Cada año, antes del 30 de setiembre, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto donde detalla las especies habilitadas para caza deportiva, la cantidad de animales que pueden ser capturados, la extensión de las temporadas de caza y los lugares permitidos. Según la normativa de fauna, las autoridades deben tomar la decisión basados en un “informe técnico”. A cuatro días de la fecha límite, la organización no gubernamental Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) prendió las alertas.
A partir de un pedido de acceso a la información pública, Coendu pudo saber que existe un informe técnico interno del Ministerio de Ambiente en el que se recomienda prohibir la caza deportiva de patos, “al menos, por cinco años”. Luego de haber analizado la cantidad de individuos en el período 2005-2019, la cartera observó que las especies pato picazo (Netta peposaca), pato cara blanca (Dendrocygna viduata) y pato maicero (Anas georgica) presentan “tendencias negativas y significativas”. Por esta razón, en caso de que el próximo decreto no tome en cuenta la recomendación técnica, Coendu se encuentra analizando presentar un recurso legal.
Pato cara blanca en Valizas, Rocha. Foto: Leo Lagos (NaturalistaUy)
Para comprender bien la problemática tal vez sea necesario retroceder algunos años. En setiembre de 2018, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente definió suspender por dos años las autorizaciones de caza deportiva para las tres especies. La decisión se tomó luego de haber realizado un relevamiento tras el que se concluyó que en “2017 y 2018 se duplicó la solicitud y emisión de permisos de caza deportiva de patos, lo que –junto a otros efectos derivados– podría estar produciendo la disminución de las poblaciones de las especies”. Asimismo, determinó que durante el período de veda tendrían que realizarse los “estudios poblacionales necesarios para la revisión de la lista de especies habilitadas para la caza deportiva, así como para el ajuste de las cuotas de caza autorizadas”. El informe técnico en el que se recomienda frenar la actividad fue presentado al Ministerio de Ambiente en marzo de 2022. Sin embargo, desde que terminó la prohibición, los patos ingresaron nuevamente a la lista de especies que pueden ser cazadas.
La necesidad del principio de precaución
El informe técnico, titulado Diagnóstico de las informaciones de las especies de caza deportiva de la familia Anatidae en la República Oriental del Uruguay, al que accedió la diaria, fue realizado por María de las Mercedes Guerisoli, doctora en Biología, quien también fue consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo del trabajo consistió en “identificar potenciales tendencias en los conteos de las aves en sitios donde se hayan completado los censos/avistajes”, “caracterizar las relaciones espaciales entre los sitios de censos y los campos donde se ha aprobado la caza antes de 2018”, también “cuantificar los permisos emitidos desde 2015 hasta 2018 y estudiar si existen relaciones positivas o negativas entre el índice de patos observados por día y el índice de los patos cazados por día”. Además, debía recomendar medidas a implementar a futuro.
Una de las principales fuentes de información del informe es el Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA), una iniciativa coordinada por Wetlands International –organización mundial protectora de humedales– que involucra distintos países de América Latina. “Está basada en el monitoreo, a largo plazo, de aves acuáticas, que incluye completar censos de las aves objetivo dos veces por año. El resultado de estos muestreos es el conteo de especies”, dice el documento. En Uruguay hay 63 localidades que aportan al censo, distribuidas en 11 departamentos. “Los censos se han completado entre 2005 y 2019 (excluyendo los años 2013 y 2014). En cada uno de los años se han completado los muestreos durante el verano y el invierno”, suma.
Durante el período de 13 años se observaron un total de 3.791 individuos de pato picazo, 6.216 individuos de pato maicero y 3.010 individuos de pato cara blanca. Las dos primeras son especies parcialmente migratorias, mientras que la última reside en el país. De forma paralela, entre 2016 y 2018, la bióloga identificó 153 “localidades declaradas por las empresas para la caza deportiva de patos”. También halló que entre 2015 y 2018 el total de permisos emitidos para caza deportiva de patos fue de 1.280. El año que se emitió el mayor número de autorizaciones fue 2015 (402 permisos) y el menor fue 2017 (177 permisos).
“Si bien la información de base utilizada en este informe no es la más adecuada para la estimación de estados poblacionales, se puede interpretar a partir de los resultados que las tres especies de patos presentan una disminución de sus abundancias en los últimos 13 años y que, además, la caza podría representar una presión negativa sobre los grupos poblacionales de estas especies”, afirma. Enseguida enfatiza: “Debido a los impactos de la pérdida de hábitat, la contaminación, la caza excesiva, las invasiones biológicas y el cambio climático, alrededor del 23% de las poblaciones mundiales de aves acuáticas se encuentran en descenso [...] Si bien para Uruguay no contamos con informaciones actualizadas de las principales amenazas antrópicas que presentan estas tres especies de patos, se sugiere considerar la caza deportiva como una variable que potencialmente podría generar efectos negativos sobre sus poblaciones, más aún considerando que hay especies en el país que han sido afectadas significativamente por la caza”.
“Una predicción errónea de que una actividad humana no amenazará a la biodiversidad resultará más perjudicial para la sociedad que una predicción errónea de que la actividad humana amenazará la biodiversidad”.
Por esta razón, el informe recomienda prohibir la caza deportiva de patos, “al menos, por cinco años” y “completar muestreos especie-específicos en algunos sitios donde se ha habilitado previamente la caza deportiva”. “Dichos muestreos tendrán el objetivo de comprender el estado poblacional de estas tres especies, como también identificar las principales amenazas que sufren en el territorio uruguayo”, agrega. Dado que falta información, afirma que es necesario aplicar el “principio de precaución”. “Una predicción errónea de que una actividad humana no amenazará a la biodiversidad resultará más perjudicial para la sociedad que una predicción errónea de que la actividad humana amenazará la biodiversidad”, concluye.
Pato picazo en Lascano, Rocha. Foto: Adrián Antúnez (NaturalistaUy)
La expectante espera
“Durante dos años, el Ministerio de Ambiente estuvo haciendo algo ilegal, otorgando permisos que van en sentido contrario al informe técnico que contrató”, afirma Mauricio Álvarez, integrante de Coendu. “Por esta razón, me pregunto: ¿lo contrató esperando otra respuesta y no le gustó la que le dieron y por eso siguió haciendo lo mismo? Es un acto contrario a la Ley de Fauna, que establece que debe haber un informe técnico para poder romper la prohibición general a la caza”, agregó Álvarez.
Luego de acceder al informe en agosto, la organización envió una carta al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, para plantearle su preocupación. Sin embargo, Álvarez adelantó que “si el 30 de setiembre no hay un decreto que elimine a los patos de las especies de caza permitida”, van a presentar “un recurso de revocación como primera instancia”. A su vez, plantea que son varias “las especies que están en igual situación de falta y no tienen un informe técnico que respalde su caza”.
Álvarez relata que quienes recorren el territorio, los pajarólogos, están alertando hace mucho tiempo “de una disminución de cantidad de especies”. Una de las aves afectadas que más mencionan es el pato picazo, sobre la que afirman que “cada vez hay menos y es difícil de ver como se veía antes”. “En Argentina, por tres años consecutivos, vienen ganando judicialmente y revocando la caza de patos. También está el tema de la contaminación por plomo que deja este tipo de caza en los humedales, que está comprobada científicamente. Además, no son especies que tengan un perjuicio sobre la biodiversidad, ni siquiera sobre las personas o producción, más allá de que desde lo ambiental no es una justificación para su muerte”, describe. A su vez, por estas razones, considera que “la caza de patos es una caza meramente por diversión, algo anacrónico”.
También recordó que durante una reunión que tuvieron con Luis Lacalle Pou a raíz del decreto que permitió la caza nocturna, el jerarca les manifestó que el cambio en la normativa “no había venido por los cazadores de jabalí, sino por conocidos que cazaban patos”. “Días atrás, el presidente de la República habló ante las Naciones Unidas. Hizo referencia al eslogan Uruguay Natural y a la protección ambiental. En los hechos, si cualquier persona rasca un poquito sobre lo que sucede en el país, se va a dar cuenta de que es lo opuesto: somos un país antinatural”, lamentó Álvarez. Otro de los puntos que cuestionó el activista es que el informe técnico no sea difundido por la cartera ambiental y que únicamente se pueda leer mediante un pedido de acceso a la información pública.
Gerardo Evia, director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, dijo a la diaria que la decisión de permitir la caza de patos está “en manos del ministro” y del Poder Ejecutivo. Sin embargo, mencionó que la posición que presentó ante las autoridades fue en la misma línea que el informe técnico.