización explica que desde la instalación de la bipartita con la actual administración, Afgap “ha trabajado en un preacuerdo”, pero desde el 21 de agosto, cuando las autoridades solicitaron un cuarto intermedio en las negociaciones, no se han vuelto a reunir.

La presidenta de Afgap, Carolina Arcuri, explicó a la diaria que desde hace dos semanas no ha habido más contacto ni comunicación con las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y que en las negociaciones por el convenio colectivo, en representación de la secretaría de Estado, actualmente están el subsecretario Matías Carámbula y su equipo de trabajo.

Arcuri dijo que el día 21 se esperaba firmar el acuerdo, pero “sucede que estamos a 3 de setiembre y no tenemos noticias”. Explicó que en el marco de las negociaciones de un convenio colectivo “trabajamos en un acuerdo sobre la instrumentación del teletrabajo, que fue aprobado por la asamblea, y que ya está en ejecución. Hemos trabajado muy bien en la bipartita durante tres meses, tratando de resolver problemas que demandan los trabajadores del ministerio, y con el asesoramiento y participación del abogado Juan Raúl Williman hemos negociado para la instrumentación y elaboración de una nueva estructura”.

El gobierno anterior resolvió la implementación de una estructura organizativa que fue cuestionada por el sindicato. Este presentó un recurso que actualmente está en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Por este tema, en el Parlamento, el Frente Amplio votó en contra de esa iniciativa.

La administración actual reconoció que no iba a eliminar la nueva estructura aprobada en el período pasado, pero que trabajaría en una diferente.

Arcuri comentó que la negociación de ese preacuerdo entre las partes incluye que durante la transición, “entre la firma del acuerdo final y la presentación de esa nueva estructura, se realizarán llamados de ascenso”, y que actualmente hay más de 600 vacantes de ascenso, a causa de una resolución de 2015 que no se ejecutó.

“No hay concursos de ascenso hace 20 años en el ministerio, pero además es de buena administración hacer los llamados, porque es la manera de liberar vacantes de ingresos”, agregó la dirigente.

Resaltó que los llamados son una necesidad, dado que una tercera parte del funcionariado disponible hoy tiene causal jubilatoria, y son sólo 1.400 funcionarios en total en todo el país. Al respecto, sostuvo que “cada vez somos menos y no está previsto incorporación de personal genuino suficiente para cumplir con los cometidos del ministerio”.

Por otra parte, explicó que “el sindicato solicitó dos cláusulas que tienen que ver con la suspensión de una práctica clientelar que ha tenido el ministerio en el transcurso de varios gobiernos. Es la asignación de partidas salariales de manera discrecional y arbitraria. Es a dedo, como decimos comúnmente, tanto de salario como de encargaturas. Hoy el ministerio no tiene una sola encargatura o función concursada”.

En ese sentido, sostuvo a modo de ejemplo que hay dos administrativos en una misma oficina cumpliendo la misma tarea con una diferencia de 40.000 pesos de sueldo entre uno y otro. “Eso es clientelismo y amiguismo. Y así de la misma manera se comporta todo en el ministerio. Si se hace un cambio de escalafón o no, si se permite tomar la licencia en una fecha determinada o no, si se compensan las horas que trabajaste, entre otras situaciones”, afirmó.

Por su parte, Diego Sancho, secretario general de la Afgap, consultado sobre por qué el ministerio podría demorar la firma del preacuerdo dijo que “sabemos que hay diferencias” internas “entre las autoridades”. “Estamos en esta situación de incertidumbre, y desde el sindicato entendemos que es un manejo irresponsable del vínculo entre el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio y los trabajadores organizados del Ministerio; no somos un juguete para que se juegue con nosotros”, sostuvo.

Por no haberse concretado la firma, la Afgap solicitó la intervención de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para que convoque a las autoridades del MGAP a la Dirección Nacional del Trabajo “para que cumpla con la firma del acuerdo negociado, y que el MGAP respete la interlocución con el sindicato para la negociación, que se reestablezcan la bipartita general y la bipartita de salud laboral, y también que se concrete el cese inmediato de las prácticas antisindicales denunciadas”.

Ataques antisindicales y ambiente laboral hostil

En referencia a este tema, Arcuri expresó que el sindicato sabe que “hay presiones en contra de dirigentes sindicales, pero también hay varios funcionarios afiliados que se acercaron al sindicato para expresarnos que han sido objeto de malos tratos por parte de la directora general, Cecilia Beatriz Riera. Esto lo estamos analizando con el asesoramiento de Juan Raúl Williman, para ver qué medidas se van a tomar”.

“Apostamos a que el ministro Alfredo Fratti tome conocimiento de estas situaciones, porque sabemos que el ministro no tiene conocimiento de esto. Que él pueda corregir y terminar de inmediato las prácticas y malos tratos en el ministerio por parte de las jerarquías, para que esto no pase a mayor. Esto viene desde hace un tiempo”, dijo la dirigente.