Vecinos de Punta Rubia denuncian que privado destruyó médano ante la mirada del director de Ambiente de la Intendencia de Rocha

El lunes 23 de octubre en Punta Rubia, balneario de Rocha, fue un día nublado, pero no fue un día cualquiera. La tranquilidad característica del lugar se vio interrumpida cuando por la mañana un vecino recorría la costa y observó a una máquina retroexcavadora rompiendo una duna de aproximadamente tres metros. Decidió grabar un video y compartirlo con la Comisión de Vecinos Permanentes y Amigos de Punta Rubia. A pocos metros del bulldozer, registró la presencia de dos hombres: uno de ellos era Rodrigo García, director de Ambiente y Cambio Climático de la Intendencia de Rocha; el otro era el titular del proyecto que se estaba llevando adelante. Después de un rato, más personas comenzaron a acercarse a la playa para intentar frenar la destrucción. Incluso coincidió que niños y niñas de una escuela, junto con sus docentes, estaban en una actividad que consistía en colocar carteles con mensajes para motivar la protección del lugar. Luego de varias dificultades que contaremos más adelante, se enteraron que la intervención realizada en la faja costera no tenía permiso del Ministerio de Ambiente (MA). Esta información fue confirmada por la diaria con fuentes de la cartera.
Sin embargo, ¿por qué se encontraba una máquina dañando la costa de Punta Rubia? La historia se remonta a 2017, cuando un privado solicitó una autorización a las autoridades ambientales para realizar una obra que consistía en “la demolición de una vivienda existente y la construcción de una nueva” en la primera línea, según consta en una resolución a la que accedió la diaria. El proyecto fue categorizado como “B”, que abarca aquellas obras que “puedan tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. Sin embargo, en 2018, técnicos del Área de Evaluación de Impacto Ambiental y del Departamento de Gestión Costera y Marina realizaron una inspección donde constataron que “la vivienda a demoler, y sitio donde se proyectaba la nueva vivienda, se encuentra totalmente enterrada por la arena, por desplazamiento del frente dunar hacia el interior del predio, afectada en su totalidad por la duna litoral activa”.

En el informe que elaboraron, se determinó que el privado “debía evaluar modificar la ubicación de la nueva construcción” y trasladarla a un padrón lindero, que también es de su propiedad, para “minimizar los efectos sobre la dinámica de las dunas”. El interesado modificó el proyecto y presentó “la adopción de medidas de mitigación con la implementación de cercas captoras”. Sin embargo, los técnicos del MA todavía no estaban convencidos y le pidieron que realice nuevos cambios.

Asimismo, un informe de la Asesoría Jurídica de la cartera indicó que “las medidas de mitigación propuestas forman parte del proyecto y, por tanto, deben ubicarse dentro del predio del titular, aunque de la tramitación del titular surge que las mismas se encuentran ubicadas fuera del polígono de los padrones y dentro del dominio público y fiscal, lo que no resulta admisible jurídicamente”. También alertó que de no tomarse estas medidas “el proyecto generaría impactos ambientales negativos significativos inadmisibles”. En este contexto, en abril de 2021, la Intendencia de Rocha solicitó una autorización para instalar las cercas captoras en el álveo de dominio público. La resolución ministerial indica que la autorización fue concedida a la comuna “para la implementación de las medidas de mitigación exigidas para el presente proyecto”. De esta forma, el privado consiguió la autorización ambiental para demoler la vivienda y la autorización ambiental previa para la nueva construcción, según consta en la resolución de noviembre de 2021.

Sin embargo, en la disposición se aclara, entre otros puntos, que “toda modificación al proyecto deberá ser comunicada por escrito y con antelación a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y eventual aprobación”. También dice que “se deberá colocar un cartel visible al público indicando el número de la presente resolución ministerial” y que “no se podrá circular con vehículos en la zona de playa ni sobre las dunas”. Estas tres condiciones no fueron respetadas por el privado.

Teléfonos descolgados, amenazas y una visita extraña

Paula Schwedt vive en Punta Rubia hace 25 años, integra la Comisión de Vecinos Permanentes y estuvo presente el día en que la máquina destruyó la duna. “Al enterarme por las fotos y videos, me comunico con el Ministerio de Ambiente. Me atiende una señora, le dije dónde era el lugar de la obra, lo que estaba pasando, y me respondió que no había ningún permiso de estas características para la zona”, relata. Más tarde fue a la playa, donde se encontró con otros vecinos y vecinas y los estudiantes de la escuela. “Los niños estaban muy movilizados porque vienen trabajando en la playa desde que son chiquitos. Son niños de quinto y sexto y tienen proyectos desde jardinera. Era todo una situación angustiante”, dice.

Luego del primer impacto, se acercaron para hablar con “un señor que estaba parado cerca de la máquina, el propietario”. Le preguntaron si tenía permiso del Ministerio de Ambiente. “Nos dijo que teníamos que hablar con el director de Ambiente de la Intendencia, Rodrigo García, porque se había reunido con él esa mañana. Yo le dije que el Ministerio de Ambiente nos había dicho que no estaba habilitado para hacer la obra, pero vuelvo a llamar. Me plantean que lo que tiene es un permiso para reformar una casa, pero que de ninguna manera estaba avalado para hacer una obra de estas dimensiones”, expresa. Paula cuenta que la cartera le pidió que se contactara con Prefectura para lograr que se detenga el privado. Lo intentaron, pero el teléfono estaba “descolgado”. Por esta razón, los vecinos decidieron pararse frente a la máquina e impedir que continúe con la afectación. Lo lograron.

Frente a la falta de respuesta de Prefectura, llamaron al 911. “Finalmente vinieron y empezaron a amenazarnos diciendo que nos iban a llevar detenidos, que no podíamos estar en propiedad privada. Nosotros les dijimos que no era propiedad privada, que era la playa y que la playa es de todos. El propietario no solamente estaba trabajando en su terreno, que es en primera línea, sino que también rompió el terreno público. Era una duna fija, que estaba tejida con pastitos dibujantes, y rompieron todo para hacerse una especie de gran balcón al mar”, describe. Paula plantea que tiene miedo de que Punta Rubia se convierta en Costa Azul, balneario donde la Intendencia de Rocha construyó una obra dura en la faja de defensa de costas para salvaguardar las casas de primera línea, pero afectando el ecosistema y a gran parte de los vecinos y vecinas. “Están rompiendo las dunas fijas, que son la barrera natural que tenemos para la protección de la energía del mar. Cuando el mar suba, se va a empezar a comer la costa y la va a erosionar”, enfatiza.

Propiedad privada versus interés general

la diaria intentó comunicarse con García, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el jerarca de la comuna rochense conversó con radio Ulma, donde planteó que “lo que pasó en Punta Rubia es lo que nos está pasando en todo el territorio nacional y departamental, donde el interés privado muchas veces no coincide con el interés ambiental”. “El hombre tenía la autorización desde 2019 para demoler la casa, que estaba sepultada, y sacar la arena de su terreno. Nosotros, como intendencia, lo que hicimos fue corroborar que se cumpliera esa autorización”, dijo. Cabe resaltar que la resolución ministerial, por la cual se le concede la autorización ambiental para la demolición de una vivienda existente y una autorización ambiental previa para la construcción de una nueva, es de noviembre de 2021.

Más adelante en la entrevista, declaró que el privado “no se equivocó, no hubo error y sacó arena que estaba dentro de su terreno”. “No nos gustan este tipo de intervenciones, puede ir en contra o no del equilibrio dunar o no, es un análisis que para nosotros requiere todavía un análisis de fondo”, acotó. En este contexto, la diaria confirmó con fuentes del MA que el privado no tenía autorización para realizar la intervención. También es preciso destacar que más de un cuarto de las playas del mundo están amenazadas y las causas están claras: la invasión del desarrollo recreativo, urbano e industrial desde la tierra y el aumento del nivel del mar desde el lado del océano.

El director de Ambiente de la Intendencia de Rocha también señaló que el médano afectado era “joven, donde los pastos dibujantes eran bajos, no era un médano primario, antiguo”. “En muchos casos, somos nosotros los que estamos mal, porque queremos hacer cosas donde no se pueden hacer. Ahora, ¿qué hacemos cuando la propiedad dice que yo tengo derecho legítimo por ley? Porque eso, aunque no nos guste, es así. Lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista ambiental es que vos, con tu derecho legítimo de la propiedad privada, te acomodes y tengas que cumplir leyes ambientales”, opinó. Existe vasta normativa que establece lo contrario a lo descrito por el jerarca. Sin ir más lejos, el artículo 47 de la Constitución determina que “la protección del medioambiente es de interés general”, es decir, que se encuentra por encima de los derechos individuales.

¿Impactos tolerados?

Toda construcción en la faja de defensa de costas necesita una autorización ambiental previa del MA. Existe un documento de la cartera denominado Criterios para la clasificación de proyectos de construcción de viviendas en faja de defensa de costas, donde se establecen las bases para que un proyecto de actividad, construcción u obra sea catalogado como: “A”, cuya “ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes”; “B”, donde su “ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos puedan ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”; o “C” que implica “impactos ambientales negativos significativos”. Este hecho cobra relevancia al utilizar el visualizador de la Dirección Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental. Al situarnos en Punta Rubia, sólo 13 de los proyectos fueron clasificados como “B” y uno como “C”. Es decir, en su mayoría, las propuestas son clasificadas como “A”, tal como puede verse en la imagen.

El documento describe que “la implantación de una edificación puede tener distintos grados de impacto ambiental”. Uno de ellos es “el efecto barrera generado por la implantación de estructuras fijas que modifican el flujo y energía del viento favoreciendo procesos de erosión/acreción en el paquete sedimentario, en forma individual o por efectos acumulativos”. Esto afecta “la estructura y configuración del sistema dunar disminuyendo su función autorreguladora”. Asimismo, otro impacto consiste en la concentración de pluviales, que también puede favorecer “procesos erosivos” y, en algunos casos, “acelerar el proceso de retroceso de barrancas, aumentar la superficie de cárcavas o afectar la estructura y configuración del sistema dunar”. Como es de esperarse, otros impactos son la modificación “en el paisaje costero natural hacia un paisaje urbanizado”, “la remoción de tapiz vegetal natural, que cumple un rol relevante en el mantenimiento de la dinámica dunar” y la introducción de especies exóticas invasoras.

A su vez, otro punto importante a tener en cuenta es que “la existencia o la emergencia de procesos de avance de dunas, el retroceso de barrancas, ensanche de desagües o cárcavas o movimiento de barras, ya sea naturales o producto de efectos antrópicos, pueden poner en riesgo la estructura y condiciones de habitabilidad de las viviendas”. Esto genera “la necesidad de realizar obras de protección y/o acciones sobre la costa de movimiento de arena para proteger o mantener la vivienda por parte del propietario” que pueden “tener impacto sobre el sistema costero”. Quizás la situación de Punta Rubia pueda servir como puntapié para salvaguardar nuestras playas, evitar conflictos futuros y aplicar el principio precautorio.

Los impactos acumulativos y proteger lo poco que nos queda

“Vemos que un argumento reiterativo al momento de presentar una evaluación de impacto ambiental o comunicación de proyecto es que el área ya está antropizada, que ya existen casas construidas y plantas exóticas. Cómo está antropizada, se considera que el impacto que va a generar el nuevo proyecto no es significativo. Nosotros creemos que es un argumento que tendría que ser utilizado en forma opuesta, es decir, como ya está antropizado, hay que proteger lo poco que nos queda”, explicó Analía Ciganda, magíster en Manejo Costero Integrado e integrante de la Red Unión de la Costa.

Enseguida, agregó que, al momento de la evaluación, no es común que se contemplen los impactos acumulativos, lo que genera que “la mayoría de los proyectos en faja de defensa de costa sean categorizados como ‘A’”, tal como en el caso de Punta Rubia. “El impacto que va a generar una construcción, si lo mirás aisladamente, puede no ser algo tan significativo, pero si sumás las diferentes construcciones, el panorama cambia y sí pasa a serlo”, recalcó. A su vez, el MA no pone a disposición del público –en su página web– los proyectos que reciben la categoría A e incluso, en algunos casos, la B. Esto repercute en la participación, porque únicamente se podría acceder a ellos mediante un pedido de acceso a la información pública.

Por otra parte, Analía comentó que las consultoras –encargadas de hacer los informes que luego el MA autoriza o no– suelen brindar información incompleta del medio receptor. “A veces es información antigua, se citan mal las referencias, se omite información. Esto genera que no encuentres los impactos. Por ejemplo, dicen que no hay fauna autóctona o que no se observó fauna prioritaria para conservación, cuando no hacen los relevamientos”, describió. Incluso advirtió que ha visto comunicaciones de proyectos donde se realiza “copy-paste y ni siquiera se toman el trabajo de adecuar la información al lugar”.

“Con un poco de voluntad política se podrían modificar muchas cosas con los recursos existentes. Las leyes están, pero los intereses económicos priman sobre los intereses comunes. Cada obra que se hace en la faja de defensa de costas implica fijación de dunas, cuestiones con los fluviales, introducción de especies exóticas, probables problemas de acceso a la costa y problemas paisajísticos. La zona costera se vuelve más frágil y va en contra de la adaptación costera”, agregó Analía. Nicolás Chacón, guardavidas y también integrante de la Red Unión de la Costa, complementó: “El Ministerio de Ambiente debería ser para la sociedad civil el garante estatal que cuida, protege y piensa a largo plazo en el ambiente. Lo que terminamos sintiendo es que en vez de proteger el ambiente, se protege la propiedad privada. Están generando problemas a futuro y parece que no los ven”. Puso sobre la mesa el antecedente que generó la situación de Costa Azul, donde los propietarios de primera línea pagaron para que se construya una obra dura que los defendiera sin considerar los efectos para el resto de la población. “Con esa lógica, todos los que están en primera línea, generalmente gente que tiene mucho dinero y poder, van a hacer siempre lo que quieran, mientras lo puedan financiar”.

Actualmente, la Dirección Nacional de Cambio Climático está trabajando en un proyecto para recibir fondos internacionales; se llama Incrementar la resiliencia socioecológica de la zona costera uruguaya y fortalecer la capacidad adaptativa de sus infraestructuras. En este marco, está llevando adelante talleres con las comunidades. “Si hay respeto y una apertura real a la participación de la sociedad civil, estamos dispuestos a involucrarnos. Pero no nos interesa figurar para decirle al financiador que hicieron un proceso de participación. Esperamos que continúen y no quede sólo en la formulación del proyecto para obtener los fondos”, afirmó Analía. A su vez, remarcó que gran parte de la información con la que se está formulando el proyecto proviene del Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera ante la Variabilidad y el Cambio Climático (NAP-Costas). “Todas las modelaciones se hicieron con un escenario fijo, a partir de fotos satelitales y la situación que había en 2019. Lo que pasó después no se está contemplando. Si seguimos fijando dunas y alterando el sistema, la situación va a ser peor. El NAP-Costas tiene información súper valiosa, lo que pasa es que tiene que usarse en todos los organismos”, remató.

Un dato clave que brindó el NAP-Costas consiste en que “la erosión más alta se observa a lo largo de la costa del departamento de Rocha”. Se espera que, a fines del siglo XXI, las playas del departamento sean las que reciban los mayores daños. la diaria intentó comunicarse con el Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés, para conocer qué acciones estaba desarrollando su repartición para mitigar este panorama, pero no respondió.