El último martes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concurrió a un acto por la finalización del realojo del asentamiento Barrio Kennedy, que implicó el otorgamiento de viviendas a más de 500 familias, en el que dijo que es “la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos”. Sin embargo, desde la oposición salieron al cruce, reeditando una discusión que ya había ocurrido en otras instancias en el correr de esta campaña electoral.

En esta ocasión se trató de una afirmación de Lacalle Pou, que compartió un acto con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, pero antes había sido el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien se había referido al tema y había señalado que el Frente Amplio había finalizado el gobierno con 218.000 personas viviendo en asentamientos. Esta cifra no surgía de un censo, sino de un estudio elaborado por la ONG Techo, que presentaba cinco escenarios distintos mediante una aproximación estadística, de los que Delgado eligió los números más desfavorabes.

El gobierno establece como punto de partida la cifra de 684 asentamientos surgida del Registro Nacional de Asentamientos Irregulares (RNAI) creado en 2023, que señala ese registro para marzo de 2020. Se afirmó esto en diversas entrevistas de las últimas semanas por la directora de integración social y urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Florencia Arbeleche. Sin embargo, el informe mencionado aún no se ha hecho público.

De acuerdo con lo informado a la diaria Verifica por esa cartera, la RNAI trabaja a partir de las cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el MVOT, los gobiernos departamentales y el Sistema Público de Vivienda a partir de 2006.

Asimismo, señalaron que esa cifra es una “estimación”, ya que aún “se continúa actualizando el registro” y esperan que el informe definitivo de la RNAI se publique en las próximas semanas.

Los datos disponibles

El primer dato respecto de la cantidad de asentamientos a nivel nacional se elaboró a partir del relevamiento de asentamientos de 2006. Estos estudios implican primero una cartografía del territorio ocupado por asentamientos irregulares (AI), para luego contabilizar mediante un censo las viviendas y las personas que las habitan. En aquel entonces, el MVOT contabilizó 662 asentamientos, conformados por 49.263 viviendas y 179.545 personas.

Esta experiencia fue replicada en 2011, y de acuerdo con ese relevamiento la cifra de asentamientos se redujo a 589, una caída del 11% en cinco años. Por otra parte, el número de viviendas descendió a 48.708 (-1,1%) y la cantidad de personas habitando los asentamientos se redujo a 165.271 (-8,0%).

Por otra parte, un informe técnico del MVOT de 2018 sobre asentamientos recientes detectó un aumento de 45 asentamientos (7%) respecto del relevamiento de 2011, lo que dio un total de 607. Los departamentos con mayor aumento fueron Salto con 38%, Rivera con 27%, Florida y Tacuarembó con 25%, y San José y Canelones con 11%.

Desde entonces no se han difundido estudios similares que revelen la cantidad exacta de asentamientos. Se espera que esta cifra sea aportada por el último Censo Nacional de 2023, aunque la publicación de los datos se realizaría recién a fines de este año.

El relato respecto del supuesto descenso de asentamientos se basa en la implementación del Plan Avanzar, un programa anunciado en 2022 y que implicaría una inversión de casi 500 millones de dólares para la intervención en más de 15.000 viviendas. Cuando Lacalle Pou anunció el programa, estimó la cantidad de asentamientos en el entorno de 600, de los cuales unos 120 serían alcanzados por las intervenciones.

Si bien este plan fue presentado como un logro por los spots de campaña de Álvaro Delgado, de acuerdo con datos del MVOT presentados ante la comisión parlamentaria de vivienda en mayo, la mayoría de las intervenciones no habían finalizado. Solamente se habían concretado 21 proyectos heredados de la anterior administración, cuya ejecución había estado suspendida entre 2020 y 2021. De los restantes, 55 estaban en obra, aunque su nivel de ejecución era bajo, otros 26 estaban en proceso de licitación y otros 19 en etapa de anteproyecto.