Shell, Chevron, Equinor, Apa Corporation, YPF. Estas son tan sólo algunas de las empresas petroleras patrocinadoras de una cumbre de energía que tiene lugar en Punta del Este esta semana. La instancia, que llamaron Latin America y Caribbean Energy Summit, es presidida por un comité encabezado por el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic. A su vez, la copresidencia es ocupada por Fernanda Raggio, vicepresidenta de Exploración de YPF ―petrolera argentina―, y Víctor Vega, vicepresidente de Exploración de Frontera Energy ―petrolera canadiense―.

Según la página web del evento, su objetivo es hacer “presentaciones magistrales y mesas redondas con líderes de la industria y el gobierno que compartirán conocimientos sobre actividades de exploración y producción, estrategias de descarbonización y avances tecnológicos que configuran el futuro energético de la región”. Enseguida, subrayan que los participantes podrán reunirse “en privado con socios actuales y futuros”.

En Uruguay son varias las empresas que presentaron estudios de impacto ambiental ante el Ministerio de Ambiente para explorar la posible presencia de hidrocarburos en nuestra plataforma marina, con miras a posteriormente explotarlos. En los documentos a los que accedió la diaria, minimizaron los impactos socioambientales que tiene esta actividad. Cabe mencionar que parte de este territorio está previsto que ingrese como área marina protegida.

Ofrecer la Amazonia desde Uruguay

Este lunes, el día antes de que comenzara el evento, la asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó que la entidad estatal de promoción de hidrocarburos de su país, Perupetro, impulsará durante la instancia la “explotación de petróleo y gas natural en la Amazonia peruana en zonas superpuestas a áreas naturales protegidas, territorios indígenas y pueblos indígenas”. En la misiva a la que accedió la diaria relatan que representantes de la sociedad civil se encuentran en Uruguay para exponer la problemática.

“Como parte de su Plan Promocional de 2024, Perupetro estará en el pabellón internacional de la cumbre en Punta del Este, donde tendrá una presentación denominada ‘Oportunidades de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas en Perú’, a cargo del presidente de su directorio, José Adrián Mantilla Castillo. Además, contará con un espacio de negociación privada para tener reuniones con posibles inversionistas, donde se darán cita altos ejecutivos de empresas como Exxon Mobil, Chevron, Repsol y Total, quienes están mencionadas en el plan promocional como posibles interesadas”, dice el comunicado. Sostienen que las “tareas de promoción” de la compañía continúan a pesar de que expertos y alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante “el impulso de 39 áreas promocionales y la firma de tres convenios de evaluación técnica en la Amazonia peruana”.

La organización dice que Perú “intensifica el impulso a las energías fósiles aun cuando el mundo se encuentra discutiendo mecanismos de transición hacia energías limpias y debatiendo la urgencia de compromisos nacionales más exigentes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la Cumbre Mundial sobre el Clima (COP29)” en Azerbaiyán. Afirman que las áreas promocionadas por la empresa “se superponen con más de cuatro millones de hectáreas de territorios indígenas, que involucran a 21 pueblos indígenas, a los que no se les está garantizando derechos como la consulta previa”. Al mismo tiempo, también coinciden con “tres reservas indígenas y una reserva territorial, donde viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, altamente vulnerables ante el contacto externo”.

César Ipenza, integrante de DAR y abogado especializado en materia ambiental, manifiesta que “cualquier empresa seria, que tenga políticas de sostenibilidad y de respeto de derechos humanos ―que incluyen los ambientales―, debe conocer previamente lo que implica esta promoción: un intento de reducción de la protección ambiental en una de las zonas más diversas del mundo. No se puede promover actividades productivas en desmedro de áreas protegidas que tienen protección constitucional”.