¿A quién no le interesa tener información sobre el agua que podría salir por sus canillas durante las próximas décadas? Hace dos años, la mitad de la población del país no sabía qué suponía el proyecto Neptuno-Arazatí ni mucho menos estaba al tanto de las discusiones que lo rodeaban. No existen encuestas que presenten datos recientes sobre el conocimiento que tiene la población acerca del megaemprendimiento. Pero, desde aquel momento hasta la actualidad, más personas comenzaron a alzar la voz.

Investigadores de diferentes disciplinas, autoridades gubernamentales, activistas, jueces, abogados, sindicatos, empresarios y hasta productores rurales han dado su visión sobre la iniciativa y cómo se ha manejado el proceso de toma de decisiones. Incluso se visibilizó que las temáticas socioambientales logran romper nichos político-partidarios cuando más de 19 ediles de San José pertenecientes al Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio se unieron para votar una medida cautelar que tiene como objetivo poder discutir con tranquilidad sobre las virtudes y defectos de la obra.

El proyecto Neptuno -después llamado Arazatí por las autoridades- fue presentado por las compañías privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que se unieron para crear el Consorcio Aguas de Montevideo. Busca construir una planta potabilizadora para abastecer a la población del área metropolitana, una nueva toma de agua bruta, una tubería abductora de más de 70 kilómetros que atraviesa en su trayecto al área protegida Humedales del Santa Lucía, una reserva de agua dulce y un monorelleno para almacenar los lodos que la misma planta generará. Tomará agua del estuario Río de la Plata en la zona de Arazatí -departamento de San José-. En este sitio, académicos han detectado grandes floraciones de cianobacterias y prevén que existan niveles de salinidad superiores al umbral de potabilidad a futuro. Su capacidad de producción será de 200.000 metros cúbicos de agua por día, cifra que no alcanza ni a la mitad del consumo diario del área metropolitana.

La iniciativa fue catalogada como “C” por el Ministerio de Ambiente, que abarca “aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Esto supone la realización de un estudio de impacto ambiental contratado por el consorcio de empresas. En este caso, la consultora CSI-Seinco lo llevó adelante. Durante su elaboración, la cartera realizó ocho solicitudes de información complementaria. Finalmente, fuentes del Ministerio de Ambiente dijeron a la diaria que el Informe Ambiental Resumen del proyecto Neptuno-Arazatí ingresó al período de puesta de manifiesto y que los 20 días de este régimen, establecidos en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, comienzan a contabilizarse a partir de este viernes. Durante este período, cualquier persona puede hacerles llegar a los jerarcas su visión mediante un formulario web. Es el paso previo a la audiencia pública y a la resolución ministerial donde se establece o no su aprobación.

Mientras los trámites administrativos en el Poder Ejecutivo continúan, sigue vigente la sentencia del juez en lo civil de noveno turno, Alejandro Recarey. El magistrado hizo lugar a la medida cautelar presentada por organizaciones socioambientales para que OSE no suscriba el contrato con las compañías privadas hasta que “no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”. Su fallo se sustenta en el testimonio de 11 científicos de la Universidad de la República, habla del agua como un bien que debe ser entendido en clave de “defensa nacional” y sobre que “puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable”. En agosto, las organizaciones presentaron una acción judicial contra el proyecto por entender que es inconstitucional y piden que se condene al Estado a abstenerse de firmar el contrato con las compañías. Su argumento se sustenta en el artículo 47 de la Constitución, donde se expresa que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Los argumentos empresariales: ¿la tecnología como respuesta?

En el Informe Ambiental Resumen (IAR) se detalla que el Consorcio Aguas de Montevideo se hará cargo del “financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento” de la planta de agua potable. Además, será “responsable de la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas”. Mencionan que “la operación de los demás componentes será por parte de OSE”. Estiman que las obras durarán 30 meses. En su fase de operación, generará 30 puestos de trabajo. El “horizonte del proyecto” es el año 2045. Expresan que la obra se justifica por la “necesidad de ampliación” del sistema de abastecimiento de agua potable metropolitano. El objetivo es reducir “la vulnerabilidad del sistema debido al hecho de disponer de una única fuente de agua bruta y una única planta de producción para el abastecimiento al 50% de toda la población servida del país”. El contenido del documento no tiene grandes cambios en comparación con los que presentaron en instancias anteriores.

Aún no se detalla por qué se seleccionó a Arazatí como sitio para instalar la toma y planta de agua. Esta es una de las principales críticas que realiza tanto la academia como integrantes de organizaciones socioambientales. Por ejemplo, una investigación -recientemente publicada en la revista arbitrada Estuarine, Coastal and Shelf Science- reportó que en esta zona del Río de la Plata las floraciones fitoplanctónicas se dieron en todos los meses de 2021. Luis Aubriot, Marcel Achkar y Bernardo Zabaleta, integrantes del equipo que la llevó adelante, alertaron en agosto de 2022 sobre la “inconveniencia” de instalar la planta potabilizadora allí porque “de continuar las tendencias identificadas” se podría desembocar en “un grave problema” sanitario y económico.

Cabe decir que, más adelante, el Ministerio de Ambiente y OSE se opusieron a que Achkar y Aubriot brinden su testimonio sobre el proyecto Neptuno-Arazatí ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por no considerarlos “imparciales”. Esto generó un fuerte rechazo desde la comunidad académica y motivó la defensa de los investigadores.

En el IAR, la consultora contratada por el consorcio de empresas resalta que “el sistema a construir será capaz de satisfacer los requerimientos de cantidad y los de calidad”. “La capacidad del Río de la Plata como fuente de agua bruta no sería una limitante en cuanto a aspectos de disponibilidad, aun ante eventos severos de déficit hídrico. En cuanto a la calidad del agua del Río de la Plata como fuente de abastecimiento de agua para potabilización, a partir del estudio de datos recopilados para la zona y específicamente medidos en Arazatí, se diseñó un proyecto capaz de satisfacer los requerimientos de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales”, dice. Agrega que incorporaron “una tecnología de tratamiento innovadora para la remoción de materia orgánica y control de metabolitos” que “se complementa con los procesos tradicionales de potabilización”. Relatan que “con ello se logra atender la calidad del agua potable ante posibilidad de ocurrencia de episodios de floraciones algales”. Cabe resaltar que el IAR no es la etapa donde se analizan los costos de estos procedimientos.

La consultora afirma que Arazatí fue “identificada como una zona de baja probabilidad de ocurrencia y duración de episodios de intrusión salina, considerando asimismo el análisis de la afectación por el fenómeno de cambio climático y variabilidad climática en la región”. Los datos tomados para el IAR se contradicen con un informe elaborado por el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que fue encargado por OSE. Por otra parte, pese a la “baja probabilidad” de episodios de intrusión salina, el proyecto propone construir una reserva de agua bruta para “garantizar el funcionamiento continuo de la planta ante eventos puntuales de salinidad de duración extensos”. La reserva es una presa, con un dique perimetral de 6.500 metros de longitud aproximadamente, al que está asociado un espejo de agua de 215,6 hectáreas, según consta en el documento. En un anexo del IAR, la consultora asegura que se respetarán “las condiciones de calidad” del agua en la reserva.

Impactos contabilizados y expropiaciones

El IAR tiene 136 páginas y se encuentra disponible en el Observatorio Ambiental Nacional. En un sector del informe, se explicitan los impactos ambientales negativos utilizando una metodología que consiste en analizar los distintos componentes del proyecto y las actividades implicadas en cada una de sus etapas. De esta manera, se pueden presentar en forma esquemática los efectos sobre el ambiente. Estos últimos son clasificados como: “impacto potencial negativo significativo que necesita una evaluación específica”; “impacto potencial negativo que puede ser eliminado o minimizado mediante la implementación de prácticas ambientales conocidas y que no demandan proyectos o estudios de ingeniería específicos”; e “impacto potencial no significativo”.

En el documento se determina la existencia de 64 impactos potenciales negativos que requieren evaluación específica. Por ejemplo, durante la etapa de construcción está previsto que la tubería atraviese el río Santa Lucía. Para hacerlo, buscan realizar un dragado y excavación del cuerpo hídrico. Describe que, junto con la “implantación de infraestructura auxiliar necesaria para las obras de tendido de las tuberías, [se] podrá ocasionar la afectación de la fauna acuática de la zona, producto del cambio de la calidad del agua, como de la afectación de la remoción directa del lecho, generando una pérdida de diversidad local, en un área protegida”. A su vez, indica que se podría generar la “eliminación de fauna bentónica y de márgenes” y la “migración o muerte de fauna debido a destrucción del hábitat o ahuyentamiento por cambios del entorno”. En algunos de estos casos, se ponen sobre la mesa medidas para mitigarlos.

Los impactos potenciales negativos que pueden ser eliminados o minimizados mediante la implementación de prácticas ambientales conocidas y que no demandan proyectos o estudios de ingeniería específicos son 49. Un ejemplo de esta categoría es que la “mala gestión” de los residuos durante la operación y existencia de la estación de bombeo de agua bruta, la planta de tratamiento de agua potable y la estación de bombeo intermedia “tiene el potencial de contaminar suelos y cuerpos de agua (superficial y subterráneos)”. Por otra parte, los impactos potenciales “no significativos” también son 49. Allí se incluyen cuestiones como el “cambio de paisajes y visuales por la implantación de los obradores y la presencia del personal”.

En otro apartado del IAR también se evalúan “eventos contingentes de mayor probabilidad de ocurrencia, que implicarían algún tipo de afectación o daño sobre un determinado factor ambiental”. Un ejemplo es el derrame de productos químicos durante la etapa de construcción y operación. También se contempla la rotura del dique de la reserva de agua bruta, generando “consecuencias sobre los usos del suelo aguas abajo”. Sin embargo, sobre este último caso, mencionan que si bien su “valor de significancia” es “alto”, la “probabilidad de ocurrencia” es “baja”.

Los pasos a seguir de las organizaciones sociales

María Selva Ortiz, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y activista en contra del proyecto Neptuno-Arazatí, dijo a la diaria que el Ministerio de Ambiente no está “respetando los derechos ambientales de la población a vivir en un ambiente sano y tener participación, no está cuidando nuestros ecosistemas ni salud”. “Es una cuenca sobre la que no tenemos ningún control porque la compartimos con cinco países”, aseveró. Enseguida, contó que pedirán una prórroga del período de manifiesto y que se está estudiando comenzar una recolección de firmas de los directamente afectados en San José. “Entendemos que la complejidad del proyecto y la falta de información que ha habido hace necesario más tiempo para que la población pueda opinar, tomar posición, hacer cuestionamientos. Se necesita más plazo para que se pueda discutir con conocimiento”, consideró.

Ortiz mostró preocupación porque durante el manifiesto de la Viabilidad Ambiental de Localización -un informe que se presenta al comienzo del trámite administrativo- su colectivo, junto con científicos de la Universidad de la República, pusieron sobre la mesa cuestionamientos y dudas “que siguen estando en el IAR”. “Volvemos a insistir con que las etapas de participación no son tenidas en cuenta por el Ministerio de Ambiente. Queremos que cumpla su función de defender el interés general y no estar en función de las empresas privadas”, finalizó. La participación en temáticas ambientales es un deber de todos y todas.