Una de las consignas destacadas por este gobierno es haber cumplido su promesa de reducción de impuestos, basado en la modificación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que promovió la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en marzo de 2023.
En lo que refiere al IRPF, las modificaciones implicaron un aumento de la tasa de deducciones del 10 al 14% para los contribuyentes con ingresos menores a 180 bases de prestaciones y contribuciones (BPC) anuales, mientras que para quienes superen esa cifra se amplió de 6% a 8%. Asimismo, la tasa de devolución por arrendamiento pasó de 6% a 8% y la deducción por hijos menores a cargo pasó de 13 a 20 BPC.
Por otra parte, el IASS elevó el límite del mínimo no imponible a 108 BPC anuales de ingreso, lo que benefició de forma inmediata al 100% de los pasivos y se exoneró del pago de dicho impuesto a un 11% de los pensionistas.
Sin embargo, desde la oposición se recuerda que el período de gobierno actual comenzó con el aumento indirecto de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) luego de que se redujera la exoneración de cuatro a dos puntos de ese impuesto en las compras con tarjetas de débito.
De hecho, este impuesto es el que más ha avanzado en términos de recaudación. De acuerdo con el boletín estadístico al cierre de 2023 de la Dirección General Impositiva (DGI), mientras que en 2019 representaba un 8,61% del producto interno bruto (PIB), para 2023 alcanzó un 9,58%. Si se tiene en cuenta el Imesi, la totalidad de los impuestos al consumo pasaron de significar una evolución del 10,4% del PIB en 2019 a 11,38% en 2023.
Además, esto implicó un aumento de recaudación en términos reales, ya que lo recibido por el Estado por este concepto pasó de 318.328 millones de pesos constantes a 341.193 millones de pesos entre 2019 y 2023, un aumento de recaudación en el entorno de los 1.000 millones de dólares.
Además, a finales de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso que el método de cálculo de la BPC a partir de enero de 2021 pasara de regirse por la evolución del índice de precios al consumo (IPC), como ocurría desde 2012, a realizarse por medio del índice medio de salarios (IMS). Esto se dio en un contexto de pérdida de salario real por primera vez en 15 años, debido al aumento del IPC a niveles por encima de la evolución del IMS. Esta medida está prevista en el artículo 3 de la Ley 17.856 de 2004, que creó la BPC.
El cambio implicó que los límites del mínimo no imponible del IRPF y el IASS tuvieran un aumento menor al previsto en caso de mantenerse el criterio anterior, lo que representó una caída en términos reales de -1,6%, por lo que más trabajadores y pasivos pasaron a pagar este impuesto. También repercutió en un aumento de la tasa efectiva de aporte de aquellos que estaban comprendidos en algunas de las franjas. Asimismo, implicó una reducción del gasto, ya que se redujo el hipotético aumento de diversas prestaciones sociales que se ajustan por esta base, lo que también repercutió en el ingreso de los hogares.
De acuerdo con lo consignado por el economista Gustavo Viñales en un posteo de la red social X, mientras que en 2021 hubo 447.746 trabajadores que aportan rentas por trabajo, en 2022 esta cifra ascendió a 485.131, lo que significó que se pasará de 33% a 35% del total de trabajadores que abonan IRPF.
En términos generales, el IRPF pasó de tener un peso 3,54% en relación con el PIB en 2019 a representar 3,67% en 2023. Entre 2020 y 2021, se dio una caída abrupta de este guarismo, al pasar de 3,62% al 3,33%, explicado por la caída de la recaudación en el IRPF de categoría II, es decir, surgida de las rentas al trabajo. Esta reducción es explicada en parte por la caída del salario real y el empleo en período de pandemia. La recaudación por categoría I, aquellas derivadas del capital, sufrieron un leve aumento.
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