En la última semana circularon en redes sociales una serie de datos que cuestionan los resultados del sistema educativo respecto al nivel de inversión realizado por el Estado uruguayo en esa materia. Los posteos retoman los datos de un estudio publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) a mediados de mayo y fue ampliamente difundido entre los usuarios, especialmente del espacio liberal o afines a la Coalición Republicana.
“Uruguay destina el 17,3% del presupuesto a educación, el porcentaje más alto de toda la muestra internacional analizada por el CED”, señala una de las publicaciones y afirma que la “tasa de graduación de secundaria está entre las tres peores de América Latina”.
Inversión en educación versus resultados
Según el informe “El peso del Estado en Uruguay” del CED, el país destina a la educación una proporción de recursos públicos significativamente superior a la de los países con los que suele compararse, pero los resultados obtenidos no reflejan el esfuerzo presupuestal. El documento señala que el país asigna el 17,5% del total de su gasto público al sector educativo, la cifra más alta de toda la muestra analizada, por encima del promedio de los países de la OCDE (11,8%), de Chile (16,1%) y de los países europeos considerados en la comparación.
Sin embargo, el CED advierte que el desempeño educativo continúa mostrando problemas. En las pruebas PISA de 2022, Uruguay obtuvo 409 puntos en matemática, lejos de los 472 puntos del promedio de la OCDE, y quedó por debajo de Chile en las tres áreas evaluadas. Los autores del estudio consideran que estos datos evidencian una brecha entre el nivel de inversión y los resultados alcanzados por el sistema educativo.
El informe también cuestiona la idea de que los problemas educativos se expliquen exclusivamente por falta de recursos. Entre 2003 y 2019, el gasto por estudiante de educación secundaria, medido en dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA), pasó de 937 dólares PPA a 3.930 dólares PPA. En el mismo período, la tasa de egreso de la educación media aumentó de 33% a 43%, mientras que en 2024 se ubica en torno al 52%. Esto implica que casi la mitad de los jóvenes uruguayos aún no completa la educación obligatoria, una cifra que permanece muy por debajo de la meta oficial de 75%.
En lo que respecta a la región, Uruguay gasta por alumno un 37% más que el promedio de América Latina, pero se gradúa alrededor del 42% de sus estudiantes de educación secundaria, mientras que Chile supera el 85%. De acuerdo con el informe, el país se encuentra entre los tres con menor nivel de graduación de la región, solo por encima de Guatemala y Honduras, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas educativas y la capacidad del sistema para transformar mayores recursos en mejores resultados.
De acuerdo a los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 2024 el presupuesto estatal fue de 955.240 millones de pesos, de los cuales 157.105 millones, un 16,45% fue destinado a educación. Esta cifra se mantuvo relativamente estable en los últimos 15 años, ya que en 2011 ese guarismo se ubicaba en 16,9% del total del presupuesto estatal.
No obstante, si se analiza la evolución del nivel de egreso en las últimas dos décadas, algunas estadísticas podrían arrojar resultados alentadores. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que en el año 2006 apenas el 32,5% de los jóvenes de entre 21 y 22 años había completado la educación media superior (EMS), ese porcentaje se había elevado a 52,2% en 2023.
Los avances más notorios se dieron en los quintiles de menores ingresos. Los jóvenes de esa franja etaria con EMS completa correspondiente al primer quintil evolucionaron de 8,2% a 25,4% en igual período, mientras que en el segundo quintil pasaron de representar el 17,9% a 43,9%.
Similar tendencia atravesó el conjunto de jóvenes de entre 14 y 15 años con educación media básica completa, que entre 2006 y 2023 pasó de representar el 63,3% a 83,8% del total.
Inversión en seguridad
La misma lógica se observa, según el estudio del CED, en el área de seguridad pública. Uruguay destina el 6,5% de su presupuesto a funciones de orden público y seguridad, una proporción considerablemente superior al promedio de los países de la OCDE, que se ubica en 4,1%. Pese a ese esfuerzo fiscal, los indicadores de criminalidad no muestran una evolución favorable.
El informe destaca que la tasa de homicidios pasó de 7,8 cada 100.000 habitantes en 2012 a 10,7 en 2022, lo que representa un aumento de 37%. Si bien el indicador mostró oscilaciones en los años siguientes, en 2025 se mantenía cerca de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra continúa por encima de la registrada en otros países de la región, como Chile (6,4), Argentina (4,6) y Paraguay (7,8).
Los autores subrayan que el incremento del gasto no se tradujo en mejoras proporcionales en los resultados de seguridad. De hecho, recuerdan que el propio Ministerio del Interior reconoció públicamente en 2025 que el presupuesto destinado al área “se ha más que duplicado en veinte años” sin alcanzar los objetivos esperados. La cartera atribuyó esta situación a un problema de “calidad del gasto”, es decir, a las dificultades para transformar mayores recursos en mejores niveles de seguridad para la población.
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