Las empresas que aplican sísmica para las petroleras con el objetivo de conocer donde existen probabilidades de encontrar hidrocarburos y dónde conviene realizar pozos exploratorios continúan disputando nuestra plataforma marina. A fines de diciembre, el Ministerio de Ambiente puso en manifiesto −período en el que la ciudadanía puede enviar comentarios a las autoridades− el proyecto presentado por la compañía PGS Exploration, que busca aplicar sísmica durante 428 días en un área de 44.182 kilómetros cuadrados.

El jueves 13 de febrero a las 18.00 tendrá lugar la audiencia pública en la Cámara Mercantil de Productos del País, Montevideo. En esta instancia, que es el paso previo a la elaboración de un informe por parte de los técnicos de la cartera, para luego emitir una resolución ministerial, la población puede informarse, hacer preguntas y brindar sus percepciones sobre la iniciativa.

Mientras tanto, en el Observatorio Ambiental Nacional, también se encuentra en período de manifiesto otro proyecto para aplicar sísmica en un área incluso más grande, de 51.000 kilómetros cuadrados y por 1.037 días, presentado por CGG Services. Esta última compañía había minimizado los impactos de la actividad que pretende llevar adelante en el ecosistema y fueron advertidos por el Ministerio de Ambiente, que le brindó una serie de puntualizaciones que debieron tener en cuenta para realizar el Estudio de Impacto Ambiental. Este proyecto también deberá ser tratado en una audiencia pública, que aún no tiene fecha estipulada.

Hace unos meses, la diaria dio a conocer un informe elaborado por técnicos de la cartera en el que se enfatiza que las compañías, al buscar hidrocarburos y aplicar sísmica en los mismos bloques, generarán “impactos ambientales negativos acumulativos”. Los proyectos mencionados anteriormente se superponen en gran parte del área que pretenden explorar. En su momento, fuentes del Ministerio de Ambiente manifestaron que iban a buscar evitar la superposición de campañas. Hasta el momento, los proyectos de sísmica han recibido la categoría “c”, que incluye “aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. A su vez, un punto no menor es que varios sitios donde se piensa llevar adelante la sísmica iban a ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) por su alta diversidad. Hasta el momento, no ha habido novedades sobre este tema, que había sido fuertemente promovido por el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Por otro lado, las iniciativas también coinciden con áreas claves para los recursos pesqueros como, por ejemplo, la merluza y el cangrejo rojo. En este sentido, la diaria conversó con Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, y con Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay. Las declaraciones funcionan como adelanto de los conflictos que tendrán lugar en el caso de aprobarse la actividad sísmica en nuestra plataforma marina, que trascienden lo ambiental e involucran el choque de intereses entre actividades −que pueden llegar a costarle nuevos juicios al Estado− e impactos a pescadores artesanales y su oficio.

Defender el oficio de pescador

Alexis Pintos es el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Al preguntarle su postura sobre las exploraciones de hidrocarburos, se retrotrae al pasado: “Tenemos una experiencia previa, del año 2012, con efectos negativos para el sector pesquero. Los disparos de aire de los barcos provocan la desaparición de especies como la merluza, la pescadilla de calada y la corvina, de su camino natural. Esto resultó en una disminución de las capturas, que en aquel momento planteamos fue de cerca del 45%. Impacta directamente en el salario de la gente, obviamente en la cantidad de trabajo generado, en los jornales. Ahora se están planteando prospecciones sísmicas en un período de tiempo mucho más largo que en aquel momento”, subrayó. Pintos agregó que “no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de lo que puede llegar a pasar”, y añadió que les “llevó casi cuatro años volver a los niveles de captura previos a las prospecciones sísmicas”.

“Viajes más largos, menos capturas, especies en zonas que no son propias. Los efectos de esas bombas de sonido no son tan bajos como dicen. Hemos tenido alguna conversación con estas empresas, que lo que hacen es llevar un protocolo de información a los gremios más representativos. En realidad, no tenés incidencia alguna, no te están preguntando nada, te están diciendo lo que van a hacer, es un simple protocolo. Vos tenes que estar sentado ahí, viendo dónde van a estar. Ellos justifican que no va a haber impacto, que avanza la tecnología. A nosotros nos parece un poco difícil, porque no somos tontos y la información también está globalizada. Sabemos que en otras partes del mundo esto no ha sido así”, expresó el líder sindical. Acotó que, hasta el momento, se reunieron con la petrolera Apache (que ahora se reestructuró como APA Corporation y cuenta con permiso para explorar dos bloques de nuestra plataforma marina), y también con una de las empresas que realiza la sísmica a las compañías petroleras.

Pintos manifestó que las empresas están hablando de “subsidios” y “están previniendo todo esto”. “Son megaindustrias que tienen mucho dinero. Nosotros somos chiquitos, pero les dijimos bien claro que si esto afectaba, como en todos lados, iban a encontrar una resistencia en los sindicatos de la pesca”, señaló, aunque aclaró que “no es que estemos en desacuerdo de que se busquen nuevas fuentes de combustible, sino en cómo va a afectar directamente los recursos este tipo de actividad”.

Por otro lado, enfatizó que en el sector pesquero y en la gestión de “los mares uruguayos” se toman decisiones “sin consultarle a los que realmente vivimos de esto, que somos los trabajadores, los que estamos continuamente en el mar, los que peleamos la soberanía alimentaria del país y los que muchas veces controlamos la frontera”.

“Estando nuestra presencia, ya no hay tanta piratería. Como siempre, no se consulta, y lo que ahora se nos está dando es simplemente información como para llenar un protocolo que hay que llenar. Nada más. Siempre estamos dispuestos a dar el debate de cómo cuidar los recursos y qué pesca queremos. Es más, es lo que venimos buscando hace mucho tiempo. Nosotros no estamos buscando nada económico ni nada, estamos realmente preocupados por cómo puede afectar esto al recurso. De esto viven un montón de familias, no solamente los mil puestos que están en los barcos industriales. Tenemos más de 8.000 o 9.000 personas que trabajan en barcas artesanales a lo largo y ancho del país”, expresó. También mencionó que “capaz que otros actores piensan en subsidio, en dinero o algo”. Sin embargo, al sindicato le interesa “defender el recurso, que obviamente es nuestro trabajo, pero más allá de que ganamos plata con esto, también es una forma de vivir, una profesión, un oficio que queremos y obviamente no queremos que desaparezca”.

“Un golpe de gracia para el sector”

Juan Riva Zucchelli es el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay. El conglomerado de empresarios del sector pesquero se encuentra en juicio desde hace varios años contra Ancap y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) por los daños que manifiestan haber sufrido durante las prospecciones que tuvieron lugar hace más de una década.

“Ese juicio hasta el día de hoy está sin resolver”, contó Riva y recordó que luego de la sísmica tuvieron “una pérdida en las capturas que evaluamos en el orden del 42%”, logrando recuperar los niveles “después de cuatro años”. “Nos afectó en dos aspectos, uno es la merma en las capturas y otro es la merma en los tamaños de esas capturas. En general, no siempre, los tamaños más grandes de peces son los que tienen mayor valor y eso distorsionó no sólo la cantidad de pescados, sino los tamaños”, agregó. Al consultarle si en la acción judicial también se demandó a las petroleras, respondido que “el juicio es contra Ancap y el Ministerio de Industria. Lo que hizo Ancap fue replicar esto con las petroleras, porque en definitiva los que estaban haciendo el trabajo eran las petroleras”.

El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera señaló que “para la pesca, las prospecciones son letales”. “Nuestra posición es que si no se hacen, es lo mejor que le puede pasar al país. Más allá de que entendemos que capaz sería muy bueno que se encontrara petróleo y gas, no lo sería si es a costa de dañar algo que ya existe y es muy importante para el Uruguay y el mundo, porque nosotros exportamos la mayor parte de la producción”, dijo. Puso sobre la mesa que, “si no se toman los recaudos correspondientes, esto puede ser letal para la pesca, realmente puede ser un golpe de gracia para el sector”.

“Lo que hablamos con las autoridades en su momento es buscar alguna forma, algún protocolo, para que las prospecciones se hicieran con un daño mínimo, porque somos conscientes de que es muy difícil parar esto. Esto es una decisión política, entonces hay que hacer algún protocolo dada la situación, la forma, la época, el lugar y otra cantidad de condicionantes y, en función de eso, tener algún tipo de compensación para el sector pesquero. Eso fue un poco lo que se planteó como idea, fue de recibo por la gente de Ancap, por el expresidente [Alejandro Stipanicic], que renunció, pero no así por el ministro. Ancap depende del Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria se opuso a cualquier tipo de arreglo”, expresó. Stipanicic renunció por tener una “posición diferente” en visiones de mediano y largo plazo en la estrategia de la empresa estatal. Riva subrayó que no buscan “jorobar”, sino que las prospecciones se realicen “tratando de perjudicar lo menos posible”.

Asimismo, el empresario puso sobre la mesa que sitios donde pretenden aplicar sísmica “están vedados todo el año” para el sector. “Es absurdo, nosotros no podemos pescar en todo el año y ellos pueden hacer las prospecciones en ese lugar. Es patética la falta de criterio”, calificó. Por otro lado, hizo hincapié en que el Ministerio de Ambiente “tiene la llave de todo esto”, porque sin autorización ambiental las petroleras no pueden llevar adelante la actividad. También mencionó que participaron en la puesta de manifiesto, junto con “mucha gente que opinó sobre el tema”.

“Había plazo hasta el 20 y pico de enero para participar. Curiosamente, antes de que se venciera ese plazo, fijaron la audiencia pública. ¿Cómo van a hacer las autoridades del Ministerio para evaluar todo lo que hemos presentado en 15 días? Según tengo entendido, es mucha información. Para mí va a ser un show que hay que cumplir y no sé si va a servir para mucho. Es la opinión que tenemos, es muy pronto todo esto y creo que las autoridades quieren definirlo antes de cambiar de gobierno. Creo que este gobierno lo que quiere hacer es firmar esto antes de irse. Para mí hacer las cosas así, en forma rápida y a contrarreloj, nunca es buena cosa”, sentenció el empresario.