En diciembre de 2018 todo el espectro político aprobó la Ley 19.717, que define de interés general “el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica” con el objetivo de “fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria”, cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida de la población.
Para lograrlo la normativa estableció la creación de un plan nacional enfocado principalmente en la producción familiar y “los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana”. Para elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan se instauró una comisión honoraria integrada por la academia, organizaciones civiles y representantes del gobierno. Finalmente, después de tres años, en diciembre se aprobó el documento que baja a tierra los postulados de la ley en proyectos y será presentado este jueves.
Sin embargo, es importante recordar que el proceso estuvo permeado por diferencias entre la visión de los actores gubernamentales y las organizaciones civiles. En febrero de 2020, la comisión honoraria ya había hecho público un documento preliminar del Plan Nacional de Producción de Bases Agroecológicas. Más de 100 personas lo construyeron durante cinco meses. Después que asumió el nuevo gobierno, la comisión estuvo seis meses sin presidente hasta que las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) designaron al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Él envió una carta a los integrantes de la comisión en la que expresó que no apoyaba varios puntos incluidos en el documento preliminar y que “si persisten, mi recomendación al ministro será que no lo avale”. Esta acción desencadenó el malestar de varios actores.
Natalia Bajsa, integrante de la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y de la comisión honoraria, comentó a la diaria que en cuanto al “contenido de programas, proyectos y acciones” el nuevo plan es “muy similar” a su antecesor. “Lo que sí cambió sustancialmente fue la introducción, el diagnóstico. En la versión inicial tenía una crítica más fuerte al sistema actual de producción de alimentos y su comercialización. La agroecología hace una crítica al modelo actual del sistema agroalimentario, pero el MGAP no quería que estuviera expreso. Se hizo un diagnóstico más liviano, más general de la situación de la agroecología y la producción orgánica”, planteó. A su vez, agregó que “se perdió mucho tiempo para llegar a un documento muy similar” al presentado en 2020. Otros dos participantes en la comisión honoraria, Gabriel Picos, de la RAU, y Pablo Galeano, de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, coinciden con Bajsa. Según relataron, a partir de ahora la comisión va a dedicarse a “definir metas, plazos y financiación”.
¿Cambia, todo cambia?
En el documento del Plan Nacional –al que accedió la diaria– se presenta un estado de situación en el que se admite que la “intensificación productiva” enfrenta desafíos varios, entre ellos “la degradación de los suelos”, “la contaminación de suelos y aguas como resultado del mayor uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos”, “la pérdida de biodiversidad” y “la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos” que “magnifican los riesgos ambientales que conllevan las distintas prácticas productivas”. A su vez, se menciona que el uso de plaguicidas en la agricultura extensiva “se ha incrementado sustancialmente” en los últimos 20 años y trae aparejado “riesgos potenciales” que abarcan desde “la contaminación e intoxicación de usuarios de plaguicidas, trabajadores agrícolas y vecinos de plantaciones” hasta la “pérdida de inocuidad por residuos de plaguicidas en alimentos” y la “contaminación de fuentes de agua potable”.
Por si fuera poco, también se señala que “la constante desaparición de productores familiares, la despoblación de la campaña y la concentración de la tierra en grandes explotaciones plantean interrogantes para la viabilidad de un proyecto-país territorialmente integrado y con equilibrio social”. Frente a esta situación, se plantea como alternativa la agroecología, modelo que incorpora la dimensión socioeconómica y cultural y “facilita el avance hacia un amplio rango de objetivos vinculados al desarrollo equitativo y sostenible”. “El aumento de la productividad agrícola”, “la seguridad y soberanía alimentaria”, “la mejora de los ingresos y los medios de sustento de la población rural”, “la conservación de los bienes naturales” y “el menor riesgo frente a la variabilidad y el cambio climático” son sólo algunos de los beneficios que propone este modelo productivo.
En el nuevo plan se indica además que el interés por parte de los consumidores hacia productos de base agroecológica ha aumentado tanto a nivel internacional como en el mercado interno. Pero, por otra parte, reconocen que en el presente “es dificultoso para productores familiares responder” a esa demanda, “dadas las limitantes en investigación, asesoramiento, desarrollo de mercados, normativa, barreras para certificar la producción, entre otros, que se requiere para poder iniciar y dar continuidad a una línea de producción bajo este enfoque”. Por esta razón, en esta política pública los “sujetos principales” son los productores y productoras familiares.
Más huertas, más procesos colectivos
El Plan Nacional luego detalla parte de los proyectos que se llevarán adelante. Un primer eje busca “fomentar y facilitar” la incorporación de prácticas agroecológicas, el acceso a los mercados y fortalecer los sistemas ya existentes, así como promover el aumento en el número de productores que trabajan bajo este modelo, incluyendo la perspectiva de la distribución y el consumo.
Primero se buscará “relevar la información acerca de cuántos son los productores, cuál es la superficie que ocupan, dónde están localizados, rubros de producción, estacionalidad, volúmenes de producción en un año normal”, con el objetivo de crear una “línea de base”. En paralelo, se incorporará la agroecología “de forma transversal” en las políticas de desarrollo rural, “incluyendo llamados específicos, ponderaciones, asistencia técnica, cuotas u otras estrategias de acción afirmativa”. El Instituto Nacional de Colonización también tendrá un rol importante para promover la transición “con énfasis en procesos colectivos, perspectiva de género y juventud”. Vinculado a este último punto, se solicita la reglamentación de la Ley de Empleo Juvenil “para que contemple el estímulo de los emprendimientos agroecológicos”.
Por otra parte, se mapeará las iniciativas, planes y programas vinculados al desarrollo de experiencias de agricultura urbana y suburbana, incluyendo huertas educativas. También se promoverá que las intendencias y municipios faciliten “el acceso a espacios para generar huertas comunitarias y/o familiares”, los programas de huertas educativas en todos los niveles de enseñanza y como “herramienta de inclusión social”, en especial para “mujeres y jóvenes desempleados”.
Otra medida que se llevará adelante es el “fortalecimiento y la difusión” de los sistemas participativos de garantía. “En estos sistemas son los propios productores de una red quienes certifican a otros productores, en conjunto con consumidores y técnicos. Se dan relaciones de confianza y sobre todo de aprendizaje. Hay un intercambio de conocimiento de cómo se hacen las cosas, porque en agroecología no hay una receta que todos podamos seguir. Cada productor tiene que conocer sus predios, especies, biodiversidad y ver qué actividades de manejo son las más adecuadas. En un sistema estatal o de tercera parte, hay una auditoría de control solamente, no hay un aporte en ese sistema”, contó Bajsa.
Por otra parte, se pretende establecer políticas específicas para sectores donde la agroecología no ha logrado crecer –como la ganadería– y la generación de líneas de financiamiento o créditos blandos para “la implementación de prácticas de manejo y/o la adquisición de infraestructura productiva”.
Productos inocuos accesibles basados en relaciones justas
Un segundo eje apunta a “impulsar la oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad” para afianzar la soberanía y seguridad alimentaria. Para lograrlo, se fomentarán los mercados locales y de cercanía para productos de base agroecológica, “favoreciendo la interacción entre productores y consumidores” junto con “una cultura de consumo responsable”.
Entre las medidas específicas se encuentra la creación de nuevos espacios de venta –como ferias, mercados regionales y comercios especializados– de productos agroecológicos. El rol de las intendencias y municipios deberá ser “activo” y se plantea “realizar acuerdos con otros actores para generar nuevos espacios de comercialización”, como por ejemplo la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Al mismo tiempo, se buscará “identificar las barreras arancelarias y paraarancelarias nacionales e internacionales de acceso a mercados” para removerlas.
“Las compras públicas son una herramienta con potencial para contribuir a los objetivos de este eje. Sin embargo, la baja divulgación de las licitaciones hace que en ocasiones la información no llegue a los potenciales proveedores de la producción familiar de base agroecológica”, se afirma en el Plan Nacional. Por esta razón, habrá capacitaciones a los productores sobre las compras públicas y sus procedimientos.
Al mismo tiempo, se cuantificará “la oferta en calidad, volumen y continuidad de la producción agroecológica en relación a las demandas de las instituciones públicas”, se analizará la “viabilidad” de “generar una aplicación para facilitar el acceso a los llamados a licitación por parte de los productores”, y se establecerán criterios de calidad que se adapten a este modelo de producción donde se tenga en cuenta “daños no críticos aceptados, uniformidad, estacionalidad”. Vinculado a este tipo de compras, se reglamentará “la priorización de una cuota específica” para la producción ecológica u orgánica dirigida a instituciones que “atienden a población vulnerable”, como por ejemplo escuelas y hospitales públicos.
Cuencas agroecológicas
“Para que la articulación entre conservación y producción sea posible, es necesario integrar la diversidad biológica desde el inicio de los procesos de planificación, ordenamiento del territorio y productivos, así como en los planes sectoriales para la promoción y el desarrollo de las diferentes actividades”, sentencia el Plan Nacional. En el diagnóstico se resalta que existe “dificultad” en el acceso a semillas y mudas de especies nativas y criollas, que son piedra fundamental para la agroecología. Debido a este punto, se considera fundamental promover “el uso sustentable de los bienes naturales y la conservación de ecosistemas y biodiversidad”, junto a medidas para fomentar “la conservación y el uso de recursos genéticos autóctonos”.
¿Cómo lograrlo? En uno de los proyectos que se llevará adelante se seleccionarán cuencas para diseñar transiciones y generar “zonas de amortiguación” para la conservación de la calidad del agua y la restauración de la biodiversidad. Después, se evaluará “el aporte de distintos sistemas productivos agroecológicos a los ecosistemas, mediante el estudio de casos”. Bajsa explicó que esta idea surgió porque “si hay un productor solo, rodeado de otros emprendimientos que no son agroecológicos, el impacto en el ambiente no va a ser significativo”. Por esta razón es mejor generar articulaciones.
De la mano con la academia
Sin dudas el rol de la investigación académica será fundamental en el proceso de aplicación del Plan Nacional. Como explicó Bajsa, que además de pertenecer a la RAU trabaja en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, “la investigación en agroecología no son ideas que parten desde un investigador que escribe un proyecto y les lleva la información a los productores. La mayor parte de la información está en los productores que ya utilizan prácticas agroecológicas en sus predios. El rol de la academia es complementar ese conocimiento o ayudar a mejorarlo, demostrarlo, hacer una construcción colectiva. Se llama diálogo de saberes”.
Un último punto del plan apunta a generar una estrategia nacional de investigación en agroecología “teniendo en cuenta todos los sistemas y en consulta con el mayor número de actores involucrados”. Se busca que la academia y los productores trabajen de la mano para integrar el saber científico con los saberes populares. Para lograr incrementar el conocimiento habrá instancias de diálogo con instituciones responsables de la investigación nacional para “incorporar la agroecología en sus agendas”.
¿Cómo acercar la información a los territorios? Se crearán núcleos de agroecología territoriales, donde tendrán participación activa redes nacionales de productores, instituciones, academia y otros actores de la sociedad civil. Esta herramienta también funcionará para dar a conocer el Plan Nacional de Agroecología.
Cuestión de presupuesto
En diciembre de 2020, en la Ley de Presupuesto se estableció que la comisión honoraria recibiría una partida anual de 1.500.000 pesos –con la cotización al día de hoy, la cifra ronda los 36.637 dólares– para “ejecutar las acciones del Plan Nacional de Agroecología que se encuentren dentro de su ámbito de competencia”.
“Las expectativas de que avance concretamente son pocas. No creo que vayamos a avanzar mucho, pero por lo menos logramos mantener la identidad del plan”, indicó Galeano, que contó que la partida se va a utilizar en talleres territoriales “para tener un ida y vuelta con los productores, consumidores” y “retroalimentarse para ajustar las propuestas”.
Por otra parte, Gabriel Picos declaró que “aunque el plan esté escrito, que se cumpla es relativo. Puede haber una aprobación, pero si no hay dinero atrás...”. A propósito de ese punto, afirmó que “al plan le están otorgando un millón y medio de pesos al año mientras se está firmando un acuerdo con el Banco Mundial de 35 millones de dólares para un proyecto de transición agroecológica. Después de que muchos protestamos, este proyecto pasó en algún espacio de discusión de la comisión, pero están desvirtuando lo que nosotros entendemos que son transiciones agroecológicas”, apuntó.
En diciembre, el directorio del Banco Mundial aprobó un préstamo por 35,5 millones de dólares a Uruguay para “desarrollar sistemas de información que permitan a productores y responsables de políticas públicas anticipar medidas de resiliencia frente al cambio climático y acompañar el desarrollo de la agroecología”, según se detalló en un comunicado del ente internacional. Se menciona que “las tecnologías a promover” abarcan “la gestión de efluentes”, “mejoras en las rotaciones de cultivos y pasturas”, “el uso de biofertilizantes, biopesticidas” y “la incorporación de la trazabilidad de agroquímicos”.
Galeano expresó que Blasina “viene insistiendo desde hace tiempo para que la comisión honoraria participe en comités de transición en el marco del proyecto con el Banco Mundial”. Pero, según su punto de vista, con este préstamo se busca “enverdecer la agricultura dominante”, y señaló que “si baja el uso de agrotóxicos en esas cadenas sería bárbaro, pero eso no es agroecología”. “Una cosa es el proyecto del Ministerio de Ganadería [Agricultura y Pesca] con el Banco Mundial; otra cosa es el Plan Nacional de Agroecología. Tienen matices distintos y una concepción distinta de lo que es la agroecología”, añadió.
“Venimos insistiendo en que el plan tuviera como eje central la agricultura familiar y las huertas. Por otro lado, la reivindicación de que la agroecología es más amplia en el sentido de que es más rigurosa en cuestiones que son sociales, económicas; no por ser más amplia es más flexible en cuestiones técnico-productivas. Eso es un poco lo que el ministerio estaba queriendo imponer. El consenso que se construyó siguió manteniendo esas ideas centrales; para nosotros es una conquista”, finalizó Picos.