La comunidad protege algo más que sus cangrejos: vecinos de Las Vegas denuncian impactos de barrio privado propuesto por La Tahona

En Las Vegas, departamento de Canelones, los cangrejos son obreros que en la actualidad están siendo mal pagos.

Ellos habitan las marismas del balneario y, por su excavación, cumplen un rol clave en la retención de materia orgánica y de contaminantes, como los pesticidas. Son conocidos como especies paraguas: esto quiere decir que al protegerlos se cuidan muchas especies más que están asociadas en la cadena trófica.

En esta historia nos centraremos en el cangrejal del arroyo Solís Chico, ubicado en la zona de la desembocadura del curso de agua que ha protagonizado conflictos socioambientales de larga data. El territorio donde se ubica el cangrejal es definido en el Plan Costa de Oro de la Intendencia de Canelones como una “zona de recuperación ambiental” y también fue incluido en el Inventario de Ecosistemas Relevantes. A su vez, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos determinó una veda a la extracción del cangrejo violinista (Leptuca uruguayensis) y regula la del cangrejo de juncal (Neohelice granulata). En 2020, entonces, los vecinos y vecinas, el Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República y la Intendencia de Canelones actuaron de forma conjunta para garantizar la conservación del lugar.

Sin embargo, la situación cambió hace unas semanas, cuando los locatarios se enteraron de que Leandro Añon, fundador y desarrollador de La Tahona, pretende instalar un barrio privado en el lugar.

Hasta el momento, únicamente han obtenido información en reuniones informales con jerarcas y un informe que realizó la comuna donde se establecen los “lineamientos de protección” para llevar adelante la iniciativa. En este último documento, que compartieron con la diaria, se relata que la empresa acordó la cesión de un sector de sus predios a la Intendencia de Canelones y que establecieron dos zonas “buffer”. En la más cercana a los lugares que busca brindar “protección” no estarán permitidas las edificaciones, mientras que en la siguiente podrá “cercarse con alambrado perimetral que no modifique la estructura del suelo, ni siquiera relleno que pueda afectar el resto del área buffer y del humedal”.

El documento también dice que “el/los propietarios serán responsables de cualquier infracción a la normativa, regulaciones y condiciones y acuerdos vigentes. Deberán tomarse medidas para la protección del espacio protegido previo, durante y posteriormente a toda intervención edilicia, construcción y futura posible demolición y refracción de infraestructuras en las áreas permitidas” y añade una imagen satelital donde se puede observar cada uno de los aspectos mencionados.

Yamila y Daiana, integrantes de la Comisión de Vecinos de Las Vegas-Lomas del Solís, muestran en el cangrejal que, según el mapa, la compañía no cedió todo el predio que corresponde al humedal. Según indican, quedó dividido en dos: aproximadamente la mitad es propiedad de Añón y la otra mitad fue cedida a la Intendencia de Canelones. Para colmo, afirman que el sector donde se reproducen los cangrejos quedó en el espacio privado.

Yamila y Daiana también mencionan que existe un “incumplimiento de la zona buffer establecida en la reglamentación del cangrejal” y resaltan que debería ser de mayor amplitud. “En la reglamentación se da lugar a la aprobación justificada de intervenciones en la zona buffer. Sin embargo, no se entiende justificable la habilitación de proyectar viviendas u otras infraestructuras privadas dentro de la misma, que por su impacto puedan provocar daños en el ambiente del cangrejal y sus dinámicas”, dice un documento elaborado por las vecinas que compartieron con la diaria.

Preservar la identidad socioambiental del lugar

“En ciertos espacios de toma de decisiones no está aceitado entender el impacto y el riesgo que tienen las intervenciones en territorios frágiles. No se trata sólo de proteger el cangrejal, sino todas las interacciones que se dan allí y el vínculo que tiene con el resto del territorio. Esta dimensión a veces queda perdida”, expresa Aldana Machaín, estudiante avanzada de la licenciatura de Gestión Ambiental del CURE, que hace más de cuatro años participa de proyectos de extensión universitaria en la cuenca del arroyo Solís Chico.

Aldana cuenta que los primeros días de junio tenían programada una celebración entre vecinos y vecinas. El objetivo era realizar una plantación de 100 ejemplares de árboles nativos en los canteros de la avenida principal del balneario. A cada árbol se le colocó un cartel con su nombre para que la comunidad aprenda a reconocerlos. “Dos semanas antes del evento nos enteramos del proyecto inmobiliario. De cierta forma, la existencia de algo que pudiera amenazar el cangrejal cambió la dinámica de las reuniones. En las jornadas tuvimos que mechar un intercambio respecto a lo que estaba pasando para ver de qué manera nos organizamos para responder”, indica.

Aldana menciona el conflicto existente por obras realizadas en la desembocadura y cómo se generó una subcomisión en la Comisión de Cuenca del arroyo Solís Chico para abordar el tema. “El padrón donde pretende instalarse el proyecto ha sido uno de los focos de conservación más grande y de los valores que siempre se venía trabajando como algo a proteger”, lamenta. Enseguida, añade que “es un territorio en conflicto porque se están teniendo muchas problemáticas asociadas a la densidad de ocupación que ya tienen los balnearios”.

Falta de participación en el cuidado

Daiana cuenta que en 2019 se realizó la primera edición del Festival del Cangrejo en Las Vegas. En imágenes de aquel momento documentadas por Canelones del Este se podían observar letreros que decían “protejamos nuestro humedal del arroyo Solís Chico”. Yamila dice que se han realizado tres ediciones “a pulmón”. También relata de los monitoreos participativos que realizaron junto con académicas del CURE, como Estela Delgado, integrante del Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integral, y de los senderos participativos que tienen pensado diseñar. A lo largo del recorrido por el lugar, muestran sitios donde se han talado árboles y se ha removido el tapiz vegetal. Por estos hechos, presentaron una denuncia al Ministerio de Ambiente.

“Exigimos que se detengan las intervenciones y se abran espacios de diálogo con la comunidad, donde se realicen comunicaciones del proyecto y se demuestre el cumplimiento de todas las normativas ambientales existentes. Solicitamos el involucramiento del Ministerio de Ambiente en este proceso, ya sea desde el abordaje de esta denuncia, la exigencia de la evaluación de impacto, su participación como contralor de la realización del Plan de la Microrregión Costa de Oro o desde su rol en la identificación de componentes vulnerables para extender la faja costera”, piden las vecinas en el comunicado. Este último punto hace referencia a la ley 19.772, donde se establece que “el Poder Ejecutivo o los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del ámbito regional [...] que refieran al espacio costero, podrán ampliar la delimitación del espacio costero, agregando áreas lindantes”.

Por otro lado, en la misiva, ponen sobre la mesa “la mala praxis de los órganos de la administración pública al no comunicar en tiempo y forma en los espacios de participación local dados para abordar los conflictos y proyectos asociados a la desembocadura del arroyo Solís Chico”. “El balneario Las Vegas tiene al día de hoy una acumulación importante de proyectos de restauración ambiental para la zona del cangrejal y borde del arroyo de escala comunitaria que han involucrado inversiones públicas y también privadas mediante las cuales se promociona la realización de proyectos de educación ambiental, ecoturismo y participación ciudadana en el cuidado de los espacios comunes”, suman.

Mientras llega al arroyo, Daiana explica que “un barrio privado en este lugar generaría más brecha social” y que “la seguridad, el vivir y estar tranquilos con la gurisada en la calle y disfrutar de los espacios tiene que ser para todos, no sólo para un sector de la sociedad”. La problemática en Las Vegas tiene diferentes aspectos que deben ser considerados: el cómo repercutiría de aprobarse la iniciativa en el ecosistema y los cangrejos, que son un signo para la comunidad; y también versa sobre la tendencia a la gentrificación verde y cómo los espacios naturales muchas veces se terminan convirtiendo en una mercancía. Sin ir más lejos, un conflicto similar tiene lugar en el balneario Guazuvirá, donde La Tahona busca llevar adelante otro proyecto inmobiliario. A su vez, un dato no menor consiste en que entre 2020 y 2023 los barrios privados en Canelones aumentaron al menos 73%.

La visión de las autoridades departamentales

Paola Florio, directora de Planificación Territorial de la Intendencia de Canelones, planteó a la diaria que ella tuvo el rol de “asesorar y ayudar” en el estudio de la iniciativa. Dijo que se trata de “un proyecto de propiedad horizontal” de “pocas viviendas” donde les parece “importante mantener lo que es el paisaje y lo que es la accesibilidad al borde la costa”. Consultada sobre si el Ministerio de Ambiente no debería haber participado de la evaluación, respondió que “no quedaba muy claro el límite de la necesidad de contar con Autorización Ambiental Previa”. Al respecto agregó que “no es una zona clara de que esté incluida dentro de lo que es la faja costera, no tiene la cantidad de metros cuadrados suficientes establecidos en la Ley de Impacto Ambiental. Pero bueno, quisimos dejar esa fase porque nos parecía de orden darle la última palabra al Ministerio de Ambiente en ese tema”. Sobre la respuesta de la cartera ambiental, apuntó que la intendencia los consultó, pero “nunca respondieron”. Sin embargo, acotó que “previo a presentar el permiso de construcción se les va a solicitar el sí o el no” a las autoridades nacionales, y recordó que La Tahona tiene la “viabilidad”, pero “no puede hacer nada todavía”.

Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, declaró a la diaria que “el cuidado del cangrejal es una prioridad” y que han generado “conocimientos, regulaciones y educación ambiental” en la zona. Recordando el convenio con el CURE, comentó que “lo primero fue actualizar el conocimiento y que el conocimiento estuviera disponible para la toma de decisiones de la intendencia”. “Hemos logrado avanzar con los actores locales en una experiencia, que es muy similar a la que estamos haciendo en otros lados, de generar senderos de interpretación donde, además del monitoreo y de las medidas de protección, lo que hacemos es generar un circuito de educación ambiental. Las escuelas están participando dentro de los programas de monitoreo de biodiversidad, hemos generando un procedimiento de respuesta cuando hay alguna extracción de cangrejos irregular [...]. En fin, todo un trabajo de cuidado”, dijo. Sobre el proyecto, manifestó que “el Ministerio de Ambiente tendrá que evaluar si, dado el vínculo del espacio con la zona costera, requiere autorización ambiental o no”.

Al ser consultada sobre las características y el estado actual del proyecto, María Eugenia González, directora General de Gestión Territorial de la Intendencia de Canelones, alegó que no correspondía dar “información de una gestión particular” por vía telefónica.