Proyecto Neptuno: Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias expresa que no se cumplió “el derecho a la participación real, efectiva y vinculante”

La Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias emitió una declaración en la que rechazan el proyecto Neptuno. Expresan que no se cumplió “el derecho a la participación real, efectiva y vinculante” en el proceso de planificación de la nueva planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, y recuerdan que todavía no se ha realizado un estudio de impacto ambiental.

“El agua es un derecho humano, de acuerdo al artículo 47 de la Constitución, y corresponde que haya participación ciudadana en la planificación y gestión del agua. Asimismo, no ha habido acceso a la información para evaluar los impactos ambientales y territoriales del proyecto en la costa de Arazatí, el acuífero Raigón y el Área Protegida Humedales de Santa Lucía”, señalan.

Los docentes consideran de “suma importancia” garantizar “el cumplimiento de las leyes y el cuidado del derecho al acceso a un bien común, como es el agua”. En la misma línea, explican que existe evidencia generada por investigadores de la Facultad de Ciencias que advierte que es esperable el “registro de eventos de salinidad extendidos por encima del umbral” de potabilidad en Arazatí, donde se instalará la iniciativa.

Al mismo tiempo, informan que otro estudio a cargo de investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales encontró “el aumento de floraciones (incluyendo cianobacterias) en la costa uruguaya y en especial durante el verano en Arazatí”.

En la misiva también resaltan que el proyecto aprobado “privilegia” a privados, “trasladando costos que se verán reflejados en la factura de OSE”. “El privado seleccionado se encargaría de la construcción de la planta, la operación y también mantenimiento por 30 años. Esto sería violatorio del artículo 47 de la Constitución. El derecho al agua, garantizado en la reforma constitucional de 2004, implica que se valora el agua como valor social y no como mercancía. Según el mismo artículo, el suministro de agua potable es competencia del Estado”, apuntan. A su vez, recuerdan que la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó a Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y OSE “no innovar ni continuar” con el llamado a licitación pública referida al proyecto Neptuno. De optar por continuar el proceso, se indicó en la resolución que se deja en segundo plano “el conjunto del cuerpo normativo internacional y nacional sobre el derecho humano al agua”.

Recuperar el río Santa Lucía

Unas semanas atrás, la diaria informó que un grupo de 17 paleontólogos y paleontólogas de la Facultad de Ciencias y el Museo Nacional de Historia Natural manifestaron su preocupación por la zona en que se instalará el proyecto Neptuno, ya que es de gran valor para la ciencia.

Asimismo, otro grupo de 12 investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este(CURE) también hizo público un manifiesto. Allí ponen a disposición sus conocimientos “para contribuir a buscar soluciones que promuevan la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio”. Definen que en el sur del país se experimenta una “creciente vulnerabilidad” en el abastecimiento de agua potable, que pone en riesgo la “soberanía nacional en el uso y acceso a agua de calidad”. Luego de un análisis preliminar, sostienen que existen “tres grandes ejes prioritarios para construir medidas tendientes a mitigar la problemática”.

El primer eje gira en torno a “mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular, la cuenca del río Santa Lucía”. Sin rodeos, afirman que “la situación ambiental de muchas de las cuencas hidrográficas interiores del Uruguay es de franco deterioro, acompañada de una pérdida de biodiversidad, que a su vez podría reflejarse en una reducción de su capacidad de autodepuración. Las causas de esta problemática ambiental están científicamente establecidas: las deficiencias en el saneamiento y tratamiento de efluentes, y las prácticas imperantes de producción agropecuaria altamente demandante de insumos químicos”.

Además, ponen sobre la mesa recomendaciones para la cuenca del río Santa Lucía, fuente de donde se abastece 60% de la población del país. Los investigadores e investigadoras expresan que se debe “evitar ingresar en un proceso de abandono de la gestión ambiental”. Para lograrlo, es prioritario “acelerar y profundizar” el cumplimiento de medidas, como “establecer un plan de ordenamiento de los usos de la cuenca que priorice el abastecimiento de agua potable, implementando restricciones ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas actividades que no son compatibles con esta prioridad”; “implementar urgentemente el saneamiento de ciudades ribereñas (que vierten directamente al río), con sistemas de tratamiento de remoción de nutrientes y otros contaminantes”; y “efectivizar la regulación y control de las actuales represas de riego e implementar medidas de manejo para evitar la proliferación de cianobacterias”.

Sin dudas, entre las sugerencias no puede faltar la intensificación de los controles de efluentes de tambos y vertidos industriales, tomar medidas precautorias cuando “se plantea la intensificación agrícola e incrementos de cultivos forestales” y promover la implementación de zonas de amortiguación “mediante la restauración de vegetación riparia”. Por otra parte, observan que es pertinente “diseñar un sistema global descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana”, donde el río Santa Lucía “continúe siendo uno de los componentes fundamentales”.

Perder la mitad del agua potabilizada

El segundo eje que proponen los 12 investigadores e investigadoras consiste en “consolidar mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana”. “Todo sistema de distribución de agua tiene un nivel basal de pérdida y de ineficiencia en el uso. La vejez del sistema de distribución en el área metropolitana implica un nivel de pérdida estimado en el orden del 50% del agua elevada y, según OSE, sería posible reducirlo muy significativamente”, argumentan. Manifiestan que los costos “implicados en la reducción de pérdidas” son “elevados”, pero “esta inversión debe realizarse de forma urgente”. “Aceptar la pérdida de la mitad del agua que se potabiliza y asumir que la mejor opción es la de seguir degradando los ecosistemas no resiste un análisis lógico”, suman.

Los problemas de Neptuno

Finalmente, el último eje gira en torno a “priorizar el análisis de las limitantes ambientales involucradas en el proyecto Neptuno”. Declaran que la iniciativa “implica una enorme inversión para el país”, por lo que “su sustentabilidad ambiental debe ser evaluada estrictamente y comparada con otras alternativas para complementar al río Santa Lucía como principal fuente de agua potable”.

“Entendemos que el proyecto planteado presenta una serie de problemas ambientales, que incluso amenazan la soberanía nacional referida al acceso a agua de calidad”, declaran los 12 investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Mencionan que si bien el Río de la Plata “tiene un volumen prácticamente inagotable”, también “está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes sobre las cuales se carece de soberanía”. “A la contaminación actual se suma la que generará el nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo de Buenos Aires, que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata y que se encuentra en etapas finales de su construcción”, agregan.

Otras problemáticas a las que estará sometida la nueva planta potabilizadora es la salinidad y la presencia de cianobacterias tóxicas en el agua a potabilizar, tal como recordaba la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias en su comunicado. Los investigadores e investigadoras coinciden en que estos aspectos imponen “una gran variabilidad de la calidad del agua bruta para su tratamiento y el consecuente riesgo sanitario”. Para hacer frente a la salinidad, el consorcio de empresas que presentó la idea y el gobierno crearán una reserva de agua dulce, conocida como polder. Los científicos y científicas plantean que traerá “un mayor desarrollo de floraciones de cianobacterias por su escasa profundidad y el mayor tiempo de residencia del agua”. A su vez, su construcción, junto con el ducto de traslado de agua hasta el área metropolitana, “atravesará y puede afectar zonas costeras que aún mantienen ecosistemas de valor para la conservación de la biodiversidad”.

Por la gran cantidad de argumentos mencionados, indican que: “El Río de la Plata no es, ni puede ser considerado, una fuente infinita de agua para potabilización”. “La gestión de las cuencas hidrográficas, de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable en el sur del país es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de un análisis interdisciplinario a cargo de un equipo amplio de investigadores y técnicos de instituciones relevantes vinculadas a la temática. Es nuestra intención hacer un llamado a la reflexión colectiva”, indican. Los investigadores e investigadoras finalizan su manifiesto invitando a “miembros de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, así como también a miembros de la comunidad académica y organizaciones de la sociedad civil, a un intercambio abierto de conocimientos y opiniones”.