Con el anuncio reciente de que Carolina Ache y Beatriz Argimón serían propuestas como embajadoras uruguayas en el extranjero, el gobierno despertó un viejo debate sin resolución. Ache sería enviada a Portugal, mientras que Argimón sería la representante del país ante la Unesco, lo que provocó una serie de roces tanto en el oficialismo como en la oposición por las suspicacias que generó la elección de ambas políticas.

El senador del Partido Comunista Óscar Andrade manifestó que “le cuesta entender” cuáles son los argumentos para designar a Ache, que fue una actora involucrada en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset. Por su parte, el senador socialista Gustavo González afirmó que él daría “todos los cargos a frenteamplistas” y que “la gente dijo que hay que hacer un cambio”. Asimismo, desde el Partido Nacional expresaron malestar con Argimón por su disposición a aceptar el puesto ante Unesco, y la senadora Graciela Bianchi llegó a acusar a su correligionaria de “operar con el Frente Amplio [FA]” durante los cinco años de gobierno multicolor. En el caso de Ache, tampoco cuenta con el aval de su propio partido, ya que el senador colorado Pedro Bordaberry manifestó a través de su cuenta de X su negativa a acompañar la venia por entender que “afecta al Servicio Exterior y su profesionalización”.

Por este motivo, Bordaberry presentó en febrero de 2015 un proyecto de ley para topear en un máximo de cinco cargos de embajador, que podían ser ocupados de forma simultánea por designaciones políticas. La propuesta nunca pasó por el estudio de la comisión parlamentaria durante toda la legislatura. Durante el primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se incluyó en el proyecto de la Ley de Presupuesto un artículo que topeaba a un máximo de 15 los cargos políticos en Cancillería, sin embargo, el proyecto no fue aprobado.

La designación de cargos de particular confianza en el Servicio Exterior está prevista en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, que establece que para nombrar a los jefes de misión será obligatorio “solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente hallándose aquella en receso”. En caso de que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución dentro de los 60 días, el Poder Ejecutivo podrá prescindir de la venia solicitada. Asimismo, los cargos de embajadores y ministros del Servicio Exterior son considerados “de particular confianza del Poder Ejecutivo”.

Durante el gobierno de Jorge Batlle, el máximo de embajadores políticos se topeó en cinco por el decreto 481/2002 del Poder Ejecutivo, cifra que, a finales de esa administración, se aumentó a diez, mediante el decreto 61/2004. Previo a esta normativa, el gobierno colorado contaba con 17 embajadores de confianza política, habilitado por un decreto-ley de la dictadura, vigente hasta entonces, que estipulaba un máximo de 20. No obstante, a comienzos del primer gobierno del FA se emitió el decreto 146/2005, que restituyó ese límite y que generó el rechazo de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior en ese momento.

Durante el gobierno de José Mujica, el máximo de embajadores políticos designados fue 19, luego de que el entonces canciller Luis Almagro manifestara, a comienzos de la administración, su intención de que no se superaran los 12 embajadores en esa condición.

En 2015 se dio el antecedente más próximo en que un gobierno ofreció una jefatura de misión a un integrante de la oposición, cuando Tabaré Vázquez propuso al exvicepresidente colorado Luis Hierro López como embajador en Perú. Sin embargo, la negativa de Rodolfo Nin Novoa de designar a Rosario Portell, persona de confianza de Lucía Topolansky, derivó en que la bancada del Movimiento de Participación Popular no acompañara la venia de Hierro López, que contó además con la negativa de Vamos Uruguay, liderado por Bordaberry.

Anteriormente, durante la transición previa a la primera administración de Vázquez, el entonces presidente electo había ofrecido la representación ante Estados Unidos a Jorge Batlle, el presidente saliente, pero el tema no llegó a tratarse en el Parlamento, ya que el exmandatario rechazó la propuesta.

En la nueva administración de Yamandú Orsi se volvió a reiterar esta situación, en la que el oficialismo “cede” espacios a representantes de la oposición para ocupar cargos diplomáticos. De acuerdo a lo señalado por el actual canciller, Mario Lubetkin, de las 28 embajadas uruguayas, sólo diez serán lideradas por cargos de confianza política. Entre ellas se encuentra la designación del exvicepresidente y excanciller Nin Novoa, que fue destinado a Brasil, y Diego Cánepa, que irá a Argentina. En el caso de Ache y Argimón, no sería necesario contar con el aval de la oposición, ya que el FA cuenta con mayoría propia en el Senado.