La Asociación Uruguaya de Abogados Laboralistas (AULA) emitió un comunicado para expresar su “profunda preocupación” por las modificaciones incluidas en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas al Código de lo Contencioso Administrativo. Según plantean, estas modificaciones “suponen una disminución de las garantías de acceso a la justicia y de tutela efectiva de los derechos de las personas frente a la Administración Pública”.
“Preocupa concretamente la derogación del instituto del urgimiento, mecanismo que permite al administrado requerir que la Administración se pronuncie una vez vencidos los plazos legales para resolver peticiones y recursos administrativos. Su eliminación debilita la efectividad del derecho constitucional de petición, reduce las herramientas de las personas para obtener una respuesta de la administración dentro de un plazo razonable”, señalan en el texto.
Asimismo, indican que “generan preocupación las modificaciones que flexibilizan el régimen de notificaciones, disminuyendo las garantías de conocimiento efectivo de las decisiones administrativas y judiciales”. Sobre esto, AULA afirma que las notificaciones “constituyen un presupuesto esencial del debido proceso y del ejercicio efectivo del derecho de defensa, por lo que cualquier debilitamiento de sus exigencias debe ser analizado con la máxima cautela”.
En ese sentido, AULA explica que “resulta especialmente inquietante la propuesta de eliminar el plazo de treinta días previsto en la Ley N.º 18.572 para el estudio de los asuntos en segunda instancia, alterando una solución normativa orientada a garantizar la celeridad en la resolución de los conflictos laborales”.
“La tutela judicial efectiva comprende no solo el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino también el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable. La demora en la resolución de los procesos afecta particularmente a quienes reclaman la efectividad de derechos laborales, materias que por su naturaleza exigen respuestas jurisdiccionales oportunas”, agrega.
Estas modificaciones “son especialmente sensibles en un Estado constitucional y democrático de derecho”, en el que la administración y los órganos jurisdiccionales “deben actuar con pleno sometimiento a los principios de buena administración, debido proceso, tutela judicial efectiva y protección de los derechos fundamentales”.
“AULA exhorta al Poder Legislativo a promover un debate amplio, técnicamente fundado sobre estas modificaciones y a preservar aquellas garantías que fortalezcan el control de la actuación estatal, el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de las personas”, concluye el comunicado.