El 23 de enero, cuando restaban apenas unas semanas para que culminara el gobierno de Luis Lacalle Pou, OSE firmó un contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para llevar adelante el proyecto Neptuno/Arazatí. La iniciativa tenía como objetivo construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción -que pasaría por encima de cursos de agua y del área protegida Humedales del Santa Lucía, además de afectar predios productivos-, un monorrelleno para depositar lodos producidos por la planta y una especie de reserva de agua dulce, conocida como “pólder”. Esta última obra era fundamental porque Neptuno pretendía tomar agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, San José, para suministrar a más de la mitad de la población del país. Esta fuente es un estuario, por lo que tiene períodos de salinidad.

Durante el debate, la academia, organizaciones sociales, sindicatos e incluso el Frente Amplio pusieron sobre la mesa varios cuestionamientos, por ejemplo que la zona tenía recurrentes floraciones fitoplanctónicas que ponían en riesgo la calidad del agua y que la iniciativa era una “privatización” del suministro de agua potable, por lo que era contraria al artículo 47 de la Constitución.

Cinco meses atrás, las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo descartaron el proyecto Neptuno/Arazatí. Este jueves, tras varios meses de negociaciones con los privados, el gobierno anunció las nuevas condiciones del contrato. El presidente de OSE, Pablo Ferreri, detalló que las obras que se realizarán son: una nueva toma de agua bruta, una planta potabilizadora que podrá producir 200.000 metros cúbicos de agua, una subestación eléctrica y de tratamiento de lodos en Aguas Corrientes, así como una nueva línea de bombeo -la séptima-, la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo y la instalación de troncales y tuberías de distribución del recalque de unión. El jerarca acotó que la “inversión de capital será de un monto exacto de 212,6 millones de dólares”. En julio habían anunciado que entre las obras sustitutivas se incluiría una nueva planta potabilizadora sobre el arroyo Solís Chico. Finalmente, quedó fuera del contrato, pero se abrirá una nueva licitación pública para llevarla adelante.

En este contexto, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado. La organización recuerda que el Poder Ejecutivo reconoció que el contrato inicial “era inconstitucional -lo que invalidaba y hacía imposible cualquier negociación-”, sin embargo, “se procedió a elaborar un nuevo acuerdo”. Considera que con el “contrato renovado” se asigna “directamente” a los privados, “sin mediar licitación alguna, obras que no guardan relación con el propósito original del proyecto Neptuno, destinado para Arazatí”. Entiende que “esta decisión plantea serias inquietudes sobre su legalidad”.

A su vez, Movus resalta que existen “dudas sobre la necesidad real de ampliar la capacidad de potabilización en Aguas Corrientes en 200.000 metros cúbicos diarios, considerando que el sistema ya produce más del doble del agua necesaria en la actualidad”. La organización esgrime que “persisten problemas graves: dos tercios del agua potabilizada ni siquiera son facturados, sin que exista claridad sobre su destino”. Por otro lado, manifiesta que, durante la conferencia de prensa, “se omitió mencionar que el monto total a pagar por estas obras superará los 600 millones de dólares debido a un esquema de financiación privada altamente costoso e injustificable”.

“Las obras adjudicadas, cuyo plazo de ejecución se estima en casi tres años, lejos de garantizar el abastecimiento adecuado de agua para la zona metropolitana, comprometen los recursos financieros de OSE y el Estado. Esto limita la capacidad para emprender acciones realmente necesarias, como el mantenimiento adecuado y el control eficiente de las redes existentes. Estas medidas permitirían reducir la demanda sobre la cuenca, minimizar los costos asociados al proceso de potabilización, mitigar el impacto ambiental y optimizar la facturación anual de OSE en más de 60 millones de dólares, sin necesidad de aumentar las tarifas vigentes”, plantea Movus. Finaliza diciendo que no hay “nada para celebrar”.