“La protección del medioambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores”. Eso dice el artículo 47 de nuestra Constitución. Si bien podría parecer evidente la idea que acarrean estas palabras, a nivel práctico aún están rodeadas de incertidumbres y contradicciones.

Un ejemplo de las contradicciones radica en qué sucede cuando quienes cometen los daños son las mismas entidades gubernamentales encargadas de proteger nuestros bienes comunes naturales. Cuando la sociedad civil se enfrenta a esta situación, uno de los caminos es el de judicializar el conflicto. Suele tener lugar después de agotar otras opciones administrativas, principalmente por los costos en tiempo y dinero que implica. Pero en colectivo el camino se hace más fácil y, por esta razón, un grupo de 50 vecinos y vecinas del balneario rochense Costa Azul decidió comenzar a transitar esta vía para conseguir justicia.

Todo comenzó a mediados de 2023, cuando los pobladores se encontraron con máquinas retroexcavadoras destruyendo la faja costera. Ninguna autoridad –ni nadie– les había informado que iban a realizar esta acción en la playa y comenzaron a hacer preguntas. Días después, se enteraron que formaba parte de una obra impulsada por la Intendencia de Rocha que consiste en un muro –o “enrocado”– que tiene por objetivo impedir que el avance del mar dañe las casas y un hotel ubicados en la primera línea de la playa. Fue definida por la comuna como “la primera obra contra el cambio climático” realizada en el país. Como reportamos en agosto, la medida trajo problemas para la mayoría de los locatarios. Hasta la actualidad, cuentan, no tienen acceso a algunos sectores de la costa, se colocaron cercos para generar playas privadas y los dueños de las casas ubicadas en la primera línea han extendido sus predios hasta tomar el espacio público –por ejemplo, construyendo jardines–. Los vecinos y vecinas organizados han presentado nuevas denuncias ante el Ministerio de Ambiente por estas situaciones. Por otro lado, debido a la presión que ejerce el mar, se han desprendido parte de las piedras utilizadas para crear el muro.

A partir de una investigación liderada por Carolina Neme, abogada especializada en temáticas ambientales que se encuentra trabajando con la agrupación, y su equipo de colegas, se han sumado nuevos elementos ambientales y económicos que problematizan aún más la obra. Por esta razón, decidieron presentar una medida cautelar de no innovar y una demanda judicial contra la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Ambiente a la que accedió _la diaria _. En el documento, que se presentó en el Juzgado Letrado en lo Civil de 14° turno, se sostiene que ambas entidades, “con sus actos, hechos y omisiones”, han “vulnerado los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que, en materia de medioambiente y ordenamiento territorial, se encuentran vigentes”. Además, argumenta que la obra está destinada a la “protección de infraestructura costera de privados”, no a garantizar el interés general ni la protección ambiental de la costa.

Primero: parar la destrucción

La abogada sostiene en el escrito que la adopción de la medida cautelar de no innovar es “indispensable” porque busca “conservar la situación tal cual se encuentra hoy en día para que, a futuro, cuando se dicte la sentencia del proceso principal [la demanda], esta pueda aplicarse o ejecutarse de forma satisfactoria”. En concreto, piden con esta herramienta jurídica que no se siga ocupando el espacio público de la playa y que se retiren “todas las obras realizadas sin autorización en dicho espacio”. De esta forma, se garantiza el acceso y “disfrute seguro por parte de todos” a la costa, así como sus circunstancias ambientales, hasta que se cuente con un ordenamiento territorial “adecuado” y participativo. De no adoptarse esta medida, se corre peligro de que las presiones sobre el territorio sean aún mayores, como explicaron académicos del Centro Universitario Regional Este.

A lo largo del escrito, Neme y su equipo detallan aún más la situación que se vive en el territorio. Expresan que, en setiembre, los vecinos realizaron una denuncia ante el Ministerio de Ambiente (MA) describiendo “diversas conductas que atacan la preservación de dunas, como el ingreso de máquinas, el depósito de tierra negra, enjardinado, camiones sobre la duna descargando, permanencia de vehículos sobre la duna”. Este tipo de actividades habrían sido desencadenadas a raíz de la obra. 24 días después, la cartera responde que la denuncia “se encuentra en trámite” y que ha sido “reenviada a la Intendencia de Rocha y a la Prefectura de La Paloma”. De estas últimas dos autoridades “no se ha tenido notificación ni conocimiento alguno”, agregan.

Por otra parte, el 12 de diciembre vuelven a realizar otra denuncia ante el MA, en la que se alerta sobre la existencia de una quinta de vegetales sobre una duna y una cerca eléctrica que abarca tres padrones. En paralelo, también hicieron denuncias directamente al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, en octubre y noviembre. Lamentablemente la situación continuó de la misma forma, que es lo que buscan frenar con la medida cautelar de no innovar.

El muro: ¿únicamente importa lo “científico”?

La parte denunciante afirma que la autorización que concedió el MA a la Intendencia de Rocha “no cumplió con los requisitos que exige la normativa”. Enfatiza que se trata de una obra de alto impacto para el balneario y, enseguida, detalla el procedimiento estipulado en la Ley de Evaluación Ambiental. A partir de los pedidos de acceso a la información que realizaron las abogadas, determinaron que “no se cumplieron los procesos formales de Autorización Ambiental Previa, no fue categorizado en su grado de impacto ni se requirió Estudio de Impacto Ambiental” y, por tanto, “se violentó la normativa ambiental vigente”. Indican que, además, la comuna “no respetó tampoco la resolución del MA”, que estableció condiciones para la aprobación de la obra. En el escrito se afirma que las autoridades vulneraron el ambiente y los derechos humanos, “no dejando lugar a la participación pública en la toma de decisiones ni escuchando a los vecinos de la zona”.

En este sentido, expresan que no se respetó el Acuerdo de Escazú, que obliga a los gobiernos a garantizar justicia, transparencia y participación en temáticas ambientales. Pero no sólo por no escuchar a los vecinos, sino por no tener en cuenta la posición del municipio. El 10 de octubre se trató en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores la obra. Allí, el alcalde del Municipio de La Paloma, Sergio Muniz, dijo que “nunca fueron consultados” para la elaboración del proyecto y que no están de acuerdo con este tipo de obras “duras”. En la instancia legislativa también estuvo presente Umpiérrez, el intendente, quien al ser consultado sobre la participación de los vecinos, respondió: “En cuanto a los vecinos, no se trata de que no se los haya consultado. Esta obra es de carácter científico y no es posible ponerse a opinar o talentear. Este tema no es para hacer asambleísmo, porque trata, repito, de conocimiento científico”.

Ante esta declaración de la máxima autoridad departamental, en la demanda indican que “no es sólo un tema de ‘científicos’ o de ‘decisiones políticas’; se necesita consultar a la población, principalmente al local que va a ser afectado directamente con la obra, construcción o actividad con impacto ambiental y que en definitiva es buen conocedor del lugar”. Por otra parte, son varios los científicos que han manifestado su preocupación por manejar de esta forma la costa. Entre ellos están: Daniel de Álava y Leandro Bergamino, investigadores del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos; Omar Defeo, experto en playas y dinámicas costeras e integrante del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República; y Daniel Panario, docente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, también de la Facultad de Ciencias.

La deuda bajo agua

Las abogadas indican que, según un pedido de acceso a la información pública, la obra se encuentra sobre la primera línea de costa, tiene dos kilómetros de largo y seis metros de ancho aproximadamente, con una forma lineal, paralela y continua. El costo fue de $ 36.237.312 pesos uruguayos, aproximadamente un millón de dólares, y “los padrones afectados serían 81 –44 padrones enteros y 37 padrones afectados parcialmente–, lo que abarca un área de 33.355 metros cuadrados”.

Con base en imágenes e información obtenida a través de visualizadores públicos, y luego de la investigación realizada, detectaron que padrones ocupados por la obra tienen deudas que “sobrepasan los diez años de no pago a la intendencia”. “28 padrones que se ubican en la playa están en “abandono” y deberían configurar dominio público según la normativa”, sostienen, agregando que “algunos de estos padrones que se encuentran abandonados están siendo apropiados por otros propietarios colindantes”. Asimismo, subrayan que “la deuda por contribución inmobiliaria de los terrenos que quedaron sobre la playa asciende a la suma aproximada de 200.000 dólares”. “Como surge del visualizador de la intendencia, existen invasiones al espacio que generó la obra del ‘enrocado’ que también configura espacio y dominio público”, denuncian. También mencionan que se solicitó una reunión con Umpiérrez en la que “se le expuso la problemática y la información recabada y analizada por los vecinos, sus asesoras legales y técnicos vecinos”. “El intendente informó que realizaría un relevamiento de la zona a efectos de determinar el estado de situación”, plantean en la demanda.

¿Por qué son importantes las deudas de estos padrones? Umpiérrez, en la Comisión de Ambiente del Senado, declaró: “Decidimos hacernos cargo del proyecto y llevarlo adelante con financiación del gobierno departamental. En el presupuesto quinquenal, pensando de alguna manera en este tipo de obras, se había creado una contribución de mejoras, es decir, algo adicional a la contribución inmobiliaria para determinadas obras que generan un beneficio a algunos en particular y que, por lo tanto, entendíamos que era de justicia que el costo de la obra también se repartiera en ese caso”. Relató que tuvo “diálogo con los vecinos que tenían que pagar la contribución de mejoras”. “Son 79 padrones, primera y segunda línea de los que están allí. El costo de la obra se va a distribuir en 30 años”, sumó.

Las asesoras legales indican: “Se vuelve inexplicable cómo más de la mitad de los padrones afectados y supuestamente ‘beneficiados’ por la obra, pero también contribuyentes de la misma, van a pagar si la mayoría son terrenos considerados ‘abandonados’ en parte por ya estar en la costa, o sea, espacio de dominio público”.

Respetar el orden de la playa

En la demanda uno de los pedidos consiste en que se intime a la Intendencia de Rocha a que realice un plan de ordenamiento territorial en el balneario. De llevarse adelante, deberá contar con la participación de la academia y vecinos. “Es extremadamente necesario dada la situación de fraccionamiento en espacio público de playa y la situación dominial y de deudas que existe. Volvemos a aclarar: casi la mitad de los padrones afectados por la obra están en estado de abandono y con deudas de casi el mismo valor catastral. Es evidente que estos padrones están en situación de abandono porque ya están bajo el agua y son de dominio público aunque la intendencia no haya actuado aún en regularizar esta situación”, lamentan.

Por otra parte, piden que el Ministerio de Ambiente asuma “la recomposición ambiental del espacio público”, es decir, la playa, “retirando la obra dura del enrocado que se colocó en contravención y contradicción de los informes técnicos de su propia cartera”. Finalmente, solicitan “no autorizar obras nuevas, o de modificación, ampliación o cualquier intervención en las viviendas, terrenos y demás bienes inmuebles ubicados en las cinco manzanas objeto del presente juicio [que abarca la obra], a sola excepción de la colocación de bajadas públicas y accesibles y de cercas captoras u otra acción ‘blanda’ que ayude a la conservación y regeneración de la dinámica de la duna” hasta que se apruebe el plan de ordenamiento territorial. El proceso judicial recién comienza y marcará un precedente importante. Cabe preguntarse: ¿se priorizará el interés general o el beneficio de privados?