Luego de que se conocieran las primeras designaciones para la integración del equipo de seguridad del próximo gobierno de Yamandú Orsi, funcionarios de la actual administración cuestionaron algunos de los nombres que sonaron como posibles jerarcas. El ex director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, afirmó a través de un posteo en la red social X que Alfredo Clavijo, “el próximo jefe de Policía de Montevideo, está imputado” por los traslados del narcotraficante italiano Rocco Morabito para encontrarse con el colega Gerardo González Valencia.
Sin embargo, esto no es correcto, ya que Clavijo fue citado a declarar en calidad de indagado. Por este caso solamente fue imputada una persona, un capitán de la Guardia Republicana que fue sobreseído en noviembre de 2023 por la actual fiscal del caso Silvia Porteiro.
Esta afirmación también fue realizada por el senador Jorge Gandini, quien solicitó información a Fiscalía por dicha imputación, que nunca existió. Gandini afirmó en un acto del Partido Nacional (PN) que Clavijo fue “procesado” y que “nadie se había enterado”. Ante la aclaración de Clavijo y un comunicado de Fiscalía General de la Nación, el legislador solicitó disculpas y adujo que su error fue producto de información errónea proporcionada desde las autoridades del PN.
Calabria reiteró el error hoy al afirmar en otra publicación que el designado Secretario de Inteligencia, Mario Layera, también “está imputado” por los traslados que le hicieron a Gerardo González Valencia, que habrían facilitado que se encontrara con Morabito.
La Fiscalía investigó los traslados del narcotraficante mexicano González Valencia previo a su extradición a Estados Unidos en junio de 2020. El recluso era llevado del comando de la Guardia Republicana a Cárcel Central, donde se ubicaba el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
González Valencia solicitó tener visitas conyugales, pedido que fue trasladado al director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, quien a su vez derivó la decisión a la dirección del INR alegando razones de seguridad. Desde allí remitieron la decisión al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El Ministro, junto al entonces director nacional de Policía, Mario Layera, decidieron que el mejor lugar para realizar las visitas fuera el CIDD de Cárcel Central.
La jueza que autorizó los traslados de González Valencia para sus visitas conyugales en Cárcel Central, Beatriz Larrieu, confirmó a la diaria Verifica que ni Clavijo ni Layera estuvieron luego imputados por la investigación que llevó a cabo el fiscal original del caso, Ricardo Lackner, y recordó que el único al que le recayó esa condición ya fue sobreseído luego por Porteiro. La autorización concedida por Larrieu a Gonzáez Valencia fue en 2016, un año antes de que Morabito fuera detenido.