El 8 de abril, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expuso ante empresarios en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, y, en un balance sobre los desafíos que enfrenta la gestión económica, reparó en el alto déficit fiscal heredado de la administración anterior.

El ministro señaló que el frente fiscal representa “un desafío” para la política económica y que el resultado informado por las estadísticas oficiales del balance del Gobierno Central-BPS arrojó un déficit en torno al 3,3%. “Pero nosotros, con base en estimaciones que hemos hecho a partir de que asumimos, decimos que el déficit fiscal medido es, en realidad, 3,8%. Es medio punto superior a lo que las estadísticas oficiales muestran”, advirtió Oddone.

Según dijo, esta diferencia correspondía a compromisos asumidos por el gobierno anterior y que deben cumplirse en este primer año de gobierno. Del total, unos 160 millones de dólares corresponden a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en su mayoría por gastos impagos de la obra del Ferrocarril Central y pagos de obras de viabilidad bajo la modalidad de Participación Público Privada. Además, se adicionan 100 millones de dólares de deudas a proveedores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y un 0,1% del producto interno bruto (PIB) correspondiente a adelanto de impuestos.

Sin embargo, el resultado fiscal consolidado del sector público informado por la administración de Luis Lacalle Pou fue de 4,2% al cierre de 2024, mientras que de acuerdo a Oddone esta cifra sería, en realidad, de 4,6%, de sumarse los haberes impagos. “Es el resultado fiscal como porcentaje del PIB más elevado en 35 años”, dijo el ministro.

Al analizar la serie completa difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas, y contrastada con los datos del Instituto de Economía de la Universidad de la República, el período de mayor déficit fiscal fue 1982, año en que el déficit fiscal cerró en 18,2% luego de que en noviembre se produjera el “quiebre de la tablita”, régimen cambiario imperante entonces y que funcionaba con tasas de devaluación prestablecidas por el gobierno. A partir de entonces el déficit fue disminuyendo paulatinamente, si bien se mantuvo alto hasta 1989 al cerrar en 6,4%.

En 1990 asumió el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que llegó con un programa de ajuste fiscal y reducción del gasto público, con aumentos de dos puntos del impuesto al valor agregado (IVA), incremento del impuesto a la renta, suba de combustibles y aumentos transitorios de todo el arco de impuestos menores y tasas. Esto indujo a que el déficit tuviera una gran reducción y cerrase en 2,4% ese primer año, e incluso se lograse un superávit de 0,5% en 1991. No obstante, la situación no se sostuvo y el déficit alcanzó el 2,8% del PIB en 1994.

Apenas inició su segundo mandato, y amenazado por el “efecto tequila” de la crisis mexicana de 1994, Julio María Sanguinetti implementó un nuevo ajuste fiscal en el que se aumentaron el IVA, los impuestos a sueldos, las jubilaciones y pensiones y el Imesi, así como el aumento de las tasas de aporte a la seguridad social. Esto retrajo el déficit a menos de un punto del PIB, pero el comienzo del período recesivo en 1999 llevó el déficit hasta 3,74% al finalizar 2002. El gobierno de Jorge Batlle estuvo marcado por una serie de ajustes fiscales que se sucedieron hasta 2003, en el que se aumentó el IVA, el IRP, el Imesi, la tasa consultar, se creó el Cofis y se aumentaron una serie de impuestos en función de la actividad económica.

Este aumento de la recaudación y el alto crecimiento económico anual luego de 2003 llevaron a que el déficit se redujera a 0,6% del PIB a final de 2005, primer año de los gobiernos del Frente Amplio (FA). En julio de 2007 entró en vigencia la Ley 18.083 de Reforma Tributaria, que derogó una serie de tributos y creó el impuesto a la renta de personas físicas (IRPF) en reemplazo del IRP, con la novedad de tasas progresivas en función de los ingresos. El déficit se mantuvo estable durante el primer quinquenio, pero el aumento del gasto público durante el gobierno de José Mujica llevó el déficit al 3,17% al final de 2014.

El tercer gobierno del FA comenzó con una serie de luces rojas, como la desaceleración del aumento del ritmo económico y el incremento de la inflación, que se sumaron al alto déficit. Esto derivó en que el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, anunciara un aumento en las franjas de IRPF e IASS y modificaciones al IRAE, en un ajuste que denominó “consolidación fiscal”. Sin embargo, esto no fue suficiente para aumentar la recaudación y el déficit cerró en 4,2% al final de 2019.

La administración de Lacalle Pou llegó al gobierno con la promesa de reducir el déficit al 2,5% al finalizar el mandato, sin embargo, en su primer año debió afrontar los gastos extraordinarios producto de la crisis económica en el marco de la emergencia sanitaria, y el indicador se agravó hasta el 5,7% en 2020. Si bien fue reducido durante los dos años siguientes, el descenso no fue sostenido y en 2024, último año de gobierno, cerró en 4,18% del PIB, casi al mismo nivel que cinco años antes.

No obstante, y de acuerdo a la presentación realizada por Oddone durante su comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Senado, el gobierno dejó una serie de gastos impagos que deberán ser asumidos este año y que no estuvieron contemplados en el último balance. Entre los gastos postergados, además de los 160 millones de dólares en la órbita del MTOP y los 100 millones de dólares de ASSE, se suman otros 100 millones de dólares en otros organismos. A esto deben adicionarse otros 610 millones dólares de gastos comprometidos al ejercicio 2025. Asimismo, se adelantaron 74 millones de dólares en impuestos, desglosados en 30 millones de dólares de Imesi aportados por Ancap y 44 millones de dólares aportados por UTE. Este concepto representa otro 0,1% del PIB.

Si se tienen en cuenta estos elementos, el resultado global del gasto público de 2024 cerró con un déficit del 4,6% del PIB y fue el peor resultado de un último año de gobierno en 35 años, sólo superado por el balance de 1989, último año del primer gobierno de Sanguinetti.

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