Desde comienzos de 2023, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados se encuentra trabajando en un proyecto de ley que busca proteger el campo natural, uno de los ecosistemas que se encuentran más amenazados en nuestro país debido a los cambios del uso del suelo, principalmente por la expansión de la soja y plantaciones forestales de pinos y eucaliptos. El proyecto a consideración fue elaborado por la Asociación de Ganaderos de Pastizal –entre sus filas se encuentra el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos Uriarte– y diputados del Frente Amplio y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente.
La discusión de la propuesta puso sobre la mesa que, así como hay negadores del cambio climático, en Uruguay hay negadores de la pérdida del pastizal reportada por la ciencia. Tan sólo un ejemplo es el pronunciamiento de la Asociación Rural del Uruguay, que se opone a la iniciativa parlamentaria porque afecta su “libertad de trabajo”.
En este marco, el Grupo de Trabajo Interdepartamental denominado Sistemas Sostenibles en Campo Natural –integrado por docentes de la Facultad de Agronomía, del Centro Universitario Regional Este (CURE) y del Centro Universitario Regional Litoral Norte (Cenur) de la Universidad de la República– emitió una declaración en la que manifiesta su “convencimiento acerca de la necesidad de contar con un marco legislativo que contribuya a la conservación del campo natural en Uruguay”.
En el documento esgrimen que el pastizal “representa la base forrajera para la producción ganadera” y que “provee otros servicios ecosistémicos fundamentales, como el mantenimiento de la biodiversidad (alberga el 80% de la riqueza florística del país y numerosos recursos genéticos), el secuestro de carbono (mitigando el aumento de los gases con efecto invernadero en la atmósfera y, consecuentemente, el cambio climático), el control de la erosión y la provisión de agua de calidad”. Los académicos explican que otro motivo para apoyar la iniciativa es el “proceso acelerado de pérdida del área ocupada por pastizales” y definen que “ha sufrido un descenso del 80% al 60% entre 1990 y 2011 y alcanza actualmente una superficie de algo más del 50% del territorio nacional”.
El grupo remarca la “necesidad urgente de implementar políticas públicas tendientes a revertir los procesos de pérdida o deterioro del campo natural, tales como la pérdida o reducción de especies vegetales y fauna asociada y la invasión de especies vegetales exóticas”. Asimismo, pone sobre la mesa la “escasa representación” del ecosistema en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y “la convivencia de priorizar áreas para determinados usos con el fin de garantizar la representatividad de las diferentes comunidades de pastizal en el territorio”.
También plantean que la posibilidad de avanzar hacia la certificación y etiquetado de la producción originada en el campo natural es otra de las razones por las que apoyan la iniciativa, señalando que el pastizal debe ser entendido desde “una concepción integrada de su valor ecológico, así como el reconocimiento de su contribución en la identidad y construcción de nuestra sociedad, incluyendo muchos aspectos de la historia, la cultura y las actividades económicas”.
El Grupo de Trabajo Interdepartamental Sistemas Sostenibles en Campo Natural sostieneen el texto que el proyecto de ley “permitirá apoyar a quienes ya valoran y realizan un uso racional de los pastizales a la vez que fomentará sistemas productivos sostenibles compatibles con los objetivos de conservación”. “Valorar, proteger y legislar sobre el campo natural no es resignar su producción económica. Existe suficiente evidencia científica nacional que permite asegurar que un buen manejo del recurso natural posibilita compatibilizar altos niveles de productividad sin comprometer los demás servicios ecosistémicos”, finaliza el grupo de científicos.