Fue un fin de semana de reflexión para el fiscal de Corte, Juan Gómez, y de incertidumbre para la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de las distintas investigaciones del caso Astesiano. La serie de acontecimientos de los últimos días podrían culminar en un traslado de Fossati de la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, una “posibilidad real” a consideración de Gómez. Este lunes ambos mantendrán una reunión a las 11.00.

Luego de que se divulgase un audio de cinco minutos en el que Fossati dice, entre otras cosas, que no está dispuesta a “inmolarse”, de la certificación médica de Fossati, de la intervención del fiscal subrogante Fernando Romano, de la intempestiva recuperación de Fossati y de la discusión final entre ambos –que terminó con una denuncia administrativa por violencia de género–, y, en el medio, de la denuncia de la defensa de Gustavo Leal contra Fossati, Gómez manifestó que “han surgido una serie de situaciones que, como director del servicio, tengo que tener muy en cuenta en el momento de adoptar resoluciones”. En una entrevista con Canal 5, el fiscal de Corte dijo que existe una “posibilidad real” de trasladar a Fossati.

Según informó El Observador, el sábado Fossati le envió un correo a Gómez con “evidencias e indicios” respecto del caso de Leal, investigado por un presunto delito de encubrimiento tras reunirse con familiares del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano. En diálogo con El Observador, Fossati consideró que “ahora sí” no sería “conveniente” su apartamiento de la investigación, ya que “podría generar una idea manifiestamente incorrecta a la ciudadanía y porque las investigaciones han sido perfectas y ajustadas a las normas”.

En una entrevista con El País, Gómez confirmó la existencia del correo, aunque expresó que “no corresponde que se maneje así un fiscal”. “Nunca le pedí que me diga qué evidencias tiene o deja de tener. Ni es buena esa situación en un Estado de Derecho. Conmigo las cosas no son así”, manifestó.

Charles Carrera: “No estamos hablando de lo principal”

Por otra parte, además de la reunión entre Gómez y Fossati está previsto que esta semana declaren tres personas asociadas al presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. Según supo la diaria, declararán el exgerente general de Vertical Skies para Uruguay, el militar retirado Marcelo Acuña; el militar retirado Mario Fraud, señalado por Acuña como el responsable del pedido de espionaje; y un policía que habría ofrecido información sobre Carrera a Astesiano y que hasta ahora nunca había sido convocado por la Fiscalía. En principio, la audiencia sería el próximo jueves 23 de marzo.

En diálogo con la diaria, Carrera expresó su interés en que, al margen de la continuidad de Fossati, la Fiscalía como institución “vaya hacia la verdad material”. A modo de ejemplo, indicó que Astesiano fue condenado por un delito de asociación para delinquir, lo cual “no es algo unilateral, sino que existen otros personajes que cumplen diferentes roles”. “Astesiano ha hecho referencia a un jefe, entonces, hay que averiguar quién es el jefe”.

Asimismo, el senador del Frente Amplio señaló el proceso de licitación de UTE para adquirir un dron y un software para la inspección de líneas eléctricas, que ganó Vertical Skies a través de su representante Lunacar SA. “Ahí se habla de una coima de 150.000 dólares que iba a percibir Astesiano; hay que profundizar esa investigación”, afirmó.

Carrera también recordó el “conjunto de licitaciones” en las cuales el exjefe de seguridad presidencial “hacía tráfico de influencias”. A su entender, la Fiscalía debería “citar a los empresarios para averiguar si pagaron coimas, porque eso es un delito, se llama cohecho”. Asimismo, señaló los casos de seguimiento a estudiantes de secundaria del liceo 41 y al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Al respecto, el abogado de Abdala, Luis Acosta Ibarra, dijo a la diaria que después de que la Fiscalía “actuó de oficio” y citó a declarar como testigo al presidente del PIT-CNT, no hubo ningún avance en la investigación. “La propia fiscal dijo que no veía hechos de apariencia delictiva”, apuntó, y comentó que, tras acceder a la carpeta de evidencia, están analizando la posibilidad de “solicitar alguna prueba complementaria, coadyuvando a la investigación”.

Carrera afirmó que “la utilización de los servicios de seguridad pública para hacer seguimiento de personas” supone un “abuso de autoridad” y, por lo tanto, “hay delitos”. “La utilización del aparato del Estado para hacer seguimiento a opositores se tiene que investigar, porque si no la sensación que existe en la sociedad, la sensación que existe en los padres de los gurises del liceo 41, es una sensación de impunidad y desprotección”.

Lamentó que desde “hace más o menos unos 30 días” se hable de “elementos que muchas veces no tienen nada que ver con la causa principal”, en referencia al caso de Leal, y de “situaciones” de la fiscal Fossati. “No estamos hablando de lo principal, que son las diferentes dimensiones de esta terrible causa de corrupción pública”.