El nuevo informe anual de Amnistía Internacional fue titulado con una pregunta que nos obliga a pensar varias problemáticas vinculadas a los derechos humanos en nuestro país, entre ellos, los derechos vinculados a un ambiente sano. En este sentido, la organización, que en 2025 cumple 40 años en nuestro país, cuestiona: ¿Está Uruguay llegando a un punto de no retorno?.
El documento hace hincapié únicamente en dos problemáticas vinculadas a nuestros bienes comunes —el proyecto Neptuno en Arazatí del Consorcio Aguas de Montevideo y el data center de Google que se instalará en Canelones—, pero también pone sobre la mesa exigencias generales dirigidas a las autoridades. Sin ir más lejos, solicita que el gobierno tome “las medidas necesarias para garantizar el acceso a un ambiente saludable ante la instalación de proyectos y emprendimientos multinacionales, exigiendo que los contratos que el Estado firme con estas empresas no sean designados como reservados ni confidenciales, garantizando un acceso transparente y pleno a la información sobre sus condiciones”.
En la misma línea, pide “garantizar el acceso a la información y la transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental, así como revisar los mecanismos de secreto comercial y confidencial de contratos, haciendo públicos los beneficios fiscales y la inversión estatal que conllevan los proyectos”. Amnistía Internacional también ve necesario “garantizar ámbitos de participación ciudadana efectiva”, así como “promover nuevos mecanismos” y “robustecer la legislación en materia de impacto ambiental y maximizar su función de contralor”. Otro punto crucial que exige consiste en “abordar seriamente los problemas de calidad y acceso al agua, con el foco de consolidar un sistema seguro de abastecimiento de agua potable no contaminada, que tenga capacidad de cumplir con una demanda creciente”.
La organización aclara que, al momento de cierre del informe anual, continuaba la discusión en torno al proyecto Neptuno-Arazatí, iniciativa promovida por las compañías Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast (reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo), que pretende crear una nueva planta potabilizadora que suministre agua del Río de la Plata a la zona metropolitana. El 23 de enero, cuando faltaban días para que culmine el gobierno de Luis Lacalle Pou, las autoridades firmaron el contrato con los privados para llevar adelante el emprendimiento. Tras el cambio de banda presidencial, los nuevos tomadores de decisiones decidieron suspender la ejecución del contrato por 90 días.
En este contexto, Amnistía Internacional sostiene que “el proceso en torno a Neptuno ha sido señalado por varias organizaciones de la sociedad civil como poco transparente, con ausencia de participación y con serias dificultades para el acceso a la información por parte de la población. El Estado apeló al secreto comercial y negó el acceso a la información en varias ocasiones. Tanto la sociedad civil organizada como la academia especializada y algunos actores políticos sostienen la inconveniencia de este proyecto y han interpuesto múltiples recursos administrativos. Además, se han identificado graves problemas técnicos”.
La organización cita que durante la puesta de manifiesto las autoridades recibieron 558 comentarios y 36 documentos técnicos que “documentan que Arazatí no es un buen lugar de captación de agua con fines de potabilización, por sus altos niveles de salinidad y de floraciones de cianobacterias, cianotoxinas y plaguicidas, entre otros contaminantes”. Afirman que continuarán “monitoreando esta situación, procurando que las nuevas autoridades gubernamentales garanticen la transparencia en lo que a la instalación de proyectos con impacto ambiental y social se refiere, evitando la opacidad del Estado uruguayo al recibir inversiones de gran escala”.
Data center de Google y el acceso a la información pública
Amnistía Internacional afirma que “el derecho al acceso a la información pública ha enfrentado diversos obstáculos desde 2021” y resalta que “las limitaciones a este derecho tienen un fuerte impacto en la transparencia de los actos del Estado”. Incluso en el informe se subraya que para la propia organización “ha sido complejo acceder a información pública de calidad y actualizada para su trabajo de monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”.
Describe: “Si bien los canales mediante los cuales se realizan las solicitudes de acceso a la información pública suelen funcionar en la mayor parte de los organismos públicos, la calidad de las respuestas y de la información brindada no es óptima. En ocasiones no se brinda la respuesta solicitada, o bien se agregan datos que no están desagregados y se presentan en cifras globales. Esto no permite poder analizar y evaluar efectivamente las políticas públicas implementadas que garantizan ejercicios de derechos humanos. Además, los organismos han determinado como confidencial o reservada información que debe ser pública debido al alto interés que tiene. Un ejemplo de esto es el caso de la información vinculada al data center de una multinacional que ya inició su proceso de instalación en el país”. El informe se refiere al data center que Google instalará en el Parque de las Ciencias, en Canelones. En 2024, luego de varios años de negociaciones, el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental a la compañía. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias.
En un principio, la multinacional buscó utilizar 7.600.000 litros de agua potable por día. Sin embargo, para conocer el volumen que pretendía utilizar la multinacional, un investigador de la Universidad de la República tuvo que recurrir al Poder Judicial porque las autoridades se ampararon en que consistían en un “secreto industrial y comercial del titular del proyecto” para no brindar la información. Luego de peripecias, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de que la ciudadanía esté informada. Más tarde, a partir de intercambios entre Google y las autoridades, la empresa modificó su sistema de enfriamiento por uno de circuitos de agua cerrados que utiliza una menor cantidad de agua. Sin embargo, organizaciones manifestaron que la iniciativa consumirá una elevada cantidad de energía, equivalente a la de 202.898 hogares con tarifa residencial simple.
Sobre el data center, la organización indica que su instalación “generó preocupación por su impacto en los derechos humanos y el medioambiente, así como por las posibles exenciones fiscales que recibirá la empresa”. “A efectos de poder recabar información de calidad sobre esta instalación, Amnistía Internacional realizó una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente sobre las ventajas fiscales que recibirá la empresa, pero al cierre de este informe no se había recibido respuesta satisfactoria sobre este tema”, señala. Sin referirse al caso particular, en líneas generales, Amnistía Internacional expresa que “dotar de opacidad al Estado es un claro ejemplo de retroceso y debilitamiento del sistema de garantías de derechos en el país”. “Uruguay debe mantener los más altos estándares en lo que a transparencia y acceso a la información pública se refiere, teniendo en cuenta que el acceso a la información pública es un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos. Cuanto más informada esté una sociedad, más capacidad de monitoreo sobre el cumplimiento de sus derechos tendrá”, manifiesta.