El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó la cifra de suicidios de 2023, que por primera vez arrojó una baja respecto del año anterior: 754 suicidios, un 8,4% menos con relación a 2022.

Consultado por la diaria Verifica, el sociólogo Pablo Hein señaló que esa baja puede deberse a que hay “una baja de la globalidad de la carga de muerte” en Uruguay. En 2023 hubo 34.000 muertes, una disminución considerable respecto de los 39.500 de 2022 y los 41.000 de 2021.

“Este año volvimos a la normalidad y descendieron todas las muertes. Ahí también cayó el suicidio”, explicó Hein, para quien la baja acompaña la caída de la mortalidad general en el entorno del 13%. Además, destacó que Uruguay sigue teniendo un altísimo nivel de suicidios y que esta baja no es motivo de festejo: “Si fumás 50 cigarros y bajaste cinco, no estás dejando de fumar”.

Al analizar causa y efecto, Hein señaló que deben pensarse las cosas en “términos demográficos y de trayectos de vida”. También cuestionó las palabras de Alejandra Moreira, directora del Programa de Salud Mental del MSP, quien durante la presentación de los datos señaló que las tasas más altas de suicidios se dan entre los mayores de 75 años y adolescentes, grupos etarios a los cuales definió como “poblaciones de riesgo” para las que hay que pensar “políticas focalizadas”. En el mismo sentido se había expresado la senadora Irene Moreira, ex ministra de Vivienda y dirigente de Cabildo Abierto, quien durante una sesión parlamentaria a mediados de mayo había atribuido la alta tasa de suicidios de Uruguay a la vejez de su población.

Hein sugirió “mirar el contexto” y tomó los casos de Chile y España, ambos países con una población más envejecida que la de Uruguay, para comparar: en Chile la tasa de suicidios es de 11,7 cada 100.000 habitantes y en España es de 8,45, mientras que en Uruguay alcanza los 21,4 suicidios cada 100.000 habitantes.Es más del doble que el promedio de América Latina, nueve de cada 100.000.

En relación con la tendencia, si bien el dato es mejor que otros años, advirtió sobre no hablar de tendencias con el dato de un único año. También señaló que otro elemento a tener en cuenta en la lectura de estos datos es la evolución de las muertes por causas no definidas. “Este país tenía históricamente un 7% de muertes sin codificar. Hoy en día, ese porcentaje es el 13%. Pasó en los últimos diez años”, afirmó. De acuerdo a datos del MSP, en 1997 se contabilizaban unas 1.986 defunciones por “síntomas, signos y hallazgos, no clasificados”, esta cifra alcanzó 4.894 al cierre de 2022.

Por su parte, Gabriela Novoa, que fue adjunta a la Dirección de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud del Estado entre 2011 y 2015, alertó que aún siguen habiendo en el entorno de dos suicidios por día y esto es algo “sumamente doloroso”.

Sobre las causas que pudieron haber incidido en esta baja del indicador, Novoa señaló que es “un enigma” y que a pesar de que Uruguay es un país con buenas estadísticas, no se ha logrado analizar la singularidad de cada caso.

“Sabemos dónde, cuándo y cómo se suicidan las personas, pero no profundizamos en quiénes eran realmente, cómo vivían, cuáles podrían haber sido los desencadenantes que lo precipitaron, cómo se relacionaban con otras personas o qué problemas tenían. En este asunto nunca hay una sola explicación”, remarcó Novoa.

No obstante, la psicóloga afirmó que conocemos los factores que permiten inferir aquellas personas que pueden estar en riesgo: intenso sufrimiento psíquico, tener más de 75 años, sentirse o estar aislado, sentimiento de no pertenencia o exclusión, dificultad para pedir ayuda y reconocer la necesidad de ella. “Todo esto se da en una cultura donde abunda la precariedad, se fomenta el individualismo, se promueve el éxito y el alto rendimiento, lo que hace más difícil lidiar con el dolor”, señaló.

Para Novoa hubo avances en materia de política pública que han permitido hacer una detección más oportuna de situaciones de riesgo, pero no existe la intención de involucrar a otras disciplinas y que su trabajo está “encapsulado” en la órbita sanitaria.

“Los países que han logrado bajar las tasas de suicidio lo han hecho con estrategias de prevención primaria eficaces y multicomponentes, en las que intervienen servicios de salud, sociales y organizaciones civiles”, explicó, y bregó por “una estrategia de atención de salud mental con un modelo comunitario, colectivo y una atención interdisciplinaria”.

Por último, Novoa dijo que hay deudas en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental 19.529 promulgada en 2017. No se ha cumplido con la creación de la red de servicios diversificados de salud mental ni el cierre de los hospitales psiquiátricos, previsto para antes de 2025, así como la implementación de un modelo de atención multidisciplinario y enfocado en los derechos humanos, ejemplificó.