El 30 de abril comenzó a funcionar la mesa de negociación conformada por integrantes del gobierno de Yamandú Orsi y el Consorcio Aguas de Montevideo, que reúne a las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Fue el primer encuentro luego de que ambas partes establecieran la suspensión de la ejecución del contrato del proyecto Neptuno-Arazatí por 90 días. Al anunciar esta última medida, Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, manifestó que la iniciativa que pretende construir una planta potabilizadora abasteciéndose del Río de la Plata “no resuelve el problema de fondo” y que para el gobierno están sobre la mesa “todos los escenarios”: que Neptuno “continúe con cambios”, que “no continúe” o que “se realicen otras obras”. Si bien algunas autoridades han dado pistas, poco ha trascendido de los debates que tienen lugar a la interna del gobierno y las negociaciones.
En este contexto, la diaria accedió a un informe elaborado por la Gerencia de Agua Potable de OSE. Está firmado por Margarita Pintos y Alejandro Iriburo, gerenta y subgerente de Agua Potable de la compañía estatal; Gabriela Cruz, jefa de Estudios y Proyectos de Agua, y los técnicos de la misma repartición, Claudia Bessouat, Daniel Bellón, Laura Rovira, Nicolás Cunha, Pía Aschieri y Natalia Catarino. Todos son ingenieros o ingenieras civiles con orientación hidráulico sanitaria o hidráulico ambiental y estuvieron presentes en la gestión anterior.
En el documento, los firmantes declaran que “las mejores prácticas para el tratamiento de agua potable se basan en el concepto de ‘barreras múltiples’”, respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Este método implica la “necesidad de seleccionar y operar cada etapa del tratamiento de la mejor forma posible, independientemente de las etapas posteriores”. Detallan entonces que la selección y operación de la fuente de agua bruta constituye la primera barrera y, por esta razón, “no sería admisible justificar la mala selección de la fuente (o punto de toma) con la incorporación de elementos compensatorios cuando se trata de un proyecto nuevo”.
En este contexto, dicen que el “impulso” y “desarrollo” del proyecto Neptuno-Arazatí se hizo “sin contar con suficientes datos (cantidad, calidad e históricos) que permitieran evaluar las características de la fuente y consecuentemente el mejor lugar para ubicar la toma”. El informe, fechado el 1 de abril de 2025, tiene 12 páginas y un apartado de conclusiones donde sintetiza la posición de los técnicos. Este último fragmento del documento comienza con una cita de la ley orgánica de OSE, que dice que “la prestación del servicio de obras sanitarias y los cometidos del organismo” deberán hacerse anteponiendo “las razones de orden social a las de orden económico”. De esta forma, subrayan que “el diseño del sistema y el esquema de contratación propuesto [en el proyecto Neptuno-Arazatí] no están orientados a tener la mejor calidad del servicio”.
¿Cantidad sobre calidad?
En el informe, los ingenieros de OSE recuerdan que el Consorcio Aguas de Montevideo presentó al Poder Ejecutivo el proyecto Neptuno en octubre de 2020. El objetivo era “garantizar un suministro de agua potable sustentable en el tiempo para el área metropolitana, eliminando los riesgos de interrupción ante la ocurrencia de escenarios de sequía severa”. Es decir, brindar una solución al “déficit cuantitativo” de agua potable. Asimismo, en su fase primaria, apostaba por “mejorar la calidad del agua potable suministrada a través de un tratamiento en el proceso de potabilización”; esta fue definida como una solución al “déficit cualitativo”. Por resolución, dicen los técnicos, el directorio de OSE “acepta parcialmente la iniciativa y se inicia el estudio de factibilidad”. Al respecto, señalan que el directorio del ente “acepta únicamente la denominada ‘solución al déficit cuantitativo’ del sistema metropolitano al año 2045, desestimando la ‘mejora del déficit cualitativo’ y el componente ambiental del tratamiento de lodos”.
Más adelante, la administración llamó a licitación la iniciativa, estableciendo que el ganador debía poner a disposición la infraestructura que permita a OSE llevar adelante varias actividades, entre ellas, “producir 200.000 metros cúbicos diarios netos de agua potable, a partir del agua bruta puesta por el contratista a disposición de OSE, captada desde el Río de la Plata en la zona del Puerto Arazatí, departamento de San José”. Un pequeño adelanto de las conclusiones de los técnicos de OSE: afirman que “no es factible” producir este volumen con “las obras propuestas”. El 23 de enero de 2025, cuando faltaban días para el cambio de mando, el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó el contrato con las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast. En paralelo, “se rubricó un memorando de entendimiento con alternativas para la producción de agua bruta”.
Las consecuencias de haber elegido Arazatí: fuera de servicio una vez cada cuatro años
“La salinidad en el agua bruta es el parámetro determinante para el funcionamiento de la nueva planta, ya que la misma no tiene capacidad de desalinizar. En consecuencia, cuando la salinidad de la fuente supera los valores máximos permitidos por la norma [...] la planta no es capaz de reducirla”, explican los ingenieros. Consideran que “para estimar la frecuencia y duración de períodos de salinidad inadmisible se utilizaron modelaciones en base a datos que eran insuficientes”. A su vez, recuerdan que la iniciativa también propone la construcción de una reserva de agua bruta —conocida como pólder— con capacidad de almacenamiento para 71 días que debe ser llenada “por bombeo desde el Río de la Plata mientras la salinidad fuera admisible”. “Ya en este punto resulta cuestionable la conveniencia del sitio propuesto, dado que si el respaldo para 1/3 del abastecimiento se conforma con una reserva a recargarse por bombeo desde el Río de la Plata, bien valdría analizar otros puntos o fuentes”, indican. A su vez, definen que “desde el momento en que se requiere una reserva de agua bruta, ya no se puede hablar de fuente infinita”. Esta última frase fue utilizada por varios gobernantes durante la discusión del proyecto.
Los técnicos de OSE manifiestan que “las mediciones continuas de los últimos tres años detectaron un evento de salinidad inadmisible de 89 días corridos, con lo cual la reserva propuesta no habría alcanzado”. También evidencian que “la variabilidad climática y el cambio climático hacen que las proyecciones habituales de eventos extremos queden subestimadas en intensidad y frecuencia”. Por otro lado, expresan que se realizaron dos trabajos académicos importantes que refieren a la salinidad en el punto de toma propuesto por el Consorcio Aguas de Montevideo.
¿Qué descubrieron las investigaciones? En el informe sostienen que “ambos estudios arrojan resultados similares en cuanto a que en el período entre 2002 y 2023 podría haber habido cinco eventos con más de tres meses de salinidad inadmisible para potabilizar mediante tratamiento convencional. Esto significa que, en promedio, la nueva planta, aún con una reserva de agua bruta de 15 hectómetros cúbicos, podría haber quedado fuera de servicio una vez cada cuatro años. El estudio muestra además que la frecuencia aumenta hacia el final del período”. Respecto al problema de salinidad del agua bruta, también citan el Informe Técnico de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente donde dice que “en aplicación de un enfoque precautorio se interpreta que el titular ha sido muy optimista en cuanto a la valoración del riesgo que tiene el proyecto de no poder cumplir con el objetivo de provisión de 200.000 metros cúbicos por día de agua potable por cuestiones asociadas a la salinidad en la zona de la toma prevista”.
Bromuros: un compuesto que no fue protagonista
Los ingenieros relatan que la presencia de bromuro “no suele ser de interés para OSE, por haber contado siempre con fuentes de agua dulce donde su presencia es irrelevante”, pero en el caso de Neptuno-Arazatí sí se vuelve un tema de “interés”. Expresan que “la presencia del ion bromuro, aún en concentraciones menores, puede ser un inconveniente por los compuestos que pueden generarse en el proceso de potabilización”. “Para el tipo de tratamiento de potabilización que se propone, la presencia de bromuros puede generar subproductos en dos de las etapas del tratamiento: la interozonización (formación de bromatos) y la desinfección con cloro (formación de subproductos bromados, como los trihalometanos)”, remarcan. Y continúan: “La interozonización (que se plantea en la nueva planta) es una herramienta muy potente y útil para el tratamiento de diversos microcontaminantes, pero no es recomendada en presencia de ciertos niveles de bromuros. El bromato no se encuentra normalmente en el agua potable, pero se transforma por la combinación del ozono y bromuro. El bromato está clasificado como posiblemente cancerígeno para humanos. Los bromatos son muy difíciles de eliminar una vez formados y su concentración en el agua potable está limitada por la norma a 10 µg/l”.
Los técnicos de OSE resaltan que la importancia del bromuro en el agua bruta es tal que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental lo recoge en su informe técnico “imponiendo restricciones en la toma del agua bruta del Río de la Plata”, que “no se podrá utilizar con más de 125 mg/l de cloruros”. “Cabe comentar que, a la hora de establecer estos límites, los técnicos de dicho organismo se basaron en bibliografía para aplicación de ozono en la desinfección y no para interozonización (ozono previo a los filtros), que es lo propuesto en este proyecto y para lo cual los límites serían más estrictos”, insisten.
El informe continúa haciendo un llamado a no minimizar el problema y pone sobre la mesa aspectos vinculados a las responsabilidades. “Las dificultades ocasionadas por la presencia de bromuros no fueron identificadas por el proponente en el estudio de factibilidad. El tema surge en etapas avanzadas del desarrollo de la propuesta, siendo de los expertos de OSE la iniciativa de comenzar con la determinación de bromuros en el agua de Arazatí a mediados de 2023 [...]. Las dificultades en el tratamiento asociadas a la presencia de bromuros debieron haber sido recogidas en un cambio de tecnología de tratamiento a los efectos de no trasladar a la operación, que deberá realizar OSE, los riesgos antes descritos. Dadas las condiciones del contrato, será responsabilidad de OSE el eventual no cumplimiento del valor máximo permitido de este parámetro. Tal como está planteado el proyecto, no se puede descartar que los bromuros del agua bruta sean más restrictivos aún que la salinidad”, concluyen.
Un contrato que no busca la mejor calidad de agua potable para la población
Bajo el apartado Dificultades derivadas del formato contractual, los técnicos de OSE recuerdan algunos puntos conflictivos del compromiso firmado entre el Estado y los empresarios. Establece que “el servicio de puesta a disposición de infraestructura comprende que el contratista [Consorcio Aguas de Montevideo] se haga cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la misma durante este contrato”. En cambio, “será por cuenta del contratante [OSE] la operación de la planta de tratamiento de agua potable, la estación de bombeo de agua tratada, la planta de tratamiento de lodos de potabilización, la estación de bombeo intermedia de agua tratada, las tuberías de aducción para la conducción del agua potabilizada hasta el sistema metropolitano y los servicios de ruta”. Por otra parte, las empresas privadas gestionarán “la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas”, así como también del mantenimiento de la totalidad de la infraestructura que compone al proyecto Neptuno-Arazatí.
Los técnicos apuntan que OSE será responsable por el “conjunto de actividades” que le permitan “producir una capacidad neta de 200.000 metros cúbicos por día de agua potable y su aducción al sistema metropolitano”. Por otro lado, la empresa estatal “asumirá el riesgo del costo de repuestos o equipos requeridos para la corrección de las fallas”. Y, finalmente, describen que el Consorcio Aguas de Montevideo deberá elaborar un “Manual de Operación, el cual OSE deberá seguir en su operativa”. Indican que este último aún no fue presentado y constituye el “documento central del contrato” porque brindará claridad sobre los “posibles conflictos” que puedan surgir “durante la operación de la infraestructura”.
En el informe se identifican varios inconvenientes del contrato. “No está alineado con obtener la mejor calidad de agua, pues desconoce que el manejo del agua bruta y del agua tratada en su camino desde la planta hacia su punto de entrega forma parte del tratamiento del agua”, señalan. Observan que el Consorcio Aguas de Montevideo “no asumirá los riesgos de operación de los principales elementos del sistema”, agregan que “las instalaciones licitadas no partieron de un diseño avalado por expertos de OSE” y que, por lo tanto, “resulta muy complejo evitar que se priorice el abaratamiento de la obra frente a la optimización de la operación”. Por si fuera poco, informan que, a través del Manual de Operación, “existirá un condicionamiento por parte de un privado en las definiciones a tomar por OSE en materia de potabilización”.
En el informe, los técnicos de la empresa estatal especializados en agua potable consideran que “la operación de las instalaciones a cargo de OSE resultaría sumamente compleja, ya que ante un desperfecto o falla, o más grave aún, un problema de calidad de agua que puede estar involucrado hasta el diseño de las instalaciones, será muy difícil dilucidar responsabilidades y se podrían generar conflictos frecuentes”.
Las claves del informe
Los técnicos y técnicas de OSE detallaron en un último apartado los puntos claves del informe respecto a los problemas que presenta el proyecto Neptuno-Arazatí.
La ocurrencia de eventos de salinidad en el punto de toma de agua seleccionado por el Consorcio Aguas de Montevideo resulta ser de una “frecuencia excesivamente alta para el tipo de proyecto propuesto”.
No se puede descartar que los bromuros del agua bruta sean “más restrictivos aún que la salinidad”.
Incluso “en los momentos en que la planta funcione”, el proyecto planteado posee “una cantidad de condicionantes y limitaciones que sumadas complejizarán y encarecerán la operación que deberá realizar OSE”.
La operación de las instalaciones a cargo de OSE, en los términos del contrato firmado, “resultaría sumamente compleja, ya que ante un desperfecto o falla, o más grave aún un problema de calidad de agua que pueda estar involucrado hasta el diseño de las instalaciones, será muy difícil dilucidar responsabilidades y se podrían generar conflictos frecuentes”.
La integración de 200.000 metros cúbicos por día al sistema metropolitano “no es factible” con las obras propuestas en el marco del proyecto.
La nueva planta estará ubicada a 80 kilómetros de Montevideo, que equivale “al doble que la distancia desde Aguas Corrientes”. La “gran distancia desde la planta al sitio de abastecimiento aumenta la edad del agua, lo que se traduce en un deterioro de su calidad”. La edad del agua producida “no fue debidamente considerada como un potencial problema de calidad” a la hora de analizar la ubicación de la planta y tampoco al momento de “diseñar la conducción de agua tratada”.
El grupo técnico especializado en agua potable dice que “si se tomara como premisa la utilización del Río de la Plata como fuente de agua para potabilizar, las opciones a evaluar deberían ser alejar la toma decenas de kilómetros hacia el oeste de Arazatí o desalinizar en las cercanías de Montevideo, lo cual resultaría más robusto”. “Independientemente de la concreción de este proyecto y apuntando al futuro, OSE debería encarar un plan de monitoreo de potenciales sitios de toma. Es importante caracterizar las fuentes actuales y potenciales, de modo de contar con herramientas predictivas sólidas, cruciales para la toma de decisiones”.