Tras llevarse adelante la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Funcionarios Registrales (AFRU), teniendo como tema central a tratar el plazo otorgado al gobierno para definir la aplicación de una reestructura y la situación de trabajadoras contratadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el sindicato decidió declararse en preconflicto y mantenerse en asamblea permanente. Los motivos son la falta de “recursos humanos y soluciones definitivas para todos los registros a nivel nacional, a efectos de poder brindar un servicio de calidad y seguro”.
Por intermedio de un comunicado, la organización sindical explica que la regularización de las trabajadoras contratadas por la CND “y la inclusión de las condenas a futuro para todos aquellos trabajadores que tienen resolución judicial no han prosperado por parte del MEC y del MEF, y no fueron recogidas en el proyecto de Rendición de Cuentas para el presente ejercicio, y, lo que es peor, en la misma no existe ni un solo artículo para la Dirección General de Registros (DGR) que beneficie sus recursos humanos o el funcionamiento del propio organismo”.
En ese sentido, la AFRU se manifestó en contra de los “actos modificativos a la ley de creación de los registros públicos, favoreciendo el sector empresarial, acortando plazos, en un organismo donde no tenemos funcionarios o contratos atípicos como en otros organismos”.
Para la asociación, “este hecho se ve agravado pues las funcionarias contratadas a través de la CND tienen contrato firmado hasta el 31 de agosto de 2026 y, a la fecha, no existe solución para cubrir el importe que estos contratos generan hasta diciembre de 2026. Eso hace que la situación de las mismas se vuelva incierta”, expresó. “El gobierno se comprometió ante el gremio y la Dirección General de Registros a mantener y costear los presentes contratos hasta aprobarse la reestructura; por tal motivo, exigimos el cumplimiento”, agregó. Luego de un largo debate, la AFRU, por unanimidad de los presentes, aprobó una única moción presentada a la declaración de preconflicto.
El secretario general de la AFRU, Daniel Fratín, dijo este martes a la diaria que “los servicios registrales vienen desde 2020 sin ingreso a la función pública de ningún trabajador, a pesar de que año a año tenemos entre 20 y 30 compañeros que se retiran. En 2020 eran poco más de 400 funcionarios, y hoy son menos de 200 en todo el país”, señaló, y agregó que durante el gobierno anterior, de 2020 a 2024, se contrataron 57 trabajadores “a través de contratos atípicos, es decir, contratos que se pagan por intermedio de la Asociación de Escribanos y de la CND. Hay dos fuentes de financiamiento diferentes”.
Sostuvo también que “no ha sido intransigente el gremio ni con este ni con el gobierno anterior. Siempre se dio plazo buscando una solución e intentado el diálogo. Lamentablemente, el diálogo se muere en la Dirección General de Registro”. El dirigente dijo que “el sindicato nunca tuvo posibilidad de acceder a las autoridades del MEC, ni siquiera a través de COFE, para intentar obtener un hueco para que se analice y atienda la realidad de los funcionarios registrales”.
Afirmó, además, que “esto se agrava aún más porque el MEC decidió no hacer llamado de concurso durante 2026 y 2027 ni para ingresos ni ascensos. Eso hace que se pierdan entre diez y 20 funcionarios anuales, y hoy en distintos registros, como Río Negro, Treinta y Tres y Rivera, no hay funcionarios registrales, escribanos y administrativos para desempeñar mínimamente la labor registral”.
“En vista de la falta de novedades por parte de la administración con relación a la ya mencionada reestructura y la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, y atento a que los trabajadores contratados por la CND quedan sin contrato de trabajo el 31 de agosto, se resolvió dar plazo al gobierno hasta el 13 de julio para que se habiliten los rubros económicos para dar continuidad laboral a los funcionarios de la CND, hasta que definitivamente se efectivice la implementación de la reestructura”, comentó.
Adelantó que si en la fecha establecida no se brindan soluciones por parte del gobierno, se tomarán medidas distorsivas del servicio, ya sean “intermitentes y diferenciadas, o no atendiendo público en ninguna de las oficinas registrales. Se realizarán tareas internas y solo vencimientos y caducidades, además de facultar a la mesa directiva a agravar o levantar las medidas de acuerdo al avance o no de las negociaciones”.